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ABC JUEVES 20 1 2005 Nacional 23 Caldera negocia que la Policía española consulte las bases de datos de Ecuador Los ecuatorianos ya no tendrán que sellar sus certificados de penales que no habrá regularizaciones, si no existe garantía total de la fiabilidad de los datos; los inmigrantes se ahorrarán los 50 euros del Consulado CRUZ MORCILLO MADRID. El Gobierno español y el ecuatoriano han llegado a un acuerdo para que los inmigrantes de ese país no tengan que sellar en los consulados sus certificados de antecedentes penales exigidos en el proceso de regularización extraordinaria. El objetivo ha sido evitar el colapso que empezaba a producirse en las sedes diplomáticas de varias ciudades- -con colas interminables y amenazas veladas como ocurrió en Madrid- -y suprimir el pago de 50 euros que se estaba cobrando a estas personas. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, está negociando además que la Policía española pueda acceder a las bases de datos de la Policía ecuatoriana para verificar in situ los antecedentes penales requeridos, según explicaron fuentes ministeriales. Las autoridades b El Gobierno advierte Un peruano fundó dos ONG para falsificar ofertas de trabajo C. M. MADRID. La picaresca en torno a la regularización extraordinaria de sin papeles ha comenzado antes incluso de que se abra el plazo oficial. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un peruano que había fundado dos ONG para presentar falsas ofertas de trabajo, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Jorge Luis C. A. avezado en estas lides de la inmigración, es un falso abogado y psicólogo que cobraba entre 1.200 y 5.000 euros a extranjeros que aspiraban a legalizar su situación. Había alquilado una oficina en un despacho de abogados de Madrid y se hacía pasar por letrado especialista en extranjería. No sólo prometía regularizar a a extranjeros ilegales en España sino también a sus familiares, desde el patronazgo de la Asociación de globalización universal y Los ojos que miran al mundo Por cierto que la primera sin actividad alguna ya ha recibido subvenciones. Los agentes de la Brigada de Extranjería intervinieron docenas de expedientes de víctimas. Jorge Luis C. ha ingresado en prisión. ecuatorianas no han decidido aún si enviarán una brigada de funcionarios policiales a España para llevar a cabo estas comprobaciones y agilizar los trámites, pero Trabajo ya ha advertido que no se legalizará a nadie si no se cuenta con garantías totales sobre la fiabilidad de los datos. Una vez suprimido el trámite del sello consular, los inmigrantes que opten a la regularización- -entre 200 y 300.000- -solicitarán su certificado de penales, lo entregarán en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y más tarde lo adjuntarán al resto de la documentación exigida. Muy exigente Caldera recordó ayer que es la primera vez que se piden los antecedentes penales en un proceso de regularización y recalcó que el Gobierno será muy exigente en la comprobación de los documentos. La asociación hispanoecuatoriana Rumiñahui mostró su satisfacción por la primera parte del acuerdo entre los dos Gobiernos porque alivia la situación de miles de personas aunque pidió que se ahonde más en esta negocia- ción. La iniciativa de recogida de firmas entre el colectivo ecuatoriano continúa en toda España para lograr un intercambio directo de información vía Ministerio de Asuntos Exteriores, sin necesidad de que familiares o intermediarios tengan que acudir a la Policía judicial del país suramericano. Dora Aguirre, portavoz de la asociación, reiteró la sangría económica que están suponiendo estos trámites para sus compatriotas y el afán recaudatorio del Gobierno ecuatoriano y se preguntó qué va a pasar con las personas que ya han pagado 50 euros por el sello consular más otras tasas por la tramitación de documentos o incluso por guardar el turno. Es imposible que les devuelvan el dinero señaló. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración ha mediado en el proceso, dado que son los ecuatorianos junto con los colombianos y rumanos quienes en mayor medida podrán beneficiarse del proceso de normalización extraordinario a partir del 7 de febrero. Colombia ya ha enviado a un grupo de Policías para expedir desde España los certificados de antecedentes penales.