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ABC SÁBADO 29 1 2005 47 Sociedad Setenta y cinco mil alumnos de toda España, pendientes de la sentencia del caso Opening Los consumidores reclaman la cancelación de los créditos y la devolución del dinero pagado b La mayor demanda colectiva La Comisión Europea confirma el primer caso en cabras, en Francia, del mal de las vacas locas Código deontológico Tras las sonadas quiebras de los centros de inglés y el engaño e indefensión de muchos afectados, se hizo urgente la puesta en marcha de una normativa que pusiera orden en el sector de las academias privadas. El Ministerio de Sanidad y Consumo y la Confederaciñon Española de Centros de Academias Privadas (Cecap) suscribieron un código deontológico, a primeros de 2003, de regulación de un sector que atiende a más de 600.000 alumnos. El código establece que las 3.000 academias privadas que operan en España han de ofrecer un seguro a los alumnos para casos de cierre y que los centros no podrán imponer los créditos con una entidad bancaria determinada, ni ceder ni subrogar el crédito a terceros sin el consentimiento del alumno. necesitan los bancos para llegar a una solución evitando todos los costes derivados de ir a juicio Por ello, los consumidores quisieron hacer ayer un llamamiento al Gobierno para que obligue a los bancos a sentarse con los afectados porque miles de alumnos con decisiones judiciales favorables no pueden esperar a que la resolución del mayor conflicto de consumo en España en muchos años se eternice en los juzgados Además, con la esperanza de un fin del conflicto, solicitaron a los bancos que si la sentencia es favorable no continúen recurriendo y cesen en su postura de absoluto desprecio a los usuarios, que resulta vergonzosa e indignante contra el cierre de las academias Opening se celebró ayer en Madrid durante un juicio oral cuya sentencia se sabrá en un mes R. BARROSO MADRID. Más de 150.000 alumnos afectados, cerca de 2.000 profesores en paro y 200 centros cerrados es el balance de una crisis que comenzó en el año 2002 y que afectó en cascada a muchas de las academias de inglés que operaban en España: Sylvan, Wall Street, Opening y Brighton. Tras el cierre, 45 millones de euros quedaron pendientes de pago a través de créditos vinculados que fueron empleados para abonar los cursos y que los alumnos desconocían que estaban firmando. La reacción de los bancos no se hizo esperar. Los estudiantes eran presionados y amenazados con ser incluidos en el fichero de morosos si no pagaban las cuotas pendientes, a pesar de no estar recibiendo las clases. A lo largo de estos años algunas sentencias judiciales han ido dando la razón a las asociaciones de consumidores y usuarios que tomaron cartas en el asunto e iniciaron demandas colectivas. Madrid se sumó ayer al proceso con el juicio oral de la mayor demanda colectiva por el caso Opening- -2.000 alumnos- -al que acudieron como demandantes la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Asociación de Servicios Bancarios (Ausbanc) Después de seis horas el caso quedó listo para sentencia. Durante la vista oral Adicae solicitó la extensión de los efectos de la sentencia a todos los alumnos de España afectados por el cierre de los centros de enseñanza Opening (unos 75.000) con la finalidad de buscar una solución al mayor fraude de consumo que ha ocurrido en España en los últimos años Si la sentencia es positiva, podría constituir un referente para toda España señaló Fernando Herrero, vicepresidente de Adicae, quien insistió en que es el momento de exigir a bancos y Cajas de Ahorro que abandonen su vergonzosa actitud y sus posturas inmovilistas y negocien con las asociaciones de consumidores En este sentido, se preguntó cuántas sentencias Alumnos afectados por el cierre de Opening durante una manifestación J. M. SERRANO Los consumidores piden a los bancos que no sigan recurriendo las sentencias Advierten a los alumnos de que no tiren ni un solo papel y conserven la documentación 15 días y un mes y medio y recordó que ya ha habido fallos favorables en Cáceres, Zaragoza y La Coruña que establecen la no obligación de pago de los créditos contratados e incluso la devolución a los estudiantes de las cantidades pagadas desde el cierre de las academias. Hasta que se conozca la decisión final, más de cuarenta demandas contra Opening y otras academias esperan la resolución final de esta sentencia que podría sentar un precedente único. Nuevas trampas de los bancos En relación a los créditos fijados por los bancos, el vicepresidente de Adicae señaló que durante el juicio ha desmontado la estrategia de las entidades financieras que consideraban gratuitos los créditos concedidos. Así, en el citado expediente se reconoce que los comerciales de Opening trabajaban con líneas de descuento y anticipo de gestión de cobros y préstamos con garantía consistente en el cobro de la factura Fernando Herrero señaló que su asociación pide la anulación, por abusiva de la cláusula introducida por algunos bancos para no aceptar reclamaciones en el caso de que cerraran las academias, desvinculando así el contrato de matrícula del préstamo concedido por la entidad financiera. Adicae solicita la nulidad de esta cláusula porque son derechos irrenunciables para la defensa de los intereses de los consumidores y porque si los bancos consideran que ambos contratos- -de matrícula y crédito- -están desvinculados, no tiene razón de ser la imposición de esta claúsula de salvaguarda Esta asociación insistió en pedir a los bancos que acepte lo que, según diversos tribunales y juzgados, constituye un auténtico abuso frente a miles de consumidores. Conservar la documentación Adicae recomienda a los más de 75.000 alumnos de cualquier punto de España afectados por el cierre de la academia Opening que conserven toda la documentación relativa al contrato de enseñanza y al crédito y no tiren un solo papel para poder tramitar el expediente oportuno y beneficiarse de los efectos de la ejecución de la sentencia. A través de la extensión de los efectos de la sentencia, todos los usuarios podrían obtener el respeto de sus derechos con la devolución de las cantidades pagadas por esos préstamos señaló Herrero, quien espera que la resolución final tarde entre