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58 SÁBADO 22 1 2005 ABC Cultura y espectáculos Muchos documentos del Archivo catalogados como fondo de la Generalitat no proceden de ella Así consta en un informe solicitado por el Ministerio de Cultura en 1989 bloques de legajos que fueron incautados en instituciones ajenas a la Generalitat: en comités, cuarteles o archivos particulares ANTONIO ASTORGA MADRID. Un informe fechado el 5 de junio de 1989- -solicitado por la entonces directora de Archivos Estatales al director del Archivo Histórico Nacional Sección Guerra Civil de Salamanca- -confirma que un importante volumen del conjunto de documentos catalogado en Salamanca como fondo de la Generalitat de Catalunya correspondiente al periodo 1932- 39, no procede físicamente de instituciones de la Generalitat. Si bien- -matiza el documento- -constituye un conjunto de materiales sobre los que tuvieron, directa o indirectamente, en algún momento jurisdicción organismos de la Generalitat ABC ha tenido acceso a este informe que da detallada cuenta de la documentación que obra en el Archivo de Salamanca procedente de la Generalitat de Cataluña (periodo 1932- 39) b El documento detalla los 265, con documentación relativa al Patronato del Monasterio de Santes Creus- -claramente procedentes del Archivo Privado de Pedro Lloret Ordeix- -y el legajo 266, con documentos de la CENU, también manifiestamente procedente del archivo personal de Albert Carsi A continuación, el informe apunta que muy probablemente la documentación de Departamentos o Consejerías como la de Sanidad y Asistencia Social, Gobernación, Trabajo, Obras Públicas, Abastos y Justicia, o Economía y Finanzas procede, además de los organismos de la Generalitat, de archivos particulares como los de Herrera, Los materiales fueron enviados por remesas, que se entremezclaron, a la Sección Político Social en Salamanca La necesidad de fichar a los enemigos del nuevo régimen llevó a obviar criterios científicos en la clasificación Vidiella o Tarradellas El documento informa, en primer lugar, sobre la documentación producida por diversos organismos de la Generalitat de Cataluña en el periodo 1936- 39 conservada en la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional. Así, considera que la forma en que se realizó la clasificación de los fondos que los equipos de recuperación de documentos, dependientes de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos y destacados junto a las tropas del Ejército de Ocupación franquista en los distintos frentes, rompió por completo los esquemas tradicionales de organización de los documentos en archivos, desatendiendo por completo la norma del respeto necesario a la procedencia de los fondos Enlegajados, foliados y estanteados Los materiales recogidos fueron enviados por remesas, que se entremezclaron, a la denominada Sección Político Social de la Delegación central, con sede en Salamanca: Una vez allí, eran enlegajados, foliados y estanteados los bloques de papeles procediéndose al vaciado del contenido con el fin de hacer accesible, lo más rápido posible, la información sobre personas con responsabilidades políticas en las instituciones republicanas u organizaciones Romper moldes Un primer inventario de los fondos de la Generalitat se realizó entre los años 1983 y 1985, fruto del convenio suscrito entre la Administración del Estado y la Generalitat para el inventario y posterior microfilmación de la documentación conservada en el Archivo procedente de la Administración de la Generalitat. Tras estudiarlo detenidamente, el informe llega a una conclusión tajante: Clarísimamente hay bloques de legajos que fueron incautados en instituciones ajenas a la Generalitat: legajos 340 a 504, correspondientes al Comité Central de Milicias Antifascistas, incluidos en la selección por el sólo hecho de que, tras la disolución del Comité, sus hombres y enseres pasaron a depender del Departamento de Defensa de la Generalitat, pero incluso así las competencias en materia de Defensa volvieron a la Administración central en 1937. Pero es que además- -añade el informe- -hay recogida una incautación en la sede del Cuartel de Milicias. Asimismo, proceden de incautaciones en domicilios particulares los fondos descritos en los legajos 505 (archivos particulares de Isla Bosh y Rovira Virgili) los legajos sobre la Comisión Mixta del Estatuto y Correspondencia particular de Maciá, muy posiblemente procedentes de la Casal Maciá- Ezquerra los legajos 264 y integrantes del Frente Popular La necesidad perentoria de fichar a los enemigos del nuevo régimen llevó a los responsables de aquel organismo a obviar cualquier criterio científico en la clasificación para ir, de forma muy Justicia buscaba cómo satisfacer un objetivo político del Gobierno ABC PALENCIA. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aclaró ayer que el informe de la Abogacía del Estado sobre la restitución a la Generalitat de algunos papeles del Archivo General de la Guerra Civil hecho público esta semana, pero con fecha de junio de 2004, fue encargado por el Ministerio de Cultura para conocer el procedimiento con el que se podía satisfacer un objetivo trazado por el Gobierno y que es puramente político según informa Servimedia. Insistió en esta consideración al subrayar que la devolución a Cataluña de la parte del Archivo de Salamanca expoliada durante la Guerra Civil es una decisión política que compete exclusivamente al Gobierno e ignorando que por entonces no se había informado del comienzo del proceso al Patronato del Archivo y ni siquiera López Aguilar, ayer en Palencia se había constituido la Comisión de Expertos que Carmen Calvo pactó con la Generalitat para asesorar al Gobierno en el contencioso. A su llegada a la localidad palenti- na de Magaz de Pisuerga, donde los socialistas celebraban ayer sus jornadas de debate sobre la Constitución de la UE, el ministro de Justicia recordó que el informe de la Abogacía General del Estado, que recomienda que la devolución de la documentación se haga mediante una ley, no se opone en ningún caso al traslado y, además, negó que la decisión del Gobierno se deba a las presiones de ERC dentro del tripartito catalán. Se trata, dijo, de una afirmación sin justificación ni fundamento porque la reclamación se remonta tiempo atrás y ha requerido siempre una respuesta política de un Gobierno que se lo tome en serio. Es el Gobierno el responsable de dar respuesta a esta demanda y la Abogacía General del Estado no aporta ninguna decisión política ni ningún criterio, sino un dictamen técnico acerca del procedimiento y el instrumento normativo que lo haga efectivo precisó. Además, insistió en que la problemática se puede solucionar con criterios democráticos como pretende el Gobierno, y eliminando la demagogia