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ABC SÁBADO 5 2 2005 Opinión 5 Ambiciones El lunes se pone en marcha el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, programa de Pedro Solbes para detectar, entre otras irregularidades, delitos económicos en el sector inmobiliario y del IVA. Ambicioso operación para desinflar la bolsa del dinero negro que quizá necesite el refuerzo de medios y efectivos. No basta con decir, como hizo ayer el vicepresidente, que se conformen con lo que tienen En el aire Aprovechando el proyecto de impulso de la Televisión Digital Terrestre, que incluye medidas liberalizadoras para el mercado televisivo, el Gobierno decidió ayer darle una vuelta al sector radiofónico. Sobre el papel, las reformas no dejan duda: cada operador podrá acumular la mitad de las licencias en su ámbito de cobertura, hasta llegar a cinco. El reverso de las nuevas medidas, sin embargo, esconde un trato de favor a Prisa, que no tendría así que separar, como ordenó el Supremo, las emisoras de la Ser y la vieja Antena 3. Nuevo episodio, afectivo, de una relación de contrapartidas sin fecha de caducidad. Con rodeos La Administración estadounidense sigue aplicando, cada vez con más agilidad, la política del palo y la zanahoria. Ahora le toca a Irán, cuyo régimen está en el punto de mira de Washington por sus inciertas actividades nucleares. George W. Bush amenaza y su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se encarga, al otro día, de quitarle hierro al asunto. Política en zigzag hacia un destino fijo. EL SOCAVÓN XAVIER PERICAY EFE Sin techo, sin suelo. Los tres edificios más próximos a los dos socavones abiertos por las obras de ampliación del Metro en el barrio barcelonés del Carmel deberán ser derribados, ya que los informes técnicos indican que su estructura está seriamente dañada. Aún no hay fecha para el derribo, pero hasta entonces ha sido prohibida la entrada a buena parte de las viviendas por razones de seguridad. 51 de las 98 familias desalojadas conocieron ayer cuál será su morada provisional durante los próximos dos años, periodo durante el que será reconstruida la zona. En la imagen, un afectado por el socavón traslada un ordenador, rescatado de las ruinas de su vivienda. I bien se mira, lo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña empieza a ser de órdago. Me refiero, claro, al Gobierno que nació de aquella triple alianza y que pronto cumplirá catorce meses en ejercicio. Dudo mucho que haya en el mundo un ejemplo mayor de suplantación. De un gobierno, sea cual sea su ámbito de actuación, se espera por encima de todo una cosa: que gobierne. Es decir, que actúe, que tome decisiones, y que estas decisiones incidan de forma positiva en el común de las gentes. No que hable y que pose. Pues bien, si repasan lo que ha dado de sí hasta el momento el Gobierno presidido por Pasqual Maragall difícilmente encontrarán nada más que palabrería. Y lo mismo cabe decir del Parlamento autonómico, donde todo parece girar alrededor de los dimes y diretes, amables y comprensivos, de esta ponencia interminable sobre el nuevo Estatuto. Sí, en Cataluña, las palabras y las caras, en vez de acompañar los hechos, los han suplantado. Por eso, cuando algo ocurre en aquella parte de España uno tiende a pensar en seguida que el Gobierno de la Generalitat nada puede haber tenido que ver con ello. Hasta que llega el socavón. Hasta que uno aprende que un barrio de Barcelona lleva más de diez días patas arriba por obra y gracia de la primera acción que uno pueda imputar, sin lugar a dudas, a este Gobierno. O sea, hasta que uno se entera de que la construcción de un túnel del metro en el barrio del Carmel ha provocado varios desprendimientos de tierras, el hundimiento parcial del propio túnel, el desalojo de más de un millar de vecinos y la demolición de, por lo menos, cuatro edificios. A uno ya sólo le falta saber entonces que Madrid había prohibido hace nueve años el método de horadación utilizado ahora en Barcelona, o que el túnel pasa por donde pasa para evitar, precisamente, los sagrados cimientos de la Sagrada Familia, para proclamar que, hoy más que nunca, se ha abierto un enorme socavón entre este Gobierno y los ciudadanos a los que representa. S