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ABC DOMINGO 23 1 2005 Sociedad 59 DEBATE SOBRE EL MATRIMONIO ENTRE HOMOSEXUALES A FAVOR EN CONTRA SIN DISCRIMINACIONES LUIS AGUIAR DE LUQUE Catedrático de Derecho Constitucional, vocal del CGPJ NO ES MATRIMONIO JOSÉ LUIS REQUERO Magistrado, vocal del Consejo General del Poder Judicial robablemente, la idea de que dos personas del mismo sexo (biológico) puedan contraer matrimonio puede provocar una cierta sensación de sorpresa. Sin embargo, a poco esfuerzo de comprensión que hagamos desde la razón jurídico- constitucional y desde la tolerancia ideológica, llegaremos a un entendimiento distinto del problema. El artículo 32.1 de la Constitución dice que el hombre y la mujer tendrán derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica La Constitución consagra así un derecho, pero no impide, al menos explícitamente, que un hombre contraiga matrimonio con otro hombre o que una mujer lo haga con otra persona del mismo sexo, pues como ha constatado el Consejo de Estado, la mención expresa del hombre y la mujer en dicho artículo no impide, por sí y a priori, que el legislador pueda extender a parejas homosexuales un sistema de equiparación por el que los convivientes homosexuales puedan llegar a beneficiarse de los plenos derechos y beneficios del matrimonio Las dudas de constitucionalidad se suscitan en otro terreno: en qué medida el constituyente constitucionalizó en dicho precepto una institución, el matrimonio, dotada de unos determinados caracteres, entre los que figuraría la heterosexualidad, caracteres que no se encuentran a la libre disposición del legislador. No creo, sin embargo, que tal enfoque sea correcto. La Constitución utiliza con frecuencia expresiones de impreciso contenido, cuya concreción sólo puede alcanzarse a partir de la concepción social vigente en el momento de interpretar tal vocablo. Y ciertamente el término matrimonio ha venido estando históricamente asociado a la idea de heterosexualidad. Pero no se puede desconocer que la evolución en materia de moralidad y costumbres ha sido extraordinaria en los últimos treinta años. Hoy la aceptación social de la homosexualidad es notable. Más aún, el reconocimiento de la homosexualidad como expresión del li- P bre desarrollo de la personalidad (artículo 10 de la Constitución) ha traspasado el umbral del hecho meramente sociológico para tener entrada en el ámbito jurídico. El Parlamento Europeo, en diciembre de 2000, solicitó a los Estados miembros de la Unión que garanticen a las parejas del mismo sexo la igualdad de derechos con respecto a las parejas y familias tradicionales. Y la Constitución Europea, ahora tan de actualidad, además de prohibir explícitamente la discriminación en razón de la orientación sexual, garantiza el derecho a contraer matrimonio sin mencionar la diversidad sexual de los contrayentes, lo que, con toda evidencia, no es casual a decir del Consejo de Estado. Nuestro propio ordenamiento también parece haberse hecho eco de esta evolución sin suscitar dudas de constitucionalidad. Así, cuando ha aceptado la posibilidad de que un hombre pueda contraer matrimonio con persona nacida varón pero que, dada su orientación sexual, se ha sometido a unas operaciones quirúrgicas que le permiten presentar rasgos femeninos, ¿cómo puede decirse a la luz de ello que el artículo 32 de nuestra Constitución permanece indiferente a dicha evolución y sigue vedando el matrimonio entre personas del mismo sexo? Ciertamente, la solución menos comprometida para el legislador hubiera sido, en línea con lo apuntado por el Consejo de Estado, crear una institución a la quedenominaseconuna expresiónequivalente a la de matrimonio (por ejemplo, casamiento confiriendo a ésta los mismos derechos y beneficios que los que tiene la institución matrimonial. Pero ¿sería constitucionalmente legítimo que, para preservar la pulcritud del término matrimonio se privase a un colectivo de ciudadanos por razón de su orientaciónsexuallaposibilidaddeacceder a la institución matrimonial? Si tan similar fuese el régimen jurídico de una yotrainstitución, ¿noseestaríadiscriminando a un conjunto de ciudadanos sin una justificación objetiva y razonable? oherencia no falta. Que se iba a regular el matrimonio entre personas del mismo sexo era previsible: estaba en el programa socialista y lo anunció el ministro en las Cortes el pasado 25 de mayo; ya en la pasada legislatura, el PSOE y otros partidos presentaron diversas proposiciones para regularlo. Tanto empeño contrasta, sin embargo, con el temor al debate. Estamos ante una reforma crucial, que trastoca uno de los fundamentos del Derecho de Familia, y se quiere introducir entre aplausos de sus partidarios pero silenciando no a sus detractores, sino a todo el que ve objeciones jurídicas. En efecto, el Gobierno sabe- -lo daba por descontado- -que tenía que oír al Consejo General del Poder Judicial, pero ante el indicio de un parecer insatisfactorio optó por retorcer la ley para hacerle decir que no era necesario. También debió oír a la Comisión General de Codificación, cuya función es asesorar al Ministerio de Justicia en su labor legislativa, pero tampoco se le ha oído. No le quedó más remedio que oír al Consejo de Estado, que hizo importantes observaciones, pero el Gobierno dijo que no C Si puede ser matrimonio cualquier unión basada en la demanda social, en la libertad y en el puro afecto, puede serlo la poligámica El matrimonio se asienta en algo objetivo como es la diferenciación de sexos, no en las tendencias sexuales de sus miembros pensaba atenderlas. Cuando se tiene entre ceja y ceja sacar adelante esa reforma, se ve como oponente político a cualquiera que tenga dudas jurídicas. Aun así, el Consejo ha opinado en Derecho sobre una reforma de consecuencias incalculables. Porque así lo es trastocar el matrimonio, uno de los cimientos en que se basa el orden jurídico. Y hemos dicho que hay razones para sostener la constitucionalidad de la reforma, pero también para dudar, y entendemos que éstas son más sólidas que aquéllas. La Constitución no ha inventado el matrimonio, sino que se encuentra con una institución jurídica milenaria uno de cuyos caracteres- -la heterosexualidad- -le da sentido; se dice que la adopción por homosexuales va en contra del interés superior de los menores, que no pueden ser un pretexto para que aquellos obtengan su homologación jurídica. Con los menores no se juega, no son objeto de presuntos derechos ajenos. Y si puede ser matrimonio cualquier unión basada en la demanda social, en la libertad y en el puro afecto, puede serlo la poligámica- -y la poliándrica, claro- y no debemos ir muy desacertados cuando la Federación de Entidades Religiosas Musulmanas ha pedido ya que se regule. El matrimonio se asienta en algo objetivo como es la diferenciación de sexos, no en las tendencias sexuales de sus miembros o en sus deseos, y el interés público en su regulación radica en que es base de la familia, que se asienta en la heterosexualidad y lo corrobora el artículo 39 de la Constitución. Muchas más razones se dan en un informe- -que está a disposición de todos- -para desaconsejar una iniciativa de ingeniería social y cuando no se gobierna y lo que se busca es cambiar la sociedad, ya sabemos qué pasa. El siglo XX estuvo lleno de ingenieros sociales que dejaron desolación. Los frutos de esta reforma llegarán tarde o temprano. Los cimientos del orden social y jurídico no se alteran gratuitamente.