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4 Opinión SÁBADO 29 1 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR A crisis de la enseñanza de inglés por ordenador que estalló en 2002 con el cierre de red de academias Opening llega a su fase final con la apertura de juicio oral en un caso que afecta directamente en Madrid a 2.000 estudiantes. Se trata de sentar un precedente para los más de 100.000 afectados que según Adicae, una asociación de consumidores, puede haber en toda España. El asunto ha cobrado honda repercusión en la opinión pública porque entronca con una debilidad tradicional de la enseñanza oficial, como es su demostrada incapacidad para conseguir que los escolares aprendan inglés al nivel que exige el desarrollo socio- económico español. Muchos ciudadanos se identifican con los presuntos estafados, mayoritariamente jóvenes que empiezan su vida laboral y descubren que carecen de los conocimientos suficientes para salir adelante. Si además de haber visto frustradas sus ilusiones, tienen que seguir pagando un crédito bancario porque no habían leído la letra pequeña del contrato, la polémica está servida. Lo que se dilucida en el juicio oral no es la quiebra de las academias, sino si los estudiantes tienen la obligación de seguir pagando el crédito aunque no reciban clase, si el crédito bancario es un contrato independiente de la prestación del servicio educativo. Porque al albur del crecimiento exponencial de la demanda de inglés y ordenadores en los años del boom digital, la idea que se le ocurrió a algún comercial agresivo fue cobrar por adelantado la enseñanza de todo un curso, para poder financiar la apertura de nue- ACLARACIÓN URGENTE medida que se conocen nuevos datos de la actuación policial en relación con la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo, en la que el ministro de Defensa fue gravemente acosado e insultado, más urgentes y necesarias se hacen las explicaciones de los responsbales del Ministerio del Interior. Según publica hoy ABC, instancias policiales recibieron órdenes de realizar informes sucesivos inflando las previsiones de asistencia a la manifestación, una vez que ésta ya se había celebrado y se había comprobado la muy insuficiente cobertura policial desplegada para garantizar el orden público. La asistencia fue muy superior a la prevista por los organizadores y la Delegación del Gobierno, que empezó cifrando en 300 el número máximo de asistentes. Esta nueva presunta irregularidad se suma, aunque en principio nada tenga que ver, a las que el PP ha puesto de manifiesto en la denuncia presentada en los juzgados de Madrid por detención ilegal. Ni la gravedad del acoso sufrido por José Bono, absolutamente inaceptable, ni la torpe convocatoria que un dirigente local del PP envió a los militantes de este partido, compensan política ni legalmente los graves indicios de irregularidad presentes en la investigación policial de los hechos. Dos militantes del PP fueron citados y luego detenidos, para, más tarde, ser puestos en libertad sin cargo alguno. De todas las personas que aparecen retratadas en el amplio registro gráfico del altercado, sólo ellos han prestado declaración ante la Policía. ¿Y todas las demás personas que rodeaban a Bono? Interior tiene que explicar no sólo por qué estos dos ciudadanos fueron seleccionados como sospechosos y no como testigos, sino también por qué la investigación policial no continuó con nuevas declaraciones. Porque si no se indaga más parecerá que sólo se buscaba involucrar al PP, en línea con declaraciones previas de algunos dirigentes socialistas. La otra alternativa es que algún responsable policial haya intentado ponerse medallas ofreciendo cabezas políticas y pinchando en hueso. La interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos es un principio consagrado por la Constitución en el artículo 9. En un Estado de Derecho, son los funcionarios policiales los primeros llamados a garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, precisamente por la amplitud de las potestades que las leyes les confieren para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Cada acontecimientos de este lamentable episodio merece su propio juicio: el acoso inadmisible al ministro de un Gobierno legítimo y el oscuro y bochornoso ejercicio de la fuerza policial contra la oposición democrática. L vos centros, y que los estudiantes recibieran un crédito bancario, que a los bajos tipos de interés existentes era prácticamente sinónimo de pagar a plazos. Todo parecía razonable hasta que el exceso de oferta empezó a crear problemas y obligó a cerrar algunos centros. Y se produjo el colapso del negocio. Pero el asunto de fondo es jurídicamente complejo. Y tiene obvias implicaciones en muchos otros contratos de crédito. Una economía moderna tiene que contar con sistemas efectivos de defensa de los consumidores; sistemas que en los países de nuestro entorno combinan agencias oficiales con asociaciones privadas. Es justo reconocer que en España se han hecho grandes esfuerzos desde todas las Comunidades Autónomas, que tienen plenas competencias en la materia, para poner en marcha desde la nada un sistema de protección al consumidor. Y también que han proliferado, con desigual fortuna y credibilidad, las asociaciones de usuarios, clientes o consumidores. Como demuestra la experiencia de los países más desarrollados, una sociedad civil fuerte y organizada, con consumidores plenamente informados y conscientes de sus derechos y responsabilidades, es la mejor garantía de protección. Por eso se entiende que Adicae quiera aprovechar la oportunidad de un juicio de impacto para hacer avanzar la agenda de protección de los consumidores. Pero será la Justicia la que dirima el asunto. Ningún sistema, por muy sofisticado que sea, puede evitar los fraudes y los comportamientos delictivos. Es entonces cuando hay que dejar actuar a los tribunales. A MÁS EMPLEO PERO NO MEJOR L año ha cerrado bien, mejor de lo esperado, en términos de población ocupada, parada y activa. En 2004 se crearon 461.300 empleos y la tasa interanual de crecimiento alcanza el 2,74 por ciento en el año. El desempleo ha disminuido en 112.000 personas y la tasa de paro ha caído al 10,38 por ciento de la población activa. La tasa de actividad femenina supera además por primera vez el 45 por ciento. Estos buenos datos tienen que ver con la relativa aceleración que ha experimentado la actividad económica en España en el último trimestre. Hasta aquí las buenas noticias. Porque las tendencias apuntadas son las mismas que hacían dudar a este Gobierno de su sostenibilidad cuando estaba en la oposición: el empleo crece en servicios, vinculados a la fortaleza del consumo doméstico y de las importaciones, y en la construcción. Por eso no deben caer en saco roto las advertencias de la Comisión Europea que amonestaba al Gobierno por mantener indiciada la negociación colectiva a la inflación y no a la productividad y a la competitividad. Sólo así, nos recordaba Bruselas, España puede evitar el deterioro de su balanza co- E mercial, que más pronto o más tarde se traducirá necesariamente en pérdida de empleo. De hecho ya se está produciendo en el sector industrial. El Gobierno debe aprovechar la buena coyuntura laboral para hacer avanzar las reformas en el mercado de trabajo. Por eso se entiende tan mal la absurda polémica sobre la indiciación del salario mínimo, justo lo contrario de lo que recomiendan todas las instituciones internacionales. Y negociar medidas que reduzcan la alta temporalidad, lo que exige plantearse los costes de despido. Son reformas mayores, que el Ejecutivo popular sólo se atrevió a apuntar tímidamente y que incluso llegó a retirar algunas, como el célebre decretazo. Pero este Gobierno tiene a su favor, todavía, la coyuntura económica, a sus correligionarios en Bruselas, no en vano Almunia fue ministro de Trabajo y sabe de lo que habla, y la simpatía ideológica de los sindicatos. Sólo la propia incapacidad o la falta de coraje político del Ejecutivo le pueden impedir hacer las reformas laborales que el país necesita para consolidarse en la senda del crecimiento sostenible y converger con la Europa más rica.