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ABC DOMINGO 6 2 2005 Los domingos 61 harianos Karibu, tache la norma de Zapatero, a la que el Gobierno socialista se afana en apellidar la de mayor grado de consenso de ley hecha a espaldas a África. ¿Cómo alguien con dos dedos de cabeza puede creer que un extranjero de Sierra Leona va a pedir a su país antecedentes penales si allí se están matando? Lo que les piden son papeles que se compran, y así están muchas embajadas celebrando con champán la venta de un sello por 120 euros. ¿Pero de qué se habla? ¿Cómo pueden pretender que esté dos años o que tenga arraigo laboral si no tiene permiso para trabajar y sin pasaporte no ha podido empadronarse? ¿Y cómo van a tener arraigo laboral si desde agosto, en que salió todo ese lío de que el empleado que no estuviera contratado podía denunciar a su empleador, echaron a la mayoría a la calle por temor? ¿Y qué se hace con los menores de edad? Todo es un absurdo. Toda esta planificación es mentira que se haya hecho para dignificar a los inmigrantes, sino que claramente se ha redactado mirando al mercado de trabajo. Con esta ley se tira a la calle a los africanos, que recurren a mil argucias para salir adelante, como trabajar con los papeles de otro becado en Holanda y que viene sólo a renovar la residencia, y si son de Guinea o Senegal, de donde hay líderes que les proporcionan mercancías, a ganarse la vida en el top manta JAVIER PRIETO REUTERS ÁNGEL DE ANTONIO Para el Gobierno socialista, el efecto llamada no está en el proceso regularizador que empieza mañana, sino en las mentiras del PP que traspasan fronteras Valencia: todo seguirá igual ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE Alicante es hoy un crisol de nacionalidades, en el que el número de inmigrantes ilegales (entre 150.000) supera a los legales (102.000) en una circunstancia única en España, que tiene visos de mantenerse a pesar del proceso de regularización extraordinaria que comienza mañana. Almorabí, Callosa de Segura, Callosa de Sarriá, Benidorm... concentran importantes bolsas de inmigración en las que, de cumplirse las previsiones del director del Observatorio para la Inmigración de la Universidad de Alicante, Carlos Gómez, se perpetuarán situaciones de explotación, abuso y marginación Porque el empresariado de estos y otros municipios, dice, se manifiesta reacio a contratar. El proceso de regularización se va a cerrar con cifras muy bajas aventura Gómez, que denuncia el colapso que sufrirán las oficinas de extranjería en Alicante. El extraordinario peso de sectores como el calzado, el textil, la agricultura, la hostelería y la construcción en la economía sumergida convierten a la Comunidad Valenciana en la tercera región de España en número de extranjeros (413.000) La Universidad de Alicante estima que entre 150.000 y 180.000 inmigrantes trabajan sin contrato en la Comunidad, donde hay una bolsa de sin papeles cercana a los 250.000. Alicante concentra las dos terceras partes del total de la inmigración, con una presencia importante de ciudadanos comunitarios ya superada por los extracomunitarios, especialmente ecuatorianos, colombianos y argentinos que han desplazado de la primera posición a marroquíes y argelinos. Los mayores problemas de integración, con todo, los presentan los europeos, alemanes y británicos, que viven en auténticos guetos de la costa. En Castellón la realidad es bien distinta. Allí se localiza la comunidad rumana más importante de España y de las más integradas en el tejido económico de una provincia cuyo motor es la industria azulejera. La llegada, años atrás, de jóvenes de Rumanía bien formados satisfizo la demanda de mano de obra de un empresariado al que le honra la formalidad El alto grado de adaptación de estos extranjeros ha servido de reclamo para otros, que han venido a cubrir el déficit de mano de obra reiteradamente denunciado por los hosteleros. Unos y otros miran con esperanza el proceso de regularización para abandonar su condición de sin papeles los primeros y de empleadores clandestinos los segundos. mía sumergida, porque eso sí es un efecto llamada. Para esos subsaharianos hay situaciones humanitarias recogidas en el reglamento a las que se podrán acoger para residir, aunque no para trabajar, pero deben comprender, ellos y sus gobiernos, que la venida a España tiene que ser mediante la contratación en origen, de manera que la capacidad de acogida se vincule a las posibilidades de trabajo La ofensiva del Gobierno Y si no se reúnen los requisitos para la residencia, -advierte Consuelo Rumi- -desde el jueves ha comenzado una ofensiva con el Ministerio del Interior y Asuntos Exteriores para, mediante acuerdos con sus países de origen, devolverlos En cuanto a los abusos en la venta de certificados de antecedentes penales, la secretaria de Estado señala que es una exigencia que responde a las garantías que queremos para los ciudadanos españoles; lo que no podemos hacer es entrar en cuestiones que son soberanía de otros países, como el precio. Ése el coste que hay que pagar por nuestra seguridad. Además, los que tengan causas abiertas no pueden acogerse a este proceso salvo que éstas sean por infracciones a la Ley de Extranjería al estar irregulares, y que serían revocadas con la autorización La secretaria de Estado de Inmigración hizo hincapié en que, además de este proceso de normalización, mañana entre en vigor todo el nuevo reglamento excepto el artículo 45.2, que lo hará cuando pase el periodo transitorio, ya que sería contradictorio que se abriera a los empresarios la posibilidad de normalizar situaciones de hecho y se actuara contra ellos por esas mismas irregularidades; será a partir del 7 de mayo cuando se refuerce la inspección de trabajo con sanciones para los infractores, de hasta 60.000 euros ¿Estaremos ante la ley que acabará con el tráfico siniestro de las pateras? Seguirán llegando- -sentencia Rumi- -porque para que cese ese tráfico tienen que funcionar distintos flancos. Pero cuando hay un esfuerzo tanto diplomático como de la Seguridad del Estado y del Departamento de Inmigración, se llega a resultados. Le diré que llevamos tres semanas sin pateras, aunque esto no sea noticia para ustedes. Ya en 2004 ha descendido en un 18 por ciento, respecto a 2003, la llegada de estas embarcaciones a nuestras costas, y también la imposición de visados ha reducido la afluencia de irregulares a través de los aeropuertos, y, desde Francia, gracias al esfuerzo de Fronteras. Soluciones para una herencia terrible del anterior Gobierno (Pasa a página siguiente) El plan de Rumi Y frente a los argumentos de los extranjeros ilegales, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumi, aseveró a Los Domingos de ABC su desacuerdo. Esta norma no se ha hecho de espaldas a los africanos ni de espaldas a ningún otro continente, sino que se ha hecho para ordenar y regular la inmigración en España, una obligación de este Gobierno hacia los ciudadanos españoles que dicen que los extranjeros son necesarios para nuestro mercado de trabajo, pero regularizados, cotizando y pagando sus impuestos. El Gobierno lo que quiere es romper con la posibilidad de que se pueda seguir viniendo a nuestro país a trabajar al margen de la legalidad y acabar con la econo- plazado, no tiene enfermedad sobrevenida, sus padres no son españoles y no ha sido víctima de delito? ¿Dónde metes a estos extranjeros que vienen sólo a buscarse la vida y que se cuentan por miles? Es más, ¿para qué les vas a dar cédulas de inscripción si nunca podrán conseguir la residencia? Por eso en algunos sitios- -confiesa el funcionario- -van a poner fecha anterior a las cédulas y que pasen por el otro reglamento. Una pequeña trampa porque no hay más solución. Porque sin residencia y sin trabajo, ¿qué otro camino les espera sino el del delito? Por eso no extraña que el padre Antonio, director de la asociación de subsa- Darwin Jarrín, ecuatoriano, tras tres años de ilegalidad, tendrá tarjeta de residente