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4 Opinión MIÉRCOLES 26 1 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO UN PACTO PARA LA CONVIVENCIA L reprobable intento de agresión y los insultos de los que fue objeto el pasado sábado el ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo son la expresión última y preocupante de un clima de tensión cuyos orígenes no son nuevos, sino que se remontan a la anterior legislatura. Ciertos sectores de la izquierda y del nacionalismo radical pretendieron entonces sustituir la legitimidad del Parlamento por la legitimidad de la calle, otorgando a las manifestaciones y algaradas el valor de un referéndum plebiscitario y condenatorio del Gobierno de José María Aznar. Ejemplos hay muchos, pero los más significativos se vivieron a raíz del hundimiento del Prestige con una campaña en la que el PSOE tal vez no pudo, o no supo, modular su respuesta y su crítica a la polémica gestión del Ejecutivo popular, sirviendo, acaso sin pretenderlo, a otros intereses más extremos. Del Nunca máis que también tuvo en la escenificación de su protesta conatos de violencia verbal y física, se pasó al No a la guerra casi sin solución de continuidad, y la calle se convirtió en un campo de batalla política donde las protestas legítimas de millones de españoles fueron utilizadas con fines claramentepartidistas. Las mayorescotas de violencia se alcanzaron con motivo de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, en las que el papel jugado por el Gobierno de Aznar en el conflicto iraquí sirvió a muchos de pretexto para lanzar una ofensiva contra el PP, con el asalto a sus sedes, el boicot a sus mítines y las agresiones e insultos a algunos de sus más destacados dirigentes. Conviene refrescar la memoria y actualizar el pasado más reciente para adentrarse, con la necesaria dosis de tranquilidad, en el análisis de un clima de tensión social que se retroalimentó peligrosamente DIPLOMACIA PECULIAR E tras los atentados del 11 del marzo a raíz de los últimos días de una campaña electoral marcada por comportamientos políticos inaceptables, y que terminó el 14- M con la victoria incuestionable, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, del PSOE. A la puerta del colegio donde emitió su voto, Aznar fue increpado al grito de asesino acusación recurrente contra el entonces jefe del Ejecutivo durantelos últimosmeses de la anterior legislatura. Desde aquel día, España parece, más que nunca, dividida en dos mitades: la que celebra la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno, por acabar con la etapa negra de Aznar, y la que, diez meses después, cuestiona aún el triunfo socialista por el modo y acontecimientos que rodearon su victoria. Los lamentables incidentes registrados en la manifestación de la AVT tal vez sean reflejo de esa división, a la que el Gobierno y el PP, como principal grupodela oposición, deben hacer frentecon unpacto tácito para la convivencia que serene los ánimos y sirva de dique de contención a los intentos de quienes, precisamente ahora, lanzan su desafío al Estado y están listos para pescar en las aguas revueltas de un país obligado a mantener el sosiego. Algo no funciona bien cuando las víctimas del terror se convierten en sí mismas en expresión de las diferencias políticas y de la lucha partidaria, síntoma grave del grado de tensión de la sociedad. El riesgo de fractura surge siempre cuando un país, imbuido en sus propias pulsiones, sociales y territoriales, se obceca en sus diferencias y no es capaz de dotarse de la suficiente perspectiva para diagnosticar sus dolencias. El PSOE y el PP han dado en su historia probadas muestras de responsabilidad en momentos difíciles. A ellos corresponde poner fin a una situación que amenaza con elevar la tensión hasta límites insoportables para la convivencia. L NI ADULTOS, NI NIÑOS L A Ley penal del Menor sigue siendo motivo de polémica. El juicio contra el acusado mayor de edad por el horripilante asesinato de la joven Sandra Palo ha recuperado las denuncias de sus familiares por la benevolencia del trato penal que recibieron los tres menores ya condenados por estos hechos. La familia de Sandra ha presentado más de un millón de firmas en apoyo de una reforma que endurezca la responsabilidad criminal de los delincuentes menores de edad. Esta polémica no es fácil de resolver de forma drástica, en ningún sentido, porque sobre la responsabilidad penal de los menores el Estado sigue sometido a la presión de dos fuerzas: por un lado, la convicción de que toda sociedad, en aras de su futuro, debe tratar diferenciadamente a los jóvenes delincuentes; por otro, la demanda legítima tanto de las víctimas como de la sociedad de ser amparadas eficazmente. Pero el sistema no funciona. El Código Penal de 1995 elevó la mayoría de edad penal a 18 años. La posterior Ley de Responsabilidad Penal del Menor incurrió en un exceso de perfección, al diseñar un sistema teóricamente irreprochable, pero prácticamente irrealizable. Con la experiencia acumulada es evidente que la ley debe ser reformada y que, al menos, se ha de retornar a la mayoría de 16 años como edad penal para sancionar, conforme a la legislación general, los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual. Estos delitos protegen bienes jurídicos elementales, que a esa edad están al alcance del discernimiento de los jóvenes delincuentes. No es bueno que el Estado ni la sociedad permanezcan inmovilizados por apriorismos científicos que se revelan perjudiciales para la propia eficacia del sistema penal del menor. Ni tratados como adultos a todos los efectos, antes de tiempo, ni como niños, cuando ya han dejado de serlo. OS viajes del presidente Zapatero están resultando un tanto peculiares. De tanto empeñarse en marcar diferencias, se está perdiendo el sentido de Estado que caracteriza la acción exterior. De la visita en curso a Iberoamérica, tras conseguir incomodar a Venezuela y Colombia, llega la sorprendente noticia de la cancelación de la cita prevista en la Argentina con empresarios españoles. Un viaje que pretendía defender los intereses económicos en la región se ha convertido en un motivo más de enfrentamiento entre las empresas españolas y el Gobierno, y entre nuestras empresas y el presidente Kirchner. Suele pasar cuando se politizan las relaciones exteriores y se anteponen las afinidades ideológicas, siempre coyunturales en democracia, a los intereses de Estado. Argentina es destino principal de las inversiones españolas por una cuantía superior a los 35.000 millones de euros. La presencia de nuestras empresas en sectores estratégicos y de alta visibilidad, como bancos, telecomunicaciones, construcción, energía y agua ha sido motivo de polémica y de frecuentes fricciones con el Gobierno. Con éste de Kirchner y con los anteriores. Pero hasta los más críticos reconocen que su aportación ha sido determinante en la modernización de la economía argentina. Han aportado capital, tecnología, gestión profesional y calidad de servicio cuando pocos más confiaban en ese país. Además, España ha participado directamente, con mil millones de dólares, en la operación de salvamento organizada tras el hundimiento de la caja de convertibilidad con el dólar. Las inversiones españolas se concentran en sectores altamente regulados y que por tanto tienen un importante riesgo político y regulatorio. Algunas de ellas se encuentran inmersas en complejos procesos legales para la renovación de tarifas y lo menos que puede decirse es que el Gobierno Kirchner no está siguiendo una política de consenso y diálogo como la que tanto pregona Zapatero. Por eso se entiende tan mal que se cancele una reunión con empresarios para evitarle un mal trago a Kirchner. Justo lo contrario, por cierto, de lo que hizo el presidente Chirac en ocasión semejante, en la que aprovechó para apoyar a sus empresas y recordar que algunas de ellas estaban planteándose abandonar el país, y dar por perdidas sus inversiones, ante la falta de la más elemental seguridad jurídica. Pareciera que en el Gobierno español se sufre de mala conciencia y se comparten algunas actitudes tercermundistas que culpan de la crisis argentina a los inversores españoles. Ya va siendo hora de que nuestra diplomacia económica madure y se ponga a la altura de nuestras empresas. Aunque, bien mirado, quizás no haya tantas diferencias entre la actitud de Kirchner y algunos excesos cometidos recientemente en nuestro país.