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4 Opinión VIERNES 28 1 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO VUELOS DE LA VERGÜENZA ACE ya tiempo que la sociedad española reclama un pacto de Estado en materia de inmigración. La improvisación permanente y la demagogia del papeles para todos han producido resultados nefastos. Crece la alarma social ante un fenómeno que se remonta a la anterior legislatura (el PSOE, entonces en la oposición, se rasgaba las vestiduras) y al que dedica hoy ABC un amplio reportaje: el envío de inmigrantes sin control desde Canarias- -principal vía de entrada al territorio nacional y, por tanto, al Espacio Schengen- -a otras regiones de España, a través de auténticos vuelos de la vergüenza Los destinos principales de estos grupos de personas son, al parecer, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia, sin que nadie parezca explicar de forma racional los motivos que justifican estas opciones y no otras. Se han producido ya conflictos entre autoridades locales y nacionales, como es el caso de Murcia, que no se pueden despachar con argumentos estrictamente competenciales, puesto que deben abordarse desde una posición coordinada de todos los poderes públicos y evitando siempre la confrontación partidista. El rechazo a estas prácticas intolerables conlleva la exigencia de que se ponga fin de forma inmediata a los traslados de inmigrantes. Ante todo, por evidentes razones humanitarias, ya que se trata de personas sin recursos y sin expectativa alguna de incorporación al mercado laboral, presa fácil por tanto para mafias y explotadores del más variado signo. Asimismo, porque existe un grave riesgo para la seguridad ciudadana y también para la salud pública. Se han detectado, en efecto, casos de sida, de tuberculosis y de otras enfermedades contagiosas, algunas de ellas erradicadas hace tiempo, cuya capacidad expansiva crea un serio problema en el ámbito sanitario. El enfoque adecuado del problema exige un diagnóstico preciso de las deficiencias legislativas. Se trata, en general, de personas que llegan a España (normalmente desde el área subsaharia- H na) sin documentación alguna, o bien que ocultan o falsean su país de procedencia o que llegan directamente desde Estados con los que no existen acuerdos de repatriación. Pero es evidente que, más allá de la letra de la ley, resulta fundamental la eficacia de las administraciones públicas, muy especialmente de la Administración General del Estado. El Gobierno debe hacer un ejercicio de realismo y de sentido de la responsabilidad, extremando las medidas policiales que impidan el acceso irregular a nuestro país y concentrando recursos personales y materiales para dar respuesta inmediata a las situaciones concretas que se planteen. Es absurdo apelar al principio de solidaridad para justificar la distribución de los inmigrantes más o menos a la buena ventura. Es inaceptable, en todo caso, la descoordinación entre Administraciones, ya que hay quejas unánimes acerca de la actitud de la Administración central, que no sólo no coopera con las Comunidades Autónomas afectadas sino que- -con frecuencia- -ni siquiera les informa de sus intenciones. La Secretaría de Estado de Inmigración y los demás organismos competentes tienen mucha tarea por delante. El Gobierno debe volcar su atención en un asunto de alto potencial conflictivo, que podría escaparse de las manos en cualquier momento. Se ha dicho con frecuencia que si los partidos democráticos no son capaces de encauzar razonablemente el fenómeno de la inmigración se creará un caldo de cultivo que puede derivar en el apoyo a soluciones extremistas y radicales. Los ejemplos en países vecinos son bien conocidos y basta con examinar la evolución del problema en Francia y en otros Estados miembros de la Unión Europea. Prendida la mecha, no basta con rasgarse la vestidura. La responsabilidad política exige el impulso de una normativa adecuada y, desde ahora mismo, el reforzamiento de la eficacia administrativa, comenzando por la supresión sin excepciones de estos traslados indignos. MEMORIA DEL HORROR ACE sesenta años se produjo la liberación de Auschwitz y, con ella, la irrupción brutal de una palabra en la conciencia moral de la Humanidad. Desde entonces, Auschwitz encarna el icono del horror para todos aquellos que creen en la dignidad humana y el valor de la persona. De hecho, supone la constatación de que el hombre puede ser un lobo para el hombre, pero no sólo en el campo de batalla, sino también en el seno de una atmósfera tan aséptica, técnica y planificada como aquel laboratorio de barbarie levantado detrás de las verjas de un campo de exterminio. Lo más terrible del Holocausto fue que la inteligencia humana, aliada con la técnica y el totalitarismo, fue capaz de conducir a la muerte a más de seis millones de personas. En aquella cadena de montaje del horror que fue Auschwitz se logró por primera vez en la Historia producir la barbarie en cantidades industriales. Y se hizo- -todo hay que decirlo- -porque antes se dieron las circunstancias para que ese escenario brutal se produjera. Primero, porque desde finales del siglo XIX Europa fue cultivando una judeofobia política y cultural que creó un estado de opinión propiciador del odio a los judíos. Y segundo, porque durante el periodo de entreguerras se vivió en todo el continente europeo y, muy en particular, en Alemania una progresiva banalización del mal de la que emergió, finalmente, el totalitarismo nazi. Sin embargo, la responsabilidad por el Holocausto no fue tan solo cosa de los verdugos que accionaron las cámaras de gas. Fue, también, responsabilidad de una sociedad cultivada como lo era la alemana. Una sociedad desarrollada y poseedora de una de las culturas más ricas de Europa que calló víctima de sus demonios interiores al permitir los pasos que paulatinamente condujeron al genocidio judío. Pero las alambradas de Auschwitz no deben hacernos olvidar los otros Holocaustos que vivió el siglo XX. En este sentido, el terror practicado por el comunismo está ahí, con un saldo multimillonario de vidas humanas que exige su justo reconocimiento y homenaje; máxime cuando está también detrás de sus víctimas la faz culpable de un totalitarismo tan despreciable como el nazi. Con todo, después de Auschwitz la fuerza plástica del horror totalitario quedará grabada en la conciencia humana como una advertencia que evite que nuevos Holocaustos puedan producirse. Ojalá que su evitación movilice a la comunidad internacional cuando el riesgo de su vivencia planee sobre cualquier pueblo del planeta amenazado de genocidio. Solo entonces los muertos de Auschwitz yacerán en paz. H EL DERECHO DEL PAPA A respuesta del Ministerio de Exteriores al discurso del Papa, en el que se vertían consideraciones críticas a la política del Gobierno socialista, especialmente en lo relativo a las restricciones a la libertad religiosa en España, sorprende tanto por la inusual fórmula empleada- -convocar al Nuncio para expresarle su extrañeza como por el asombro del que hace gala el Ejecutivo ante el hecho de que Juan Pablo II se pronuncie sobre aspectos concretos que atañen a la doctrina de la Iglesia Católica. Las palabras del Papa, referente moral para millones de católicos en todo el mundo, no constituyen en ningún caso una intromisión en el ámbito de competencia del Gobierno, pues el mensaje del Santo Padre emite un diagnóstico sobre la sociedad española después de tener en cuenta L el libre criterio y las particulares valoraciones de los obispos. Naturalmente, el Gobierno tiene todo el derecho a discrepar sobre el fondo de lo expresado por el Papa, pero resulta chocante que se convoque al Nuncio de Su Santidad a través de una inédita fórmula diplomática que, más allá de las buenas maneras, parece vulnerar precisamente ese ámbito de competencia que reclama el Ejecutivo. Si el Gobierno se ha expresado legítimamente sobre aspectos concretos de la doctrina moral de la Iglesia Católica, a veces incurriendo en una ofensiva simplificación de conceptos, no se entiende que Juan Pablo II no pueda hacer lo mismo para dejar claro el derecho y el deber que corresponden a los obispos de velar por el derecho a la vida y por elementos sustanciales de la educación, el matrimonio o la familia.