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16 Nacional MARTES 1 2 2005 ABC El Tribunal Supremo da la razón a la mujer de Publio Cordón y reconoce su derecho a recibir la pensión de viudedad que hasta hoy le ha denegado la Seguridad Social Viuda de Cordón, sin lugar donde llorarle TEXTO: NIEVES COLLI MADRID. Diez años no son suficientes para cerrar heridas. Diez años no borran todo atisbo de esperanza. Diez años, con sus noches y sus días, no bastan para perdonar... Diez años es el tiempo que el próximo 27 de junio se cumplirá desde el último día que Pilar Muro vio salir de casa a su esposo, Publio Cordón, por cuya desaparición a manos de los Grapo el Tribunal Supremo acaba de reconocer a esta mujer el derecho a percibir la pensión de viudedad que le había sido denegada por la Seguridad Social (INSS) La Sala de lo Social del alto Tribunal ratifica la sentencia dictada el 3 de marzo de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y desestima el recurso presentado por la Seguridad Social, que denegó la pensión a Pilar Muro por haberla solicitado fuera del plazo legalmente previsto para ello y por no haber presentado la declaración de fallecimiento de su esposo. El Tribunal Supremo se basa en lo establecido por la ley General de la Seguridad Social para conceder a Pilar Muro la pensión, norma a la que deben subordinarse- -y no al contrario- -la orden ministerial y el decreto a los que apela el INSS y que van, señala el Supremo, más allá de lo legalmente autorizado La ley General de la Seguridad Social prevé en su artículo 172.3 la posibi- lidad de que la desaparición de un trabajador con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte sea causa de la recepción de pensión por su viuda cuando no se hayan tenido noticias de dicho trabajador durante los noventa días naturales siguientes al del accidente Es decir, explica el Supremo, que el reconocimiento del derecho a percibir la prestación se produce por disposición de ley por el hecho de la desaparición sin noticias posteriores en circunstancias que hacen presumir su muerte sin que la ley explicite otras exigencias. El Tribunal rechaza en su sentencia la pretensión del INSS de negar la prestación por aplicación de la orden ministerial dictada sobre la materia en 1972. El único efecto que el Supremo reconoce a la orden ministerial es el de regular la retroacción de los efectos económicos de la prestación Es decir, determinar la fecha a partir de la cual habrá de abonarse la pensión a Pilar Muro. Y esa fecha quedó fijada por el TSJ de Aragón en el 19 de agosto de 2001, tres meses antes de la solicitud presentada por la viuda para percibir la retribución. La orden ministerial establece que cuando la solicitud se hace dentro de los 180 días que siguen a los primeros 90 días posteriores a la desaparición La mujer y la hija de Publio Cordón, en París, durante el juicio a varios grapo se reconoce la prestación con efectos desde la fecha del accidente Si la solicitud se formula fuera de ese plazo- -como le ocurrió a Pilar Muro, que la presentó en 2001- la orden ministerial exige la previa declaración de fallecimiento para el reconocimiento de la prestación El Supremo rechaza la validez y eficacia de la exigencia previa de declaración de fallecimiento y considera claro que la norma reglamentaria va más allá de la previsión legal, que para nada habla de establecer nuevos requisitos para el establecimiento de la prestación. Tal reconocimiento se produ- EFE ce, por disposición de ley, por el hecho de la desaparición sin noticias posteriores en circunstancias que hacen presumir su muerte. Así, lo que queda para la norma reglamentaria es regular la retroacción de los efectos económicos de la prestación La sentencia del Supremo supone sin duda un espaldarazo de la Justicia- -varios grapos ya cumplen condena por el secuestro- -a una familia rota desde hace una década. Una familia que ha prometido seguir luchando hasta conocer qué hicieron con Publio, dónde le tuvieron secuestrado y dónde están sus huesos La Audiencia fija el 1 de marzo como fecha límite para que Vera ingrese en prisión N. C. MADRID. El próximo 1 de marzo es la fecha límite fijada por la Audiencia Provincial de Madrid para que Rafael Vera ingrese en prisión y empiece así a cumplir la condena a 7 años de cárcel que le fue impuesta por malversar fondos públicos. Así lo ha acordado, a petición del propio ex secretario de Estado para la Seguridad, la Sección Quinta de la Audiencia madrileña. Rafael Vera compareció ayer en la Secretaría del Tribunal para manifestar que está tratando de regularizar su situación administrativa y que espera tenerlo todo arreglado para el 1 de marzo. Vera ha pedido la excedencia voluntaria con efectos a partir del próximo día 15 y solicitará la jubilación anticipada en cuanto cumpla sesenta años, el 7 de febrero. Por esa razón, y como quiera que ignora si su presencia será o no necesaria en el curso de los trá- mites administrativos, solicitó del Tribunal que le dé ese margen de tiempo para ingresar en prisión. Rafael Vera no descarta poder hacerlo de modo voluntario, con anterioridad a esa fecha Inmediatamente después de la comparecencia, la Sección Quinta dictó un auto en el que da por bueno el planteamiento de Vera y establece como fecha límite de ingreso en prisión el día 1 de marzo de 2005, sin perjuicio de su ingreso voluntario en fecha anterior El ingreso voluntario, explica la Sala, está autorizado por la ley penitenciaria y por su reglamento. El Tribunal no ve inconveniente alguno para establecer ese calendario ante la evidencia demostrada por Vera de que no tiene la más mínima intención de fuga Además, los magistrados tienen por ciertas las razones que él alega para solicitar la prórroga 1 de marzo En su comparecencia ante la Sección Quinta, el ex secretario de Estado para la Seguridad explicó que como el próximo 7 de febrero cumplirá sesenta años y ha prestado servicios en la Administración durante más de 30, solicitará su jubilación anticipada. Además, el pasado 24 de enero pidió la excedencia voluntaria con efectos a partir del 15 de febrero. Indulto pendiente La orden para que Vera ingrese en prisión se produce como consecuencia de la negativa de la Audiencia Provincial de Madrid a dejar en suspenso la ejecución de la condena hasta que el Gobierno decida si concede o no el indulto al ex secretario de Estado para la Seguridad. El Tribunal descartó que en el caso de los fondos reservados se hayan dado las dos circunstancias que obligan a suspender la ejecución de la condena si media petición de indulto: rechazó que se hayan producido dilaciones indebidas en su tramitación y también que existan posibilidades de que sea concedida la medida de gracia. La Audiencia deberá fijar también la fecha de ingreso para Rodríguez Colorado. Rafael Vera basadas en datos ciertos, edad y solicitudes a la corporación municipal señala- -y estiman creíble su decisión de, si le es posible, ingresar voluntariamente antes de la fecha límite del