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4 Opinión MARTES 25 1 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO EL PLAN IBARRETXE Y LA DOBLE MORAL NACIONALISTA OS grupos nacionalistas vascos del Congreso de los Diputados han presentado un escrito ante la Mesa de esta Cámara para evitar que el plan Ibarretxe se vote en la sesión plenaria del 1 de febrero. Según los nacionalistas, la propuesta aprobada por el Parlamento vasco es una reforma estatutaria y debe ser tramitada por el procedimiento paccionado y bilateral (sic) establecido en el artículo 151 de la Constitución. El PNV ya ha anunciado que si la Mesa del Congreso rechaza su petición acudirá al Tribunal Constitucional, solicitando su amparo frente a lo que, a su juicio, es una quiebra del proceso de negociación previsto por la Constitución. Tanto PP como PSOE han mostrado su rechazo a este planteamiento, destacando la desfachatez nacionalista de aprovecharse de los mecanismos constitucionales para atacar la Constitución. Sin embargo, el PNV y el Gobierno vasco ya manejaban esta posibilidad desde que pusieron en marcha el plan Ibarretxe. El informe que emitieron los expertos legales del lendakari sobre su propuesta se cerraba con dos opciones acerca de la actitud que podía adoptar la Mesa del Congreso: o devolver el plan a la Cámara vasca por ser una reforma constitucional encubierta o calificarlo como reforma estatutaria, en cuyo caso se abriría el procedimiento del artículo 151 de la Constitución, que remite la negociación de la propuesta a la Comisión constitucional del Congreso, sin una sesión plenaria previa. ABC publicó este informe el día 8 de septiembre de 2003. Los nacionalistas se aprovechan de las facilidades y los errores del Gobierno. El primero fue no impugnar la resolución del día 30 de diciembre pasado, del Parlamento Vasco, ante el TC. El segundo ha sido confirmar el baile de máscaras EL PAPA ADVIERTE L en que el PSOE ha convertido el trámite parlamentario del plan Ibarretxe, al calificarlo como reforma estatutaria. La astucia nacionalista no es más que la capacidad del PNV para aprovecharse de las circunstancias y amarrarse a la asepsia de los procedimientos, ya que el Ejecutivo ha decidido no pelear jurisdiccionalmente contra el contenido del plan. Así sólo se ha conseguido sumir al Estado en riesgos innecesarios y franquear a los nacionalistas el paso de su plan soberanista por el Congreso de los Diputados, donde por vez primera se debatirá una iniciativa separatista. Lo que diga el TC, si finalmente el PNV solicita su amparo- -incluida la suspensión cautelar del acuerdo de la Mesa del Congreso- es impredecible, porque la arbitrariedad de las tácticas políticas ya ha suplantado las certezas del principio de legalidad. Un Estado de Derecho no es más que un sistema de protección frente a la infracción del ordenamiento jurídico. Las leyes, los procedimientos y los Tribunales- -también el Constitucional- -están establecidos para responder adecuadamente a las ilegalidades y el plan Ibarretxe es la inconstitucionalidad más flagrante de cuantas ha conocido la democracia española. Que ahora el Gobierno y el PSOE denuncien la doble moral nacionalista de ampararse en la Constitución para atacarla- -registro que el nacionalismo vasco comparte con Esquerra Republicana de Catalunya- -es la prueba plena de su error en la gestión de esta crisis de Estado. Son los socialistas los que han aceptado el plan del lendakari como reforma estatutaria y ahora los nacionalistas van a llevar su órdago hasta el final, sabiendo además que su recurso ante el TC puede condicionar la futura tramitación de la reforma del Estatuto catalán. E ESPERANZAS DE PAZ AS esperanzas de paz que se abrieron paso a raíz del cambio de liderazgo en la Autoridad Nacional Palestina parecen haber llegado a un momento crucial, en el que la buena voluntad de ambas partes, palestinos e israelíes, va a ser puesta a prueba. El presidente Abu Mazen ha logrado un principio de entendimiento inédito entre todas las facciones palestinas que podría suponer el inicio de una tregua en las acciones terroristas contra intereses israelíes. A pesar de lo que puedan pensar en el fondo sobre las verdaderas intenciones de ciertos grupos radicales palestinos, las autoridades israelíes están obligadas a responder de buena fe y evitar cualquier acción que pudiera volver a prender la siniestra espiral de la violencia. En estos momentos, la semilla de concordia ha caído en un terreno pedregoso y poco fértil para L dar frutos, porque en Oriente Medio todavía hay muchos rencores y viejas venganzas pendientes. Aún tendrá que pasar mucho tiempo para que las cosas germinen de forma natural en tierra feraz y no en esta especie de campo minado en el que viven desde hace medio siglo palestinos e israelíes. Pero hasta las obras más complejas empiezan con un ladrillo, y hoy israelíes y palestinos tienen la ocasión de empezar a poner unos pocos. Lo único que sabemos con toda certeza es que la paz beneficiará a ambos y que cuantos más ladrillos se coloquen, más sólido será el edificio de la paz. Europa y Estados Unidos deben hacer todo lo que esté en su mano para favorecer este esperanzador proceso, advirtiendo que no podrán seguir apoyando a quienes prefieran volver a la violencia. N su discurso a los obispos, Juan Pablo II ha enviado un importante mensaje a la sociedad española en general y al Gobierno socialista en particular. El Papa ha puesto en conexión la mentalidad laicista con las restricciones a la libertad religiosa, despreciada o ignorada por quienes hacen del relativismo moral centro y eje de su ideología política. Sitúa así el debate en el terreno de los Derechos Humanos, el mismo que algunos pretenden monopolizar desde un progresismo teórico que desconoce la raíz cristiana de la igualdad y la dignidad de la persona. Buen motivo para la reflexión de quienes han convertido en seña de identidad un laicismo militante, en contra del sentido común y del sentimiento de una gran mayoría de ciudadanos, indignados unos y perplejos otros ante una oleada que trata quizá de distraer la atención respecto de otros asuntos. El Papa resalta también que la fe cristiana ha dejado una profunda impronta en la cultura y en la vida españolas. No se trata, a estas alturas, de plantear criterios de confesionalidad sociológica, sino de recordar una realidad patente, en plena sintonía con la referencia específica a la Iglesia católica en el artículo 16 de la Constitución. Por ello, no es aceptable que se trate con desprecio a millones de católicos al tiempo que se adoptan medidas en favor de otras confesiones, muy respetables pero claramente minoritarias. En la misma línea, la mención a los acuerdos de 1979 expresa una preocupación compartida por muchos sectores. Sostiene con razón el Pontífice que la enseñanza de la Religión con una valoración académica adecuada forma parte de una educación integral Una enseñanza que se concibe también en este caso como un derecho de los jóvenes a no verse privados de una faceta fundamental para su formación personal e intelectual. Con la prudencia propia del caso, Juan Pablo II ha dejado claros el derecho y el deber que corresponden a los obispos de velar por el derecho a la vida y por los elementos básicos del matrimonio y la familia, referencias muy precisas a los planes precipitados y poco justificables del Gobierno en asuntos que la sociedad española no considera prioritarios. Es llamativa también, porque apunta a los principios de unidad y solidaridad, la mención al problema del agua, recurso natural cuyo uso debe orientarse al bien común. Un discurso, en fin, que encierra una notable reflexión sobre aspectos de gran importancia para una convivencia que pretenda sustentarse en criterios morales y que merece una atención reflexiva por parte de los gobernantes y del conjunto de la sociedad.