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4 Opinión VIERNES 21 1 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO CONSTITUCIÓN EUROPEA: ERRORES DE CAMPAÑA RESPIRO PARA IZAR L A campaña institucional sobre el referéndum del nuevo Tratado europeo ha sido un error político y, tras la resolución de la Junta Electoral Central que la anula parcialmente, también jurídico, aunque todavía sean ambos subsanables. El Gobierno la organizó desde el principio como una cortina para sustituir el debate, unánimemente reclamado, por una evidente propaganda a favor del sí, abandonando el papel institucional- -por tanto neutral- -que le impone la ley electoral y confundiendo a una parte de la opinión pública sobre la verdadera naturaleza de esta convocatoria. Ha sido el socio preferente del PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya, el causante del duro revés sufrido por el Gobierno, después de que la Junta Electoral Central estimara un recurso de los independentistas y ordenara suprimir el lema institucional Los primeros en Europa al entender que se trata de una clara inducción al voto favorable. Sin duda, como ya se advertía en esta página editorial, el lema sugería el sí al proponer a los votantes que fueran los primeros en ratificar el Tratado, asociado a la idea y al nombre de Europa. El Gobierno, de forma innecesaria, ha debilitado su posición política en la dirección de la campaña institucional de la consulta, no porque los efectos de la decisión de la Junta Electoral sean amplios- -que pueden no serlo- sino porque acentúan el tono plebiscitario queel Ejecutivo estaba dando a esta consulta no vinculante. Siendo Europa el gran proyecto exterior de España, el Gobierno tiene que aceptar que no ha sabido conducirse con criterios integradores y que el tono de la campaña puede provocar, innecesariamente, un movimiento reactivo en buena parte del electorado si plantea su voto en términos plebiscitarios sobre la gestión del Gobierno antes que pensando en el propio Tratado constitucional. La responsabilidad del Ejecutivo ante los ciudadanos era y sigue siendo la difusión objetiva del nue- vo Tratado y la animación de debates públicos sobre su contenido, simplemente porque no procede suplantar el conocimiento crítico y reflexivo de una norma con pretensiones constituyentes por una publicidad que no ha puesto sobre la mesa la realidad del proyecto europeo. Ésta es la consecuencia de haber precipitado una consulta popular, cuando desde Bruselas se recomendaba que no se celebraran antes del mes de mayo, sin tiempo para explicar qué es lo que está en juego y cómo afecta a la posición europea de España, y sólo por satisfacer el afán del Gobierno de llegar primero a la meta en una carrera que es más de fondo que de velocidad. La evolución de las encuestas debería preocupar al Ejecutivo, porque en ellas se refleja el resultado de los acontecimientos: desciende el porcentaje de los dispuestos a votar a favor del Tratado y aumentael de los indecisos. Despuésde que elPP hayacomprometido su apoyo explícito al Tratado constitucional, el Gobierno tenía todo a favor para propiciar una campaña de información neutral, pudiendo confiar en que tanto el PSOE como los populares asumirán la responsabilidad de asegurar el voto favorable. No sólo no ha actuado como debía, sino que, además, el Gobierno ha dado bazas a los partidarios del no, que son, precisamente, sus fieles aliados, Izquierda Unida y ERC, ciertamente poco aconsejables como socios de un Gobierno que reclama para sí la vitola del europeísmo. Además, se queda definitivamente sin argumentos para endosar al PP un posible y nada deseable fracaso de participación o, en general, de resultados. Aún hay tiempo para enderezar la campaña institucional y para que el Gobierno se reponga en su papel neutral y, al mismo tiempo, activo para la difusión de un Tratado que apoyan sin reservas los dos grandes partidos nacionales y que, al margen de otras consideraciones favorables, sirve para contener las aventuras secesionistas de los nacionalismos radicales. L AGUA INSOLIDARIA A ausencia de lluvia en muchas regiones de España desde el pasado otoño provocó ayer una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente de los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas con el director general del Agua. Existía una razón oficial para ese encuentro, gestionar futuras sequías y había un desenlace que, no por menos esperado, puede enfrentar de forma definitiva a unas regiones con otras. El Gobierno escenificó la que puede ser una lenta agonía para la cuenca del Segura. Paralizado el trasvase del Ebro, que pasó a mejor vida, sin inversiones procedentes de la Administración central, el Ejecutivo advierte ahora que habrá que empezar a limitar las aguas que se transfieran a través del acueducto Tajo- Segura si no llueve en un mes. L Sorprende que un Gobierno que ha hecho de la equidad y la solidaridad interregional bandera de su gestión social no aplique esos mismos preceptos en lo referente a la política del agua y parezca dispuesto a fomentar la insolidaridad entre regiones, o, peor aún, entre Comunidades del PP y del PSOE, como si los recursos hídricos se distribuyeran por criterios estrictamente partidistas. El reto, ahora, del Gobierno socialista es cómo afrontar este tiempo de sequía en un momento en que los agricultores están empezando a sufrir con toda su crudeza los efectos de la ausencia prolongada de lluvias. Y ese reto debiera partir de la solidaridad entre regiones. Lo otro es convertirlas en instrumentos de la contienda política. A comisaria europea de la Competencia le ha dado una alegría al Gobierno español al aceptar en principio la solución planteada para Izar. En una carta remitida al vicepresidente Solbes, acepta el plan de separación de los astilleros civiles y militares con la única condición de que el Ejecutivo se comprometa formalmente a limitar la capacidad de producción civil de Izar al 20 por ciento en una fase de tres años Las primeras reacciones sindicales han sido de satisfacción y han ratificado su acuerdo con el plan de la SEPI, que prevé la jubilación de 4.100 trabajadores. Con la decisión de Bruselas no se acaban los problemas. Queda por asegurar la carga de trabajo de la empresa resultante y encontrar inversores privados dispuestos a arriesgar su capital en un sector difícil y con riesgo no desdeñable de politización. Al primer objetivo puede responder el sorpresivo viaje del presidente Zapatero a Venezuela, donde se debería concretar la promesa de Chávez de que la empresa pública de petróleos encargue varios metaneros a Izar. Sería un éxito que así fuera, sobre todo si se desvelan también las condiciones de financiación de ese encargo para que la opinión pública conozca el coste real de la operación de salvamento de Izar. Más difícil parece que haya inversores privados interesados en quedarse con la parte civil de la sociedad. Sobre todo después de que algunas Cajas de Ahorros hayan anunciado sus reticencias. Sería un error que para resolver los problemas de competencia desleal y ayudas públicas contrarias al Tratado, que cita la comisaria Neelie Kroes, el Gobierno creara un conflicto potencialmente más grave sobre la naturaleza jurídica de las Cajas. El sistema financiero español no necesita más sustos, ni el Ejecutivo más pleitos por injerencia en la vida empresarial. Por eso es de agradecer la sobriedad con la que Solbes ha recibido la noticia, consciente de que con la carta de Bruselas desaparece un obstáculo infranqueable, pero no llega todavía la solución. Sabe el vicepresidente que le quedan duras negociaciones con sindicatos y empresarios para determinar las condiciones en que la iniciativa privada estaría dispuesta a hacerse con los activos de Izar. No deben repetirse situaciones en que los adjudicatarios demostraron luego carecer de la mínima solvencia empresarial y no eran más que meros especuladores o hábiles cazasubvenciones. Será necesario que el vicepresidente utilice toda su credibilidad con los interlocutores sociales. Sólo queda confiar en que la ruptura del diálogo social no interfiera en la solución a este drama humano, que lleva demasiados años castigando a varias localidades españolas.