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ABC VIERNES 4 2 2005 87 Los consumidores españoles mejoraron en enero sus expectativas, según el nuevo indicador del ICO El BCE mantiene los tipos en el 2 y afirma que persisten riesgos de menor crecimiento por el crudo El PP dice que Fomento favorece a las Autonomías del PSOE y ERC El Partido Popular denunció ayer que el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) diseñado por el Ministerio de Fomento favorece la construcción de obra civil en las Autonomías gobernadas por el PSOE y ERC, en detrimento de aquellas lideradas por los populares. Así lo pusieron de manifiesto la portavoz adjunta del PP, María Salón, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Miguel Arias Cañete, y el portavoz de Infraestructuras de los populares, Andrés Ayala, que subrayaron que el PEIT incrementará las diferencias entre las Comunidades autónomas en materia de infraestructuras, y renuncia a la Alta Velocidad ferroviaria y a las vías de gran capacidad en España. A su juicio, el plan recoge los mismos objetivos marcados por el Gobierno del PP en su plan de infraestructuras 2000- 2007, pero con un básica diferencia, según Ayala: que termina su ejecución diez años más tarde, y además se realizarán 572 kilómetros menos de red viaria de alta capacidad, informa Ep. La junta de accionistas de Izar disolverá la empresa naval antes de dos meses El consejo de administración estudia la devolución de las ayudas ilegales hoy, en Consejo de Ministros, el plan de prejubilaciones que afectará a 4.028 empleados, más del 37 de la plantilla total ABC MADRID. El consejo de administración de Izar acordó ayer convocar una junta de accionistas a finales de marzo o principios de abril para aprobar la liquidación ordenada del grupo, ante la notificación cursada por Bruselas el pasado 17 de enero, según la cual los astilleros públicos deberán devolver 854 millones de euros en concepto de ayudas ilegales. El primero de los expedientes fue aprobado en mayo de 2004 y reclama al Gobierno que recupere una suma de 308,3 millones de euros de subsidios otorgados a los astilleros civiles de Izar en 2000. El segundo, por valor de 556 millones de euros, pide la devolución de ayudas públicas recibidas entre 2000 y 2002 para realizar la fusión entre los astilleros civiles y los militares, y se aprobó el pasado 20 de octubre. Dado que la aportación de fondos por parte del accionista mayoritario de Izar, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es imposible, ya que la legislación comunitaria prohíbe la entrada de capital público, la única opción pasa por la liquidación ordenada de la empresa, dando entrada al capital privado. El plan de futuro de Izar, acordado entre la SEPI y los sindicatos y aceptado ya por Bruselas, establece la segregación de los astilleros militares (Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz) y su traspaso a b El Gobierno aprobará Los trabajadores de la Naval de Gijón exigieron ayer más carga de trabajo una nueva sociedad bautizada de forma provisional como New Izar. El pasado 17 de diciembre, el consejo de administración de la SEPI autorizó al grupo Izar a traspasar a New Izar los activos destinados a desarrollar la actividad de construcción naval militar. Por su parte, el Consejo de Ministros aprobará hoy el plan de reestructuración laboral de Izar, que prevé la prejubilación de 4.028 empleados y bajas incentivadas y fue acordado por los sindicatos y la SEPI. El expediente de regulación de empleo de los astilleros públicos ya cuenta con el visto bueno de Trabajo, tras finalizar el periodo de consultas que mantuvieron la mesa sindical y el holding para ultimar los flecos del primer documento presentado, como la fórmula de externalización de las jubilaciones y los criterios del salario bruto. EFE Philips y LG anuncian el cierre de la histórica Miniwatt de Barcelona J. C. VALERO BARCELONA. El goteo de cierres industriales no cesa en Cataluña. A la deslocalización de Lámparas Z en Polonia, que deja a 160 personas en la calle, se une ahora el tiro de gracia a la antigua Miniwatt con el despido de 362 trabajadores. La dirección de Barayo, compañía controlada a medias por la holandesa Philips y la coreana LG, anunció ayer al comité de empresa que en marzo cerrarán la factoría de la Zona Franca por la caída del mercado de tubos catódicos para televisores. La compañía justifica la decisión en unas pérdidas de 73 millones de euros acumuladas en los últimos cuatro años, y se compromete a negociar un plan social. El comité de empresa se niega a negociar el cierre, e insiste en pactar recolocaciones de los empresarios que quieran seguir trabajando. El histórico militante de CC. OO. Juan Montero, arremetió en declaraciones a Ep contra la política industrial del tripartito catalán, y subrayó que, a este paso, Cataluña se convertirá en un desierto industrial Por su parte, UGT reclamó al Ayuntamiento de Barcelona que extreme su vigilancia para que no se cometa un atropello con la recalificación de los terrenos de la Zona Franca donde se encuentra la factoría de Miniwatt. En declaraciones a Efe, el secretario del Metal ugetista, Manuel Gallardo, indicó que el patrimonio de los terrenos debe comprometerse para afrontar las indemnizaciones. no tenga en cuenta la demanda de las constructoras, Seopan se atrevió a pronosticar un crecimiento del sector en 2005 de entre el 3,5 y el 4,5 si bien Enrique Aldama puntualizó que esperan que el volumen de la obra civil se incremente en una horquilla de entre un 4,5 y un 5,5 Por su parte, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, manifestó tras entrevistarse con los principales representantes de CEOE y con los dirigentes de las constructoras más importantes que la iniciativa privada financiará un 20 de los 214.392 millones de euros que prevé el PEIT. Un carné de seguridad Las grandes constructoras se comprometieron ayer a hacer un frente común contra la siniestralidad laboral. Aldama dijo que se ha trabajado con los sindicatos para presentar al Ministerio de Trabajo un Foro de la Construcción en el que analizarán propuestas para actuar en tres ámbitos. El primero se dirige a la formación de los trabajadores y el control de esa formación, así como el establecimiento de un carné de seguridad. El segundo se refiere a la correcta utilización de los planes y proyectos de seguridad por las empresas, y el tercero apunta a la exigencia de que toda empresa garantice la disponibilidad de medios humanos y ténicos para cumplir la normativa de prevención y seguridad. Los comercios están obligados a aceptar billetes de 500 euros ABC MADRID. Ante la negativa de algunos establecimientos comerciales a admitir el pago con billetes grandes (100, 200 y 500 euros) el Banco de España recordó ayer que deben ser aceptados siempre que su uso sea proporcional al importe de la compra, según respondió a una consulta planteada por la Asociación de Consumidores Al- Andalus, integrada en la Ceaccu. La autoridad monetaria responde que el billete de 500 euros es de curso legal, lo que implica que el pago de cualquier cantidad no puede ser rechazado, informa Servimedia. El uso de billetes de euros no está sujeto a ningún tipo de limitación o restricción legal. Por tanto, restringir de antemano la utilización de determinadas denominaciones altas de billetes- -caso de los de 500- -no parece acorde con el concepto de moneda de curso legal que el euro ostenta señala el Banco de España. Pese a la obligación de aceptarlo, desde el Banco de España también admiten que existe un apartado en el Código Civil en el que se dice que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe