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4 Opinión SÁBADO 12 2 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO UN MIRÓN EN LA AUDIENCIA CONTACTOS DE SOMBRA L A vista oral contra más de treinta miembros de la organización juvenil de ETA Batasuna es el primero de una serie de procesos de gran envergadura contra los diversos frentes de la organización terrorista, perfectamente sincronizados bajo la dirección de la cúpula armada a través de lo que la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Nacional han calificado como separación táctica y complementariedad de recursos Las acusaciones contra los 33 meritorios de ETA se basan en su integración en la banda terrorista y en la comisión de otros delitos terroristas. No se juzga penalmente a ninguna organización, sino a personas que la integran y contra las que la Fiscalía y el Juzgado instructor hallaron sólidas pruebas para sentar en el banquillo de los acusados. Obviamente, Jarrai- Haika- Segi, sucesivas denominaciones de la banda juvenil de ETA, está presente en la lista europea de organizaciones terroristas, porque, como se puso de manifiesto durante la instrucción, forma parte de ETA, en la misma medida que Batasuna o Gestoras Pro Amnistía. No es extraño que, al ser el primer juicio contra estos frentes pseudolegales de ETA, el entramado batasuno esté aprovechando la ocasión con fines de propaganda. El jolgorio uniformado de estos jóvenes sicarios del terrorismo tiene el objetivo de trasladar un estado de ánimo del que la izquierda proetarra no anda muy sobrada, especialmente los presos que cumplen pena, a cuyas filas pueden pasar los ufanos acusados de Jarrai si finalmente son condenados. Paralelamente, la estrategia dilatoria de los abogados ha topado con la paciencia del presidente del Tribunal, quien se hallaba asistido por toda la razón jurídica para poner fin a las argucias leguleyas de los letrados, en el bien entendido de que el cumplimiento de las garantías procesales, tal y como deben ser respetadas constitucionalmente, beneficia ante todo a las víctimas, porque evita posteriores nulidades de las actuaciones. Lo que en ningún caso debe consentirse es el escarnio a las víctimas por el histrionismo de los acusados, ni que una Sala de Justicia se convierta en plataforma de propaganda terrorista. Tratándose de acosar a los tribunales de Justicia, no podía faltar el Gobierno vasco, y, en particular, su consejero de Justicia, Joseba Azkárraga, portavoz habitual en la difamación nacionalista contra el Estado de Derecho, y recientemente anfitrión de un miembro de Jarrai. Afortunadamente, la superioridad moral y jurídica del Estado ha pasado por encima de los intentos del nacionalismo por socavar el crédito de nuestros tribunales. Ocurrirá lo mismo con el envío por el Gobierno de Vitoria de un observador al juicio contra los chicos de la gasolina (Arzalluz) lo que más parece una parodia de los complejos nacionalistas hacia el imperio de la ley que una decisión adoptada por una administración pública. Por más que en otros ámbitos se predique la normalidad institucional con el PNV y el Gobierno de Ibarretxe, el problema es que Azkárraga se limita a mostrar todo lo que se puede esperar del nacionalismo gobernante en la lucha contra ETA: nada más que zancadillas a la acción judicial contra el terrorismo. Hasta en esto coinciden el Gobierno vasco y la izquierda proetarra, pues si hace dos años fue el Ejecutivo de Ibarretxe el que se querelló contra Garzón por suspender las actividades de Batasuna, ahora son familiares y acusados los que anuncian una querella contra dos de los magistrados que juzgan a los 33 miembros de Jarrai. No se conoce una querella del PNV contra ETA por uno solo de los mil asesinados, pero su historial de insolidaridad activa contra el Estado y las víctimas sería inagotable, tanto en el Congreso, donde no ha apoyado ninguna reforma antiterrorista, como en el exterior, donde no ha tenido rubor en denunciar a España ante el Tribunal de Derecho Humanos. En la Audiencia Nacional se juzga a ETA Jarrai, sin duda, pero el nacionalismo gobernante, con el mirón que ha enviado, se ha retratado con sus verdaderos perfiles. SOLIDARIDAD PARA TODOS S E ha dado prisa Rodríguez Zapatero en acudir en auxilio del PSC, atendiendo tal vez a la comparación de Maragall entre la catástrofe del Prestige y el barrio del Carmelo. Una extraña mentalidad, todavía muy extendida en ciertos ambientes sociales y políticos, concibe a algunas Comunidades como entidades que se ocupan únicamente de la reivindicación de nuevas competencias y recursos, pero que no tienen el deber de asumir responsabilidades por las deficiencias en su actuación. Antes de hacer las cuentas políticas de la lechera con la reforma del Estatuto conviene detenerse, a pie de calle, en los problemas reales de la gente. En el asunto que nos ocupa, la Generalitat y el Ayuntamiento han incurrido en negligencia grave y debe exigirse la responsabilidad pertinente a sus dirigentes. En todo caso, no es fácil conciliar la petición de Maragall y de otros políticos catalanes de que se revise el modelo de financiación (y, en definitiva, la contribución de Cataluña al principio constitucional de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones españolas) con la aceptación inmediatade las ayudas estatales que el Gobierno ha ofrecido con máxima diligencia. Buenos reflejos de Zapatero para ganar imagen, sin duda; sin embargo, sería mejor que fuera capaz de exigir a los suyos más eficacia. Por lo demás, el Ejecutivo queda obligado desde ahora mismo a acudir en auxilio de las otras dieciséis Comunidades, de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y de los más de ocho mil municipios españoles siempre y cuando se vean afectados- -ojalá que no ocurra- -por circunstancias similares. El Estado es de todos y para todos, pero cada una de las Administraciones que forman parte de nuestra organización territorial deben cumplir rigurosamente con sus obligaciones. CABA de trascender que hace dos semanas el presidente del Gobierno se entrevistó durante cuatro horas con CarodRovira para tratar, entre otros, asuntos relacionados con el País Vasco. El temario concreto de la reunión estuvo sujeto ayer a confirmaciones y rectificaciones (que si de ETA, que si del Plan Ibarretxe... por ambas partes, que sí confirmaron que la reunión tuvo lugar en La Moncloa, el 22 de enero, cuatro días después de que el jefe del Ejecutivo despachara cuestiones similares con el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, en una cita de la que los ciudadanos tampoco fueron informados hasta mucho después. Pesea haber comprometido su palabra enconvertir su primer mandato en la legislatura de la transparencia Rodríguez Zapatero parece haberle cogido el gusto a las zonas de sombra y a la opacidad, convirtiendo parte de su función presidencial en una sucesión de citas amparadas en un inconveniente oscurantismo, sobre todo cuando la materia a tratar es un asunto de Estado del que están pendientes todos los españoles. La excusa de que están fuera de agenda oficial es demasiadoendeble. Hay demasiado en liza- -entre otras cosas un desafío al Estado de Derecho por parte del nacionalismo vasco- -como para andar jugando al escondite con la opinión pública. Cierto es que Zapatero tiene derecho a diseñar su estrategia informativa en este tipo de tomas de temperatura que él califica de discretas en vez de secretas pero habría de meditar sobre las incertidumbres que provocan en una ciudadanía que no acierta a entender por qué el Gobierno elude las explicaciones en tiempo real y se limita a confirmar, fechas más tarde, la existencia de dichos contactos. Los motivos de zozobra se multiplican si tenemosen cuenta el elenco de interlocutores. Detengámonos en el último: Carod- Rovira. Es demasiado turbador que en el contexto actual el jefe del Ejecutivo se reúna en secreto con el líder independentista (que en enero de 2004 hizo lo propio con la cúpula etarra) para tratar de ETA y que se hurte toda publicidad a la entrevista. Y mucho más que, descubierto el pastel, se discrepe sobre los temas que se trataron. Del mismo modo, resulta inquietante que esa charla tenga lugar bajo los rumores de hipotéticos contactos con la banda, cuando sabido es que el líder de ERC defiende la negociación a toda costa y que su partido viene arrogándose el mérito del final de Terra Lliure. Tantas similitudes sólo se combaten con información exacta y puntual. Lo peor es que esta modalidad de encuentros en la umbría no se circunscribe a los asuntos internos, pues también el ministro de Defensa encabezó una misión discreta en Venezuela. La legislatura de la transparencia es, hoy por hoy, una frase hueca a la espera de que Zapatero le dé algún contenido. No puede haber una agenda B de encuentros en La Moncloa. A