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ABC JUEVES 3 2 2005 Nacional 21 EL DRAMA DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL Más de 425 inmigrantes esperan en Canarias su viaje a la Península o su libertad en las islas Entre el día 12 y el 30 cumplen el máximo de internamiento que permite la Ley CRUZ MORCILLO MADRID. El pasado viernes el Consejo de Ministros avalaba un plan para el traslado de inmigrantes subsaharianos desde Canarias a la Península para acabar con los vuelos de la verguenza y con sus pasajeros abandonados en la calle. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió a que no haya ni un solo traslado que no garantice la acogida de estas personas y una solución humanitaria y, de hecho, estos viajes a ninguna parte están temporalmente paralizados. Pero el problema de origen persiste. Unos 425 subsaharianos, llegados en patera a Canarias, permanecían ayer internados en el centro de retención de Fuerteventura. La mayoría de ellos deberán quedar en libertad entre el próximo día 12 y finales de mes al cumplirse los cuarenta días de internamiento que, como máximo, permite la Ley de Extranjería. No pueden ser repatriados a sus países de origen porque no existen convenios bilaterales. Según fuentes policiales consultadas por ABC, aún no se ha concretado cómo actuar, pero los inmigrantes en ningún caso pueden permanecer retenidos más tiempo del que fija la norma Rumí pide al PP claridad con CC La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, lanzó ayer un mensaje claro a los populares. Si el PP que gobierna en comunidades donde ha habido traslados no quiere más desplazamientos que lo diga, pero que se lo diga también al Gobierno canario y al PP de Canarias que es el socio en el Gobierno canario de Coalición Canaria, es decir, que sean claros y no tengan un discurso aquí y otro en el archipiélago Rumí volvió a apelar a la larga historia de los vuelos que se producen desde 2002, gracias a un acuerdo entre CC y PP, y calificó de irresponsabilidad que algunos presidente autonómicos populares se rasguen las vestiduras es aún más importante. Rumí quiere saber si están dispuestas a comprometerse o están usando la inmigración como rédito electoral Por lo que respecta al resto del plan, la secretaria de Estado se ha referido a una ofensiva para realizar acuerdos de readmisión con países subsaharianos como Malí, Ghana, Gambia o Camerún de donde procede buena parte de la inmigración de las pateras. A cambio de colaboración, Rumí dijo que es posible traer a personas de forma regular a trabajar a España Y sobre la siempre ardua negociación con Marruecos sólo existen, de momento, palabras. Hasta ahora todos los acuerdos de readmisión de ciudadanos de terceros países han quedado en papel mojado, con el PP y con el PSOE. La asistencia no es indefinida Así, según estas fuentes, en los últimos días se ha cumplido la parálisis de los traslados, al menos a las cuatro ciudades de la Península habituales hasta ahora aunque los extranjeros han ido quedando en libertad según su fecha de ingreso. ¿Qué ha sido de ellos? Nadie parece tener la respuesta clara, excepto que no están en Fuerteventura. No se descarta que, de forma provisional, hayan podido ser conducidos a otras islas. El Gobierno pretende resolver cuanto antes esta situación, que el año pasado acabó con más de 6.000 subsaharianos en las calles de varias ciudades. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, indicó ayer que la próxima semana convocará a las Comunidades autónomas más afectadas por los traslados- -Madrid, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana- -para saber si desean colaborar en este asunto, al tiempo que advirtió que la asistencia a estos extranjeros, prevista en el mismo plan, no puede ser indefinida informa Efe. Rumí confirmó que los vuelos se van a seguir haciendo, pero bien coincidiendo con el mea culpa entonado por Caldera el viernes. El ministro reconoció que las críticas eran razonables Trabajo, en coordinación con la Secretaria de Estado de Seguridad, quiere fijar los lugares, el cómo y el cuándo se producen los desplazamientos de irregulares que no pueden ser repatriados, de ahí que requiera la colaboración de las comunidades autónomas. Tras las acusaciones de dos de ellas, Valencia y Murcia, este acuerdo