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ABC DOMINGO 30 1 2005 51 Sociedad El Gobierno prohibirá por ley que los suelos incendiados cambien de uso en treinta años Narbona anuncia la creación de una Fiscalía especial para perseguir delitos medioambientales PP se oponen a la creación de una ley nacional para proteger los suelos incendiados, porque choca con las compentencias autonómicas PILAR CHATO SANTANDER. El Gobierno promoverá una reforma de la Ley de Montes con el objetivo de prohibir en toda España que los suelos afectados por un incendio puedan cambiar de usos durante un mínimo de treinta años, una fórmula para evitar riesgos ligados a la especulación Además se introducirán medidas dirigidas a crear una Fiscalía de Delitos Ecológicos de ámbito nacional que permita una correcta persecución de los delitos medioambientales. Así lo anunció ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante la Conferencia Sectorial que se ha desarrollado en Santander y que concluyó con un alto grado de consenso, según la ministra. Narbona destacó que lo importante es que en la Conferencia Sectorial se ha aprobado por unanimidad un documento en el que se reconoce que el cambio de uso del suelo puede estar detrás de muchos de los incendios forestales que se producen en nuestro país, bien para que se pueda construir en las hectáreas quemadas o para ser destinadas a usos agrícolas. La ministra defendió la capacidad del Estado para introducir en una ley básica ese mínimo de treinta años, garantizó que este nuevo proyecto de ley salvaguardará el respeto a las competencias autonómicas y precisó que b Las Comunidades del Expertos europeos aseguran que no se puede cuantificar el riesgo de consumir carne de cabra las cuestiones competenciales se dirimirán en otro momento El Partido Popular, sin embargo, insistió en que no se opone a que exista esa prohibición durante 30 años, de hecho muchas de las Comunidades gobernadas por esta formación política ya lo tienen así legislado, sino a que esté regulado en una ley básica estatal que no puede entrar a regular estos detalles que son de competencia autonómica Así lo expresó el consejero del Medio Ambiente de Madrid, Mariano Zabía, que compareció junto a sus homólogos de La Rioja, Arancha Vallejo, y de Castilla y León, Carlos Fernández. Estos insistieron en que no se trata de una discrepancia única de Comunidades del PP, y no descartaron recurrir esta reforma al Tribunal Constitucional si finalmente se lleva a cabo. Cristina Narbona durante la rueda de prensa de ayer en Santander J. M. SERRANO ARCE Estrategias para la conservación del urogallo, el lobo y la malvasía La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha tratado durante sus dos días de reunión en el Palacio de la Magdalena de Santander otros asuntos como la aprobación de Estrategias Nacionales de Conservación para el urogallo pirenaico, el lobo y la malvasía, además de la distribución territorial de las subvenciones del Ministerio a las Comunidades Autónomas para la protección y mejora del medio natural, con una cuantía de 37.319 euros. Este último punto fue criticado por el PP, que considera que la cifra Otros asuntos aprobados En cuanto a la creación de una Fiscalía especial para perseguir delitos ecológicos, Narbona explicó que el Ministerio de Medio Ambiente, el de Justicia y la Fiscalía General del Estado ya han llegado a un acuerdo y señaló que aunque el Código Penal ya es potente en la persecución de este tipo de delitos, la ampliación es insatisfactoria De esta manera la nueva Fiscalía especial coordinará e impulsará a nivel nacional, de manera potente la lucha contra estas infracciones. Otro de los acuerdos alcanzados fue la creación de un grupo de trabajo formado por los directores generales responsables de las políticas de agua en las distintas Comunidades que avance en la coordinación de política de agua, según indicó Narbona. Un ejemplar de malvasía cabeciblanca para 2005 no supone ningún incremento respecto a la de 2004. Asimismo, la Conferencia aprobó el contenido de las normativas para la regulación de los aparatos eléctricos y electrónicos, la gestión de sus residuos y la destinada a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente en aplicación de las directivas europeas vigentes.