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ABC MIÉRCOLES 26 1 2005 Economía 91 Empieza el juicio de las jubilaciones del SCH La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor del archivo de este caso b El magistrado Antonio Díaz Del- Acoso contra el banco a golpe de veintiocho pleitos Hasta la fecha, Rafael Pérez Escolar y diferentes miembros de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) han planteado no menos de 28 pleitos contra el Grupo Santander. En ningún caso la Justicia les ha dado la razón. De esos 28 pleitos, 7 han sido ya sobreseídos o desestimados de manera definitiva por los Tribunales, e incluso en algunos casos los actores han sido condenados a pagar las costas. De los 21 casos restantes que tienen aún pendiente algún trámite, 13 han sido desestimados en primera instancia y los otros 8 están en periodo de tramitación. gado ha sido designado presidente de la Sala que juzgará a Botín, Amusátegui y Corcóstegui tras ser recusado Gómez Bermúdez ABC MADRID. El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Díaz Delgado presidirá finalmente el Tribunal que a partir de hoy juzgará al presidente del Santander, Emilio Botín, al ex copresidente José María Amusátegui y al ex consejero delegado Ángel Corcóstegui por las retribuciones que los dos últimos cobraron en concepto de indemnización al abandonar el banco. La Sala estará formada, además, por los magistrados Luis Martínez de Salinas y Raimunda de Peñafort Lorente. La designación de Díaz Delgado se produce como consecuencia de la decisión de la Sala de Justicia de la Audiencia Nacional, que acordó apartar a Javier Gómez Bermúdez del juicio al estimar parcialmente la recusación formulada contra él. Las denuncias sobre estas jubilaciones han sido promovidas por Rafael Pérez Escolar, que fue condenado por el caso Banesto banco del que fue consejero, y quién desde la compra de esta entidad que fue intervenida cuando la presidía Mario Conde y posteriormente comprada por el Banco Santander, no ha cejado desde entonces de plantear pleitos conta el SCH y su presidente Emilio Botín. En total hasta 28 pleitos, de los cuales hasta la fecha no ha ganado ninguno. Pérez Escolar es también acusación en el caso de las cesiones de crédito que podría juzgarse a finales de este año. Pérez Escolar fue consejero de Banesto hasta que fue sustituido por el Banco de España en diciembre de 1993. El Tribunal Supremo le condenó en sentencia del 29 de julio de 2002 a nueve años y ocho meses de cárcel por el caso Banesto, con suspensión para ejercer cargo público, por los delitos de estafa y apropiación indebida. Además fue condenado a indemnizar a Banesto con 4,9 millones. Antonio Díaz Delgado contra ambos bancos y sus consejeros. El origen de este caso hay que buscarlo en la fusión del Santander y el BCH, al incluirse en la gestión del nuevo grupo a los dos principales ejecutivos del BCH, José María Amusátegui, como copresidente, y Ángel Corcóstegui, como consejero delegado. Se trataba de los dos máximos ejecutivos del BCH. Sin su aportación, según fuentes del Santander, no se habrían podido conseguir tan rápidamente y con tanto éxito los objetivos de una fusión que sumaba 100.000 empleados y 9.000 oficinas con intereses en más de 30 países. Por ello, el consejo del nuevo banco, el SCH, aprobó sus retribuciones, siendo consciente de que eran importantes, como también era importante la tarea que tenían por delante: la consolidación de la fusión. En todo caso, añade el Santander, las retribuciones estaban en línea con las referencias internacionales de bancos de tamaño similar. Según el Santander, todos los acuerdos del consejo fueron tomados por unanimidad, al margen de la procedencia de sus consejeros. Así ocurrió también cuando se aprobaron las remuneraciones de Amusátegui y Corcóstegui. La consolidación de la fusión fue un éxito, como lo prueba que el beneficio del banco en 2000 fue de 375.000 millones de pesetas, casi el doble que el que sumaban Santander y BCH en 1998. Este éxito permitió que el 26 de junio de 2001, dos años y medio después de anunciarse, se diera por culminado el proceso y el consejo aprobara por unanimidad la unificación de las dos redes de sucursales (Santander y BCH) En este nuevo escenario, Amusátegui plantea en agosto de 2001 su jubilación, que inicialmente estaba prevista para la junta de febrero de 2002. La razón fue que se habían cumplido los objetivos de la fase de copresidencia. Corcóstegui fue ratificado como vicepresidente primero y consejero delegado. Sin embargo, en febrero de 2002 Corcóstegui también decide presentar su renuncia por razones personales. La denuncia ha sido promovida por Rafael Pérez Escolar, juzgado y condenado por el caso Banesto dad una adenda al contrato de Ángel Corcóstegui al ratificarle como vicepresidente y consejero delegado, en virtud de la cuál podía jubilarse en cualquier momento. Su edad entonces eran 50 años. Con ese cambio se ponía en línea con las pautas generales que se venían imponiendo en el banco para las prejubilaciones. En su contrato tenía estipulada la edad para jubilarse en 55 años. Además, podía externalizar sus derechos de jubilación. En febrero de 2002, Corcóstegui solicita su jubilación por causas personales. La renuncia es comunicada a la comisión de Retribuciones del consejo, que acuerda las condiciones de liquidación del contrato estipulándolas en 108 millones de euros antes de impuestos. Dicha cifra, según el Santander, suponía una rebaja del 42 de la que habría resultado del contrato calculando el valor actuarial de los derechos de pensión. El acuerdo también exigió a Ángel Corcóstegui que durante 10 años no pudiera volver a trabajar en el sector bancario. Finalmente, el 14 de febrero se firma la ejecución de los acuerdos del consejo y se abona a Corcóstegui 56.254.732,98 euros. Aprobadas por el consejo Las cantidades percibidas por Amusátegui y Corcóstegui, según el SCH, fueron aprobadas por el consejo, verificadas por auditores, incluidas en la memoria y merecieron la aprobación de los accionistas en la junta. El proyecto de fusión fijó las condiciones aplicables a la jubilación de José María Amusátegui, que habrían de someterse a la aprobación del primer consejo del nuevo banco y que fueron un bonus de 43,7 millones de euros que percibiría con ocasión de su jubilación y derechos de pensión. Los auditores externos informaron favorablemente de la liquidación del contrato. Respecto a Corcóstegui, el consejo del banco había aprobado por unanimi- Bermúdez se basó en la doctrina del Supremo para presidir la Sala N. COLLI MADRID. Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 10 de febrero de 2003 avala la decisión que el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, tomó para presidir el Tribunal que a partir de hoy debe juzgar a Emilio Botín y a dos ex directivos del SCH. Recusado por la acusación que en esa causa ejerce Rafael Pérez Escolar- -condenado a 10 años de cárcel en el caso Banesto Gómez Bermúdez ha sido apartado del Tribunal al estimarse que su autodesignación como presidente del mismo suscita dudas sobre su imparcialidad. La citada sentencia- -citada por Gó- Instruidos por la juez Palacios Tanto el caso de las jubilaciones como el de las cesiones de crédito han sido instruidos por la juez Teresa Palacios, quien pese a las reiteradas peticiones de la Fiscalía de la Audiencia y la Abogacía del Estado para que se archivaran, no ha cejado hasta llevarlos a juicio, aunque no haya perjudicados en ninguno de los casos. Colaborador de Pérez Escolar es el abogado Juan Francisco Franco Otegui, de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) Otegui es fundador y presidente esta asociación a la que no se conocen más actividades que sus intervenciones en las juntas de Banesto y SCH así como la interposición de numerosos pleitos mez Bermúdez en el escrito de justificación de su decisión- -confirmó el año pasado un acuerdo por el que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cataluña había decidido que la presidencia de las diferentes Secciones que integran dicha Sala sería ocupada por él mismo a su libre criterio, cuando la situación en ellas planteada así lo aconseje Este acuerdo, según el Tribunal Supremo, está amparado por la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en su artículo 198.2, establece que las Secciones serán presididas por el presidente de la Sala, por el presidente de la Sección o, en su defecto, por el ma- gistrado más antiguo de los que la integren El precepto, advierte el Supremo, no establece criterio alguno de preferencia entre el presidente de la Sala y el de la Sección, lo que permite al primero asumir la presidencia de las Secciones de la Sala en los asuntos en que lo estime procedente El alto Tribunal indica en su sentencia que el acuerdo del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ catalán no vulnera el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley ni tampoco infringe el principio de inamovilidad judicial Y concluye que nada le impide al presidente de Sala adoptar las decisiones necesarias o simplemente convenientes para asegurar el buen funcionamiento de la Sala y, por tanto, de las distintas Secciones en que se divide, por razones de distribución del trabajo y mejor despacho de los asuntos