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4 Opinión DOMINGO 6 2 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO REGULARIZACIÓN CON EFECTOS SECUNDARIOS CERCO AL FRAUDE L A regularización de inmigrantes que residen ilegalmente en España, con complejos procedimientos administrativos para los que mañana se inicia el plazo, no ha despejado las graves dudas que pesan sobre el nuevo Reglamento de Extranjería. El punto de partida es de una obviedad absoluta: la permeabilidad de las fronteras y la imposibilidad de repatriación han permitido la consolidación de una bolsa de inmigración ilegal que en buena parte sobrevive gracias a la economía sumergida. El afloramiento de esta actividad económica ocultada tanto a la administración tributaria como a la Seguridad Social es un objetivo, en sí mismo, razonable, que además mejorará las cifras del empleo y de la afiliación laboral, algo tocadas enenero. Muy oportuno, sin duda, para el Gobierno, que finalmente ha cedido a un pragmatismo impropio de una izquierda tan ética. Los empresarios que han competido deslealmente y han abusado de sus trabajadores tienen la oportunidad para ganarse una amnistía, como denunciaron los sindicatos. Los que no quieran perder lucro pagando justamente y cotizando a la Seguridad Social, simplemente despedirán a sus trabajadores. Aun así, es positivo que esta reforma dé coberturaa aquellos empresarios que han buscado honradamente regular la situación de sus trabajadores y no podían hacerlo, pese a que la regla de oro siempre ha sido vincular inmigración y puesto de trabajo. No en vano, también se ha destacado que esta regularización- -más indeterminada que masiva- -beneficiará a sectores como el servicio doméstico. Antes de empezar a aplicarla, el Gobierno ya ha recibido un toque de advertencia muy serio por parte de algunos socios europeos, como el alemán, que han mostrado su preocupación por el alcance de la regularización que se va a promover en España. Incluso un diario tan influyente como el Financial Times recogió la alarma europea por la amnistía a inmigrantes ilegales, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Reglamento. Parece sorprendente que un Gobierno tan europeísta como el de Zapateronohayadadoasureformaunenfoquecomunitario, que es, por otro lado, una de las grandes y escasas novedades del Tratado que se votará en el referéndum del día 20, texto que atribuye a la UE potestad legislativa en materia de inmigración y expulsión. Es muy improbable que la normativa aprobada por el Gobierno hubiera sido aprobada por Bruselas. Además de alarmar a los socios europeos, el nuevo Reglamento no tiene respuesta para los miles de inmigrantes indocumentados ni para la inmigración ilegal sobrevenida. En un amplio reportaje sobre esta cuestión, ABC se hace eco de las quejas de funcionarios públicos y asociaciones de ayuda a inmigrantes, que alertan sobre el limbo legal en que quedarán todos aquellos que no tienen posibilidad de acreditar ninguno de los requisitos exigidos para acceder a la regularización. Ésta es la situación de los miles de extranjeros que han sido trasladados a la Península en los vuelos de la vergüenza sin papel alguno, sin identidad y sin patria a la que retornar. La expectativa que puede crearse es que basta con esperar a una nueva medida de esta naturaleza, que se producirá cuando el problema tenga las dimensiones adecuadas- -es decir, intratables- -como para no abordarlo con rigor y firmeza. El barco que ayer mismo llegó a Tenerife con casi trescientos inmigrantes es la viva imagen de un problema que no se soluciona con retóricas blandas y políticas unilaterales. Es complicado, sin duda, pero el Gobierno debe ser consciente de que no puede incentivar la inmigración ilegal, ni bajar la exigencia a los países de origen, ni dar la espalda a la preocupación europea. España está donde está, en la puerta de acceso a Europa, y ha de asumir su responsabilidad y exigir la cooperación material y económica que sea precisa para controlar un fenómeno que afecta directamente al futuro de las sociedades europeas. N PORTUGAL, A LAS URNAS L AS reflexiones que hoy realiza en ABC el primer ministro portugués, Pedro Santana, sobre la pertinencia de la decisión del presidente de la República, Jorge Sampaio, de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas revelan el carácter oportunista de esta estrategia. Cuando se afirma que una mayoría gubernamental ha perdido la confianza del electorado y es mejor llamar a las urnas aunque queden dos años de mandato, será porque está claro que se ha formado una mayoría alternativa en la sociedad y que de los resultados electorales no puede venir más que una mayor estabilidad. Sin embargo, hasta ahora las encuestas son cuando menos dudosas, y no se puede decir que sea fácil detectar esa pérdida alarmante de confianza del electorado en el Gobierno luso. Como señala el propio Pedro Santana, si lo que pensaba Sampaio era disolver, resulta mucho más razonable que el presidente hubiese convocado las elecciones cuando el entonces primer ministro centrista, José Manuel Barroso, fue nombrado presidente de la Comisión Europea y tuvo que dejar el Gobierno. Pero da la impresión de que Sampaio ha preferido esperar al fin de su propio mandato y a que las cosas fuesen un poco más favorables para sus correligionarios socialistas, o más perjudiciales para la actual mayoría de centroderecha. Que un país haya tenido dieciséis gobiernos y trece primeros ministros en 28 años (en España, en comparación, ha habido cinco presidentes del Gobierno durante toda la democracia) indica que su entramado institucional necesita algunos retoques para lograr una mayor estabilidad y dirigentes políticos más comprometidos con el sentido común. O parece necesario que con el Gobierno cambie radicalmente la actividad inspectora de Hacienda, porque es de suponer que el Ejecutivo tiene siempre la sana intención de conseguir que todos los ciudadanos paguen lo que les corresponde en derecho para contribuir equitativamente a financiar el gasto público y a soportar las prioridades de turno. A este Gobierno le ha costado un poco entenderlo, porque parecía ver fantasmas de amiguismo y favoritismo por doquier, exactamente los que se niega a ver en su propia política, si bien ese es otro tema. Pero finalmente lo ha hecho. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Plan de Inspección razonable que mantiene la actividad de Hacienda enfocada hacia el fraude en el IVA y el sector inmobiliario, pero introduce algunas novedades en los métodos, al fomentar las pruebas piloto de seguimiento exhaustivo de algunas promociones y las inspecciones in situ, y en los incentivos, al primar el número de actuaciones sobre el volumen económico de las mismas. Un giro técnico que puede estar justificado al entender sus responsables que el efecto demostración ya está conseguido y queda el trabajo discreto, continuo y minucioso de una labor inspectora generalizada. Lejos quedan, afortunadamente, aquellas intenciones jacobinas que consideraban a todo español un presunto defraudador y proponían convertir en policías a los inspectores de Hacienda. Han primado el sentido común, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la voluntad de continuidad sin sobresaltos que ha de caracterizar la actividad de la Administración Tributaria en una democracia madura. En los países de nuestro entorno, la inspección es una cuestión técnica, no una prioridad política. Su resultado es cuantificable por el volumen de fraude detectado, y siempre discutible, pero nunca motivo de demagogia. La novedad más llamativa anunciada es que los inquilinos deberán consignar el NIF de sus caseros en la declaración de la renta, con lo que se pretende detectar las rentas que los propietarios no declaran como tales. Puede funcionar desde el punto de vista de la recaudación, pero lo que no va a hacer es abaratar los alquileres o aumentar la oferta de pisos en ese régimen. Puede pasar como con el fraude del IVA en el sector servicios que se pretende erradicar. En cualquier caso, es un buen ejemplo de las disyuntivas que se presentan en la gestión pública y de manera particularmente notable en la política fiscal y tributaria. El tiempo dirá si el Gobierno ha acertado. Pero es justo reconocerle que ha rectificado y ha situado el debate tributario donde corresponde.