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4 Opinión MIÉRCOLES 16 2 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO LA LEYENDA DE LA VÍA CATALANA L estatuto catalán ha sido protagonista secundario del debate sobre el plan Ibarretxe, con un papel consistente en servir de modelo de procedimiento para una reforma consensuada y afear la conducta de los nacionalistas vascos. La apelación a la vía catalana se ha convertido de esta manera en una referencia abstracta que implicaría una síntesis de buenas maneras, talante negociador y vocación de consenso. Se trataría, en suma, de mostrarle a Ibarretxe el camino de una reforma estatutaria avalada por el Gobierno de la nación y que se convertiría, de hecho, en la alternativa al desafío del nacionalismo vasco. En todo caso, el prestigio de esta vía catalana le viene dado más por las fotos de familia que se hacen los grupos políticos catalanes y la insistencia de Zapatero en compararla con el plan Ibarretxe que por unos resultados concretos que aún no se han producido. Es comprensible que empiece a cultivarse una cierta leyenda sobre la vía catalana quizá muy útil para la imagen del Gobierno central, en la medida en que encubre el discurso extremista de su principal socio parlamentario, Esquerra Republicana de Cataluña, y lo diluye en el ambiente del buen talante, para cuya prueba se utiliza con fruición la participación del PP catalán en la mesa negociadora. Sin embargo, el espejo podría estar rompiéndose, y con él la pureza del ejemplo catalán, pues el debate estatutario no discurre con la suavidad que se predica. Tras las colisiones por las selecciones deportivas, la Agencia Tributaria o la unidad lingüística- -antecedentes poco compatibles con una visión tan entusiasta de la vía catalana el Gobierno central da muestras de criterios inconexos sobre los límites de la reforma estatutaria. Por un lado, lanza a Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, a quemar- SACYR SE RETIRA L Consejo de Administración de Sacyr ha comunicado a la CNMV que ha decidido vender las opciones de compra que tenía sobre el 3,1 por ciento del capital del BBVA. Desiste así de su intento hostil de entrar en el Consejo del banco y pone fin a una de las aventuras corporativas más extrañas del reciente capitalismo español. Era un secreto a voces que la constructora no había encontrado el respaldo suficiente en el mundo financiero para sacar adelante su proyecto de toma de control del segundo banco español. Analistas e inversores, nacionales e internacionales, han subrayado que la operación planteaba demasiados interrogantes desde una óptica estrictamente empresarial. No tenía mucho sentido que una compañía constructora fuertemente endeudada comprara un banco diez veces mayor. Hasta aquí todo normal; aunque sería símbolo de madurez de nuestro sistema de gobierno empresarial que los fracasos tuvieran consecuencias corporativas. Pero hay más. Cunde la sospecha de que el Gobierno ha intentado saldar viejas deudas con los actuales administradores del banco. Ha habido, cuanto menos, reuniones imprudentes y declaraciones desafortunadas. Ha habido intensas e insensatas presiones sobre la CNMV desde medios de comunicación afines y hay todavía intentos en marcha de utilizar a la justicia con fines partidistas. La credibilidad internacional de la economía española ha quedado tocada. La reputación de España como país con un clima favorable a la inversión y respetuoso con la independencia de las empresas, bajo mínimos. Ojalá no haya que lamentar los excesos cometidos y todo quede en una anécdota para historiadores de las pasiones humanas. Ahora toca que el BBVA celebre su Junta de Accionistas sin injerencias externas y que su presidente, Francisco González, aproveche para explicar los resultados obtenidos, discutir el futuro de su estrategia en Norteamérica y Europa e intentar mostrar a la opinión pública, dominada por el nacionalismo económico y la teoría de los núcleos duros, que su modelo de gobierno responde a la profunda convicción de que es el referente en las empresas multinacionales con las que compite por mercados y recursos financieros. Toca que aquellos inversores que legítimamente sigan aspirando a sentarse en su Consejo actúen con prudencia y sentido, opten por el diálogo o lancen una OPA si creen que pueden gestionar mejor el banco y ofrecer más rentabilidad a los accionistas. Y toca que el Gobierno aprenda la lección, controle a su entorno, renuncie a cambiar por capricho los consejos de administración de las empresas privadas y se dedique a crear un clima favorable a la inversión. E se como mensajero de condiciones supuestamente infranqueables para dicha reforma, y por otro, reserva a Rodríguez Zapatero para devolver a Maragall la confianza en el cheque en blanco que firmó el presidente del Gobierno en su campaña electoral a favor del estatuto que saliera del Parlamento catalán. Se trata, en suma, de perseverar en una doble estrategia, contradictoria en sus principios. Por un lado, se marcan los límites constitucionales, y por otro, se alienta una reforma estatutaria a voluntad de parte. Lo que no está claro aún es dónde coloca el Gobierno socialista esa línea infranqueable y si es compatible el mensaje de Jordi Sevilla con las intenciones últimas del tripartito catalán. Parece que no, a tenor de la salida en tromba de Carod- Rovira, quien ha pedido al ministro que se calle y deje hablar al presidente Zapatero Alguna información privilegiada tendrá el dirigente de ERC sobre las intenciones del jefe del Ejecutivo, con quien se reunió discretamente durante varias horas en Moncloa. El desaire al titular de Administraciones Públicas evidencia el grado de dependencia del Gobierno respecto a ERC, lo que no invita precisamente al optimismo y frustra las esperanzas depositadas por millones de españoles en el pacto alcanzado entre el Gobierno y el PP. El curso de los acontecimientos aleja el resultado final del consenso con el Partido Popular. La vicepresidenta del Gobierno, al término de la reunión de Rajoy y Zapatero, distinguió claramente entre el apoyo imprescindible del PP a las reformas constitucionales y el apoyo conveniente a las reformas estatutarias. Conveniente, pero no imprescindible, aunque no contar con los populares restaría legitimidad democrática- -no parlamentaria, que es pura aritmética- -a la reforma que se apruebe sin su concurso. E AGRAVIO COMPARATIVO L cambio de criterio seguido por la Oficina Presupuestaria Europea, Eurostat, cuyo responsable es el comisario Joaquín Almunia, sobre la empresa madrileña Mintra, constructora de la red de Metro en la región, obliga a la Comunidad a asumir su deuda, cifrada en 3.650 millones de euros, al ser considerada una unidad pública y no comercial y cuestionarse así todo un modelo de financiación. Más allá del dato económico, que no es menor, llama la atención la rectificación de un organismo que en 2003, cuando el comisario era Pedro Solbes y el PP gobernaba, había clasificado Mintra como empresa de mercado, con el mismo modelo que el GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) estatal. En dos años, Mintra sigue siendo la misma, en nada ha modificado sus normas ni su fun- E cionamiento. Como todo sigue igual en cuanto a la empresa se refiere, sólo cabe deducir que lo único que ha cambiado ha sido el comisario europeo y el color político del Gobierno, obligado, por otra parte, a proteger los intereses de las Comunidades Autónomas ante las instituciones europeas, como ha hecho en otras ocasiones. Sin ir más lejos, con Izar. Pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha mostrado ningún interés hasta ahora en la defensa de los intereses de la Comunidad de Madrid en un asunto que para esta región es clave. La legislación europea aplicada a Mintra es tan interpretable como se pueda. Sólo hace falta voluntad política y altura de miras para no dejar a su suerte a una región española y evitar que salga perjudicada.