Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC DOMINGO 30 1 2005 La Tercera EL EDIFICIO CONSTITUCIONAL L A Constitución Española de 1978 formaliza una determinada organización jurídico- política: un Estado de las Autonomías. Podría decirse que hace más de veintiséis años se construyó un edificio en el que convivimos los españoles. Todo edificio descansa en unos cimientos, que le proporcionan estabilidad, y se configura con unas paredes, algunas de ellas maestras, y con otros elementos que los arquitectos seleccionan y distribuyen en el conjunto de la obra. No todos los componentes son igualmente importantes. Cabe sustituir o eliminar piezas secundarias sin que el edificio desaparezca. Pero ningún edificio se mantiene en pie si sus cimientos se deshacen. También es motivo de destrozo la rotura de las paredes maestras. No afectan a la permanencia de la obra, en cambio, los retoques en elementos menores. Los cimientos del edificio constitucional español se hallan explícitamente definidos, de forma expresa y clara, en el texto: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (art. 2) Afirmar que se fundamenta es proclamar que ahí se encuentra uno de los cimientos del edificio. La lectura del texto constitucional, además, nos ilustra para saber que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2) y que la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran la Nación española es un principio básico que da razón y fundamento al ordenamiento jurídico- político. Son susceptibles de discusión- -y de reforma- -componentes accidentales del edificio, por ejemplo las reglas de elección de diputados y senadores, o la preferencia del varón a la mujer en la sucesión en el Trono. También se puede actualizar, dentro de la Constitución, la tabla de derechos y libertades con el fin de proporcionar cobertura jurídico- política a situaciones surgidas con la revolución de las técnicas en el último cuarto de siglo; nuevas maneras de ser y de convivir (internet, sociedad en red, teléfonos móviles; sociedad de la información, en suma) inimaginables en 1977- 78, cuando se elabora la Gran Carta. El edificio constitucional español es el propio de un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1 CE) En este edificio tienen cabida la autonomía de nacionalidades y regiones. Sin embargo, la autonomía no es soberanía. Tenemos un Estado complejo, ciertamente, pero que no es un Estado federal. Es verdad que el federalismo ha experimentado, a lo largo de los últimos dos siglos, transformaciones en la manera de entender las El edificio constitucional español es susceptible de retoques. Pero lo que no se pueden demoler son los cimientos y las paredes maestras. Y tampoco resulta admisible que la reforma de lo que es susceptible de mejora se plantee y lleve a cabo con violación de los preceptos que la propia Constitución establece para su revisión competencias de sus componentes. Hasta tal punto cambió el sistema original de reparto de competencias entre el Estado federal y sus Estados miembros, que ya por los años treinta del siglo XX empezó a hablarse del federalismo cooperativo y del nuevo federalismo No obstante la variedad actual de Estados federales pueden indicarse algunas reglas que, como principios configuradores, encontramos en casi todos ellos. Primeramente, la autonomía legislativa de los Estados federados. Poseen competencia para dictar leyes que no son de un rango inferior al de las leyes de la federación. Los conflictos de normas se resuelven conforme a la distribución de competencias señalada en la Constitución; no en virtud de una supremacía del Derecho federal. Si nos fijamos en lo que acontece en España, con las varias propuestas y contrapropuestas en danza, llegamos a la conclusión si- guiente: la presente organización territorial no puede considerarse propia de un Estado federal. En el artículo 149.3 de la Constitución se afirma: A) Que las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las normas de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas B) Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. Un Estado federal no suele admitir la prevalencia del Derecho de la Federación respecto al Derecho de uno de sus componentes, y la supletoriedad del Derecho de la Federación no se apoya en la idea de la existencia de un ordenamiento jurídico común- -supuesto español- que presta unidad y confiere sentido a los ordenamientos parciales de las Comunidades Autónomas. Con los postulados esenciales de nuestra vigente Constitución, el Estado de las Autonomías, salvo que el titular del poder constituyente (el pueblo español) decidiera el cambio tajante, no es un Estado federal, ni puede transformarse en Estado federal. En la Constitución de 1978 los españoles alteramos las clasificaciones de los Estados haciendo aparecer en ellas la novedad del Estado de las Autonomías. Los italianos están operando ahora bajo la influencia de nuestra Constitución de 1978, como la Constitución española de 1812, o Constitución de Cádiz, influyó decisivamente en los ordenamientos jurídico- políticos del Reino de las Dos Sicilias y del Piamonte. La satisfacción que estas influencias pueden producirnos se empañaría si no somos capaces de conservar el modelo sin las desvirtuaciones que en este momento pretenden imponerse. La reciente y polémica fórmula italiana- -un Senado federal en una República unitaria- -es fruto del ingenio de aquellos juristas. Pero resulta ilógica, va contra las reglas elementales del Derecho Político. El edificio constitucional español es susceptible de retoques. Algunos elementos son accesorios. Pero lo que no se pueden demoler son los cimientos y las paredes maestras. Y tampoco resulta admisible que la reforma de lo que es susceptible de mejora se plantee y lleve a cabo con violación de los preceptos que la propia Constitución establece para su revisión. Mi opinión personal es que los proyectos heterodoxos de reforma- -de una inconstitucionalidad indiscutible, que salta a los ojos- -no han de ser tramitados en instancia alguna. Deben pararse ab initio Resulta oportuno y conveniente que la serpiente venenosa sea aplastada en el huevo de la madre: dejarla caminar es facilitar la producción de daños, acaso irreparables. MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas