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ABC DOMINGO 23 1 2005 La Entrevista 11 El presidente del Consejo de Estado cree que la religión no debe ser una asignatura evaluable en el sistema público de enseñanza rado por referencias específicas de esa comunidad nacional, pero sabiendo que esa comunidad nacional no es la dueña única de ese territorio. Por eso sugerí el término. Desde el punto de vista de las ideas que estoy exponiendo, lo que no me parece bien es que ninguna comunidad autónoma se autodefina a sí misma como comunidad nacional. Las comunidades autónomas no tienen que definirse en sus estatutos de ninguna manera. ¿Obligaría la introducción de ese nuevo término a reformar el artículo 2 de la Constitución, que habla de nacionalidades y regiones? -Creo que no es necesario. El artículo 2 es en cierta medida una disposición transitoria y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Y ese derecho a la autonomía se ha plasmado en la creación de Comunidades Autónomas. No tengo ninguna propuesta para modificarlo. ¿Hasta dónde puede aguantar el Estado el órdago de Ibarretxe? -Sobre que las Cortes Generales deben decir que no al plan Ibarretxe, no tengo ningún género de duda. Más que por lo que dice, por la manera en que lo dice. Hay muchas cosas que serán buenas, malas o regulares, pero que se pueden discutir. Lo que no se puede discutir es el preámbulo, porque eso es una provocación y el Gobierno de España no puede entrar a la discusión. En ese punto, la respuesta no puede ser mas que no. El órdago ulterior no sé si se va a producir, pero sugiero una observación: el señor Ibarretxe dice que el referéndum o consulta no tendrá valor jurídico, sino político. En democracia aceptamos que la política sólo se hace en el marco del Derecho. Al afirmar que se va a realizar un acto que no tiene valor jurídico pero sí valor político, uno mismo se está colocando fuera de la democracia. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Dudo mucho que se llegue a convocar el referéndum, pues el Gobierno tiene instrumentos ordinarios para frustrar eso. ¿Queda el Estado indefenso con la supresión del delito de convocatoria ilegal de referéndum? -Eso no hay problema. Vamos a imaginar que se convoca el referéndum. Se recurre al Tribunal Constitucional, éste lo suspende sin ningún género de duda. Y si aún se sigue adelante, hay un delito clarísimo de desacato a un mandamiento judicial. ¿Vería justificado, como han defendido algunas voces en el PP, la aplicación del artículo 155 de la Constitución? -El artículo 155, que heredamos de la constitución alemana, está muy bien y tiene que estar en la Constitución. En Alemania no lo han utilizado jamás. Que no lo hayan hecho allí no quiere decirse que no se pueda hacer en España, pero es un último recurso porque es una medida muy traumática. Si a uno lo ponen entre la espada y la pared, al final tiene que hacer de tripas corazón y acudir a las medidas por traumáticas que sean, supongo, pero con la conciencia de que es un instrumento que hay que intentar no utilizar mientras haya otros elementos. -La mera aprobación por el Parlamento vasco del plan Ibarretxe, en la medida en que contiene planteamientos claramente inconstitucionales, ¿no era suficiente para recurrir ante el TC? -Eso lo he combatido siempre. El plan Ibarretxe es una propuesta inaceptable, pero vivimos en una democracia liberal y la gente puede hacer propuestas inaceptables, mientras se queden en propuestas y no intenten imponerlas. Si un partido propusiera ahora la abolición de la propiedad privada, eso sería inconstitucional, pero no lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional por eso. -Pero las propuestas, más allá del efecto jurídico, tienen un efecto social indudable. ¿No hay riesgo de que los nacionalismos excluyentes (Pasa a la página siguiente)