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4 Opinión JUEVES 27 1 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO LA CREDIBILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO A estabilidad del sistema financiero de un país es uno de sus bienes públicos más preciados. España tiene la fortuna de contar con uno de los más sólidos, rentables y eficientes de Europa. Pero no ha sido tarea fácil. Ha requerido un continuo proceso de doloroso ajuste de las instituciones financieras, una acertada supervisión y regulación del Banco de España, un lento aprendizaje de las autoridades políticas para superar tentaciones intervencionistas, una apertura a la competencia internacional que ha espoleado a las instituciones a competir con ventaja. Hoy tenemos un sistema envidiable y dos grandes bancos- -Santander Central Hispano y BBVA- -que por capitalización bursátil, volumen de activos, presencia internacional y nivel de beneficios están entre los mejores de Europa. Y los dos se han visto envueltos en algunos problemas, que nada tienen que ver con la gestión y en ningún caso están vinculados a su funcionamiento, y que han de resolverse en beneficio de la estabilidad y solvencia del sistema. Lo último que necesitan es que la injerencia política y la instrumentalización de la justicia por personas que tienen pleitos personales pendientes interfieran en su funcionamiento, manchen su reputación y afecten a su credibilidad internacional. Dentro de este contexto, ayer empezó el juicio oral por las jubilaciones de directivos del Santander Central Hispano, una entidad que de la mano de Emilio Botín se ha situado entre las de mayor solvencia y dinamismo de Europa. Estamos ante un juicio promovido a instancia de parte, un antiguo consejerode Banestocondenado por el Tribunal Su- L premo a más de ocho años por los delitos de estafa y apropiación indebida, y que ha llegado hasta aquí a pesar de que la Fiscalía de la Audiencia y la Abogacía del Estado han pedido reiteradamente el archivo de la causa. Por su parte, el BBVA es otra gran institución, herederade la mejortradición bancaria de la Escuela de Deusto y curtida en fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales. Siempre ha dado satisfacción a sus accionistas. Los resultados de 2004 son excelentes y confirman el acierto de su apuesta Pero inmediatamente después hay que subrayar la imperiosa necesidad de que esas batallas financieras se den sin asomo de injerencia política. L Gobierno y el asesor económico del presidente tienen mucho que aclarar. Sobre todo después de que, fracasado el intento de manipular por vía interpuesta a la CNMV, la Fiscalía Anticorrupción haya decidido abrir diligencias informativas de oficio. Recordemos que los hechos investigados ocurrieron hace nueve años, que afectan a una anterior etapa profesional de Francisco González, que no fueron denunciados por ninguno de los afectados, que no hay legítimos intereses de accionistas minoritarios o pequeños inversores que proteger, y que los presuntos delitos, de haberse producido, habrían prescrito. Que a un mes escaso de la Junta General que ha de ratificar a Francisco González como presidente del BBVA, el Gobierno, o algunos sectores del PSOE, hayan decidido que es más importante ganar el partido para no dar sensación de debilidad que la imagen y la reputación internacional de la economía española, dice poco de la responsabilidad de nuestros gobernantes. Si Zapatero no es un gran intervencionista, tiene que poner fin a este desatino. La economía y el sistema financiero no necesitan más incertidumbres. España ha construido con paciencia y tesón una sólida reputación internacional por su adecuada gestión. Sería una tremenda irresponsabilidad dilapidar ese gran capital por empecinarse en cambiar presidentes, cobrarse facturas pendientes u ocupar espacios de poder que son por naturaleza ajenos a la vida política. E La economía española y el sistema financiero no necesitan más incertidumbres, inquietudes ni amenazas por México. En esas condiciones se ha producido el intento de control del Banco por parte de una constructora y algunos inversores particulares, con el apoyo, más o menos directo, de nombres del entorno de La Moncloa. Lo primero que hay que reafirmar es el derecho que le asiste a todo inversor a comprar acciones de una sociedad que cotiza en los mercados organizados y a aspirar a sentarse en el consejo y llegar a controlarlo. Estas operaciones corporativas son incluso saludables para la eficiencia general del sistema, pues evitan que los consejos se duerman en la rutina con olvido de los accionistas minoritarios. LAS ÚNICAS VÍCTIMAS E atribuye a Winston Churchill la definición de democracia como el sistema en el que si alguien llama a la puerta a las siete de la mañana, es el lechero y no la Policía. Sea más o menos literal esta cita, lo importante es que refleja la seguridad que el imperio de la ley debe dar a los ciudadanos, frente a la arbitrariedad y el abuso del poder. El Ministerio del Interior debe muchas y muy convincentes explicaciones en relación con los dos militantes del PP detenidos por su presunta implicación con el supuesto intento de agresión a José Bono, porque una vez que se ha sabido que el atestado policial descartó, desde el principio, la existencia de agresiones físicas al ministro de Defensa; que no hubopremeditación en el altercado- -ningún manifestante podía saber que Bono iba a acudir a la manifestaciónfuera de la cabecera- -y que los dos detenidos- -los únicos que han prestado declaración en tal condición- -fueron puestos en libertad sin cargo alguno, la investigación ordenada por el delegado del Gobierno en Madrid tiene todos los rasgos de una arbitrariedad preocupante. Porque la vergonzosa actitud de un sector minoritario de los manifestantes- -condenable sin matiz alguno- -no justifica en absoluto una reacción tan S desmedida y desproporcionada. No se pueden matar moscas a cañonazos. Estamos ante un grave ejercicio de desmesura por parte del Gobierno, que contribuirá a elevar todavía más la tensión. No confundamos las prioridades. Bono, objetivo de las iras de un grupo de violentos oculto cobardemente entre la multitud, no es la víctima que debe concitar la movilización de las instituciones, empezando por el Gobierno y por su Alto Comisionado, Gregorio Peces- Barba. La prioridad sigue siendo el apoyo a las víctimas del terrorismo, que han sido la fuerza moral de esta sociedad en la lucha contra ETA y ahora deben serlo también contra el terrorismo integrista. Un apoyo que ha ganado sentido político- -en la mejor connotación de este término- -en los últimos años, porque esas víctimas han sido el emblema de una forma concreta de abordar el fenómeno terrorista. Puede que algunos sectores de la izquierda y, más amplios aún, del nacionalismo identifiquen a las víctimas de ETA con la política antiterrorista de Aznar y que, por esta razón, resulten incómodas para los nuevos escenarios con los que especulan. Si así fuera, habría que recordar que esa política antiterrorista estaba pactada por el PP y el PSOE y que el reconocimiento de las víctimas ha sido determinante para extender la concienciacívica y moral que dio voz y dignidad a una buena parte de la sociedad vasca. Y si el PP debe cuidar que su apoyo a las víctimas no acabe generando confusiones, el Gobierno ha de ser consciente de su responsabilidad en la fractura entre las asociaciones de víctimas y en el mal ambiente que las rodea. En este sentido, el nombramiento de Peces- Barba se ha confirmado como un grave error, tanto en su gestación como en sus primeras decisiones. El Alto Comisionado fue impuesto unilateralmente por el Gobierno, ignorando el Pacto Antiterrorista y a rebufo de la conmoción provocada por la comparecencia parlamentaria de Pilar Manjón, representantede una parte de las víctimas del 11- M. La persona designada, al margen de su trayectoria universitaria, estaba identificada por su filiación partidista y sin antecedentes conocidos de implicación con las víctimas del terrorismo o con los grupos y movimientos cívicos creados en torno a ellas. Hoy, Peces- Barba es más el problema que la solución. No se puede reclamar unidad cuando su actuación y su conducta han fomentado la desunión y el distanciamiento entre las asociaciones de víctimas.