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4 Opinión VIERNES 11 2 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO CRECIMIENTO INMIGRANTE L aumento de la población inmigrante en España registra unos datos realmente espectaculares, según el informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística. A 1 de enero de este año, residen en España 3,5 millones de extranjeros, equivalentes al 8 por ciento de la población española. En 1999, los extranjeros sólo representaban el 1,9 por ciento de la población, con 748.954 ciudadanos empadronados. Sin embargo, la comparación entre los extranjeros con tarjeta de residencia (1,9 millones) y los que están empadronados prueba que el 43 por ciento se hallan en situación ilegal, y eso se traduce en una cifra que ronda el millón y medio de personas. Además, el informe también pone de relieve el aumento del empadronamiento durante los últimos meses de 2004, como respuesta natural a los anuncios de regularización que realizó el Gobierno el verano pasado. Así se explican casos tan insólitos como el empadronamiento de decenas de inmigrantes irregulares en una misma vivienda, sin conocimiento de su titular. La fotografía que ofrece este estudio demográfico es fija y no admite especulaciones. España es el país europeo de la inmigración, legal e ilegal, como resultado, ante todo, de su posición geográfica y de su desarrollo económico. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, reconoció que el 23 por ciento de los inmigrantes clandestinos que entran en Europa acceden por España Pero, precisamente por esta razón, la inmigración es materia propia de un pacto de Estado entre los grandes partidos y un foco de interés general de los socios europeos, y por ambas razones no deben aprobarse reformas legislativas que introducen inquietud fuera de nuestras fronteras y no contribuyen, internamente, a políticas estables y propiciatorias de la inmigración legal. España, como todos los países industrializados, necesita la inmigración para sostener su E economía y la regeneración de su población, pero es una necesidad que debe ser atendida en función de las capacidades de cada mercado y de cada sociedad. Cuando esas capacidades se desbordan, el resultado es la extensión de la xenofobia y la marginación de los inmigrantes. Ahora, con la economía creciendo cerca del tres por ciento del PIB y el desempleo en niveles más próximos a la media europea, es fácil caer en el error de creer que los recursos del Estado son ilimitados, pero en una situación económica más adversa la gravedad del problema que podría generarse obliga a mantener la cautela desde una solidaridad bien entendida. Los datos del INE también obligan a preguntarse por la realidad que se decía conocer cuando se puso en marcha la reforma del Reglamento de Extranjería, que está permitiendo la regularización de miles de inmigrantes. El millón y medio de inmigrantes irregulares es una cifra muy superior a la que se venía manejando hasta ahora y, aunque sólo proceda a su regularización el medio millón previsto por la Administración, los poderes públicos habrán de afrontar las necesidades añadidas por la incorporación de esos trabajadores a un régimen de plenos derechos. No hay que olvidar que lo que más preocupa a los socios europeos es la reagrupación familiar de los inmigrantes, pues la llegada de sus familias multiplica el efecto regularizador, con una incidencia directa en la prestación de servicios sociales y sanitarios. De estos costes añadidos no se ha hablado- -becas, guarderías, asistencia médica, ayudas económicas- pero habrá que atenderlos, porque se van a producir, y de hecho ya se están produciendo. Si hay una política eficaz para evitar la xenofobia es, precisamente, aquella que impide que los ciudadanos nacionales se sientan preteridos en el acceso a los beneficios del Estado social que han sostenido con sus impuestos. TRIPARTITO Y MORDAZA S SÍ AUNQUE... D ESDE el mes de diciembre, el apoyo de los españoles a la Constitución Europea ha aumentado en 10 puntos, según el último estudio del CIS. Este porcentaje significativo de incremento del sí no se sustenta en el conocimiento del tratado, pues el 90,9 por ciento de los encuestados reconoce su ignorancia sobre el texto que será sometido a referéndum el próximo 20 de febrero. El 31,9 admiten que su desconocimiento es total, por lo que la teoría de Los del Río cómo vamos a decir que no si no la hemos leído y, además, los dos partidos mayoritarios se muestran a favor -supera la anécdota para convertirse en categoría. Evidentemente, no hace falta conocer la totalidad del texto constitucional para votar a favor, pero el alto porcentaje de españoles que ignoran absolutamente su contenido pone de manifiesto hasta qué punto ha faltado capacidad didáctica en el Ejecutivo y en las distintas fuerzas políticas para trasladar a la opinión pública una idea, más o menos aproximada, de lo que va a ser sometido a consulta. Europa sigue siendo, para los españoles, un misterio que la clase política en general se esfuerza en desvelar de forma sesgada y en función de criterios partidarios. Tal vez porque el desconocimiento de la sociedad resulte más práctico y juegue a favor de sus intereses. El previsible sí a la Constitución europea se sustenta más en el poder de la imagen y en el marketing político que en la pedagogía, lo que resulta un triste consuelo que merece una serena reflexión. Esta Constitución europea, por lo que tiene de positiva en sus aspectos generales, se merecía algo más que este desconsolador sí, pero que revelan los datos del CIS. UMA y sigue en la lista de despropósitos de las Administraciones competentes en la crisis del barrio del Carmelo en Barcelona. A la gestión desastrosa se suma ahora una preocupante tentación de imponer la censura a los medios de comunicación, mediante una especie de ley mordaza inaceptable en un Estado democrático. Bajo la extraña fórmula de un protocolo sobre la cobertura informativa de la crisis, se impide el acceso de periodistas a los lugares afectados y se ha llegado a su expulsión de las asambleas informativas con los vecinos. El afán de restringir el derecho a una comunicación pública libre choca frontalmente con la Constitución: la sociedad tiene derecho a saber, y los medios, a conseguir y difundir información veraz. No es extraño, dadas las circunstancias, que CiU y el PP reclamen dimisiones, aunque sorprende, vista la gravedad del caso, que se conformen con echar la culpa al secretario de Comunicación del Gobierno catalán. Cuanto más se sabe del asunto, más crece la exigencia social de responsabilidades. Ha dicho en el Parlamento el consejero competente que el derrumbe se podía haber evitado Habla, incluso, de un exceso de confianza extraña figura cuando están en juego cuestiones técnicas de muy alto nivel. Como es habitual, empieza el traslado de culpas hacia la Administración anterior y cada uno busca salvarse como buenamente pueda. Lo cierto es que han fracasado determinados métodos de contratación pública y que se han ignorado garantías elementales para la protección del interés general. Se extiende en diversos ambientes otra reflexión importante. Ocupados de forma permanente en reivindicar nuevas competencias, algunos políticos se olvidan de sus responsabilidades de gestión, que afectan gravemente a la vida diaria de los ciudadanos. Antes que discutir sobre comunidades nacionales y logomaquias similares, deberían dedicar su esfuerzo a resolver problemas reales con eficacia y sentido común. Buen motivo para la autocrítica, aunque es de temer que nadie tenga intención de hacerla una vez que pase la tormenta de los primeros días. Además, los socialistas, responsables tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, tendrían que recordar su comportamiento ante otras situaciones de crisis, aunque no sea razonable buscar términos absurdos de comparación como hizo el propio Maragall. No sirve acusar al adversario cuando conviene y enfadarse, en cambio, cuando se piden explicaciones a los suyos. En democracia, los errores se pagan con dimisiones, porque es imprescindible gestionar recursos humanos y materiales al servicio de una sociedad que, en el caso del barrio del Carmelo, se ha visto gravemente perjudicada por la negligencia de algunos y la falta de coordinación de todos.