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4 Opinión MARTES 18 1 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO INSENSATO PELOTEO DE INMIGRANTES L Gobierno socialista ha situado la inmigración ilegal como una de sus prioridades, a caballo de un discurso de relajación legal y políticamente orientado a desmarcarse del anterior Gobierno del PP. Sin embargo, la información publicada ayer por este periódico impugna la seriedad de tal discurso a la vista del tratamiento real que se está aplicando a este grave problema. El Ejecutivo socialista, según esa información, ha mantenido y aumentado la práctica de trasladar periódicamente, desde las islas Canarias a diversas ciudades de la península, a contingentes de inmigrantes ilegales que no pueden ser repatriados por falta de tratados bilaterales con sus países de origen o de identificación personal fidedigna. Una vez en su destino, estos inmigrantes son fichados y puestos en libertad, sin control administrativo alguno. Cuando el PP estaba en el Gobierno e inició estos traslados colectivos, destacados dirigentes socialistas le acusaron de pelotear con los inmigrantes. Ahora no sólo hace lo mismo, sino que las cifras del año 2004 demuestran que ha aplicado el sistema con especial intensidad. Por este procedimiento llegaron a Madrid 2.200 inmigrantes ilegales. En total, más de 9.000 fueron repartidos por diversas ciudades peninsulares. Al margen de otras valoraciones políticas y legales, en términos éticos este trato choca con la dignidad personal que merecen los inmigrantes, abandonados por la Administración a su suerte en las ciudades elegidas por el Gobierno para servir de alternativa a los congestionados centros de internamiento canarios. Se convierten así, aún más de lo habitual, en pasto de la delincuencia, de las mafias y de la explotación laboral. La expectativa que ASALTO A LA ESTABILIDAD E ha generado la masiva regularización que propiciará el Gobierno con el nuevo Reglamento de Extranjería no hará más que agravar el problema. En el tratamiento de la inmigración ilegal sobran discursos y faltan resultados. Aunque no exista la fórmula legal que garantice el orden absoluto de los flujos migratorios, sí es exigible coherencia y, sobre todo, rigor en la aplicación de las normas vigentes. La ilegalidad no puede ser una alternativa más rentable que la legalidad, y el primero que no debe fomentarla es el Gobierno, quien ha de afrontar de otra manera la insuficiencia de dependencias y recursos para abordar los casos de los inmigrantes que no pueden ser repatriados. En ningún caso la solución es desentenderse de ellos. Además, la rendición de cuentas en esta materia no será sólo una exigencia de la sociedad española, sino también de las instituciones europeas. Ahora que el Ejecutivo está en plena campaña divulgativa del Tratado que establece una Constitución para Europa, sería oportuno resaltar la importancia que el texto confiere a la unidad de la política inmigratoria, para crear un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia (artículo III- 267) Según el Tratado, la Unión Europea podrá legislar directamente sobre la inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes ilegales Para el conjunto de los Estados de la Unión Europea, la inmigración no es sólo un problema asistencial o laboral. Ha pasado a ser también un problema de seguridad, vinculado con la prevención del terrorismo y la lucha contra la delincuencia organizada, es decir, con la criminalidad transnacional. Las explicaciones incumben al Ministro de Asuntos Sociales, tanto como al de Interior. E LA JUSTICIA SIGUE SU CURSO L fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral pidió ayer al juez Baltasar Garzón- -instructor del sumario abierto en 2002 contra el brazo político de la banda- -que procese por integración en la organización terrorista ETA a 35 dirigentes de Batasuna. Asimismo, solicita al magistrado que mantenga el embargo de las cuentas y de las herriko tabernas (sedes sociales del movimiento abertzale) acordado en su día para cubrir los más de 24 millones de euros exigidos al entramado batasuno, como responsable civil subsidiario de los daños causados por la violencia callejera. La fiscalía corrobora en su informe las sospechas del juez y constata que la organización terrorista ETA- KAS- EKIN decide en un momento histórico determinado (1992) configurar una plataforma económico- financiera coordinada y que aglutine todas las estructuras y organizaciones integradas en el denominado Movimiento de Liberación Nacional E Vasco Este sumario trata de demostrar la identidad de apoyo y funcional de Batasuna con ETA. Es esencial que los ciudadanos perciban que, independientemente del contexto actual y los movimientos tácticos del nacionalismo independentista, la Justicia sigue trabajando para llegar al fondo delictivo que históricamente esconde este entramado y que el Estado responde a esa comisión reiterada de delitos que, hasta la ilegalización que trajo consigo la esencial Ley de Partidos, demuestra la integración de Batasuna o sus otras marcas en el seno de la banda terrorista. Es ahí, precisamente, donde reside el crédito de la Justicia y la fortaleza del Estado. Los extraordinarios réditos que ha aportado la acción judicial en el actual debilitamiento de ETA, en todas sus caras y disfraces instrumentales, hacen imprescindible el mantenimiento de esta vía de hostigamiento al terrorismo. L Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea que comenzó ayer en Bruselas estudia flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) Así lo ha pedido expresamente el canciller Schröder para tener en cuenta circunstancias extraordinarias como la reunificación alemana. No es una buena práctica insistir en unas normas de comportamiento para dar entrada al club del euro, y luego incumplirlas y pedir que se revisen; ni tampoco alegar justificaciones que ya se conocían en el momento en que se adoptó el PEC. Alemania ha cambiado de idea y ya no defiende la estabilidad fiscal como una condición necesaria para el crecimiento. Parece que algunos Gobiernos más tampoco, aunque no se atrevan a decirlo tan claro. Lo que está en juego en Bruselas es si la Unión Europea va a validar ese giro estratégico en política económica, un giro que significa abandonar en la práctica las resoluciones de Lisboa y volver a las políticas de demanda como modelo de crecimiento. Por eso el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional han mostrado su preocupación. Ambas instituciones insisten en que, de aprobarse cambios en el PEC, éstos han de ser para aumentar su transparencia y disminuir el grado de discrecionalidad política en su aplicación. Justamente lo contrario de lo que proponen Francia y Alemania, y que parece haber avalado el comisario Almunia. Las reformas previstas se separan de los principios de contabilidad pública al uso, proponen medir el déficit sobre conceptos teóricos y no empíricos, o pretenden excluir ciertos gastos del cálculo del límite de déficit, lo que sellaría el acta de defunción del Pacto de Estabilidad, porque significaría adentrarse en un camino de no retorno para acomodar las prioridades nacionales, sin más límite que la voracidad y la capacidad de negociación del país de turno. La Unión Europea no necesita más ingeniería contable, sino criterios claros que le ayuden a recuperar la credibilidad perdida. Por haber jugado con las normas- -y haber paralizado el procedimiento de déficit excesivo para Francia y Alemania en noviembre de 2003, en una decisión revertida luego por el Tribunal de Justicia Europeo- -el Ecofin se ve ahora en la obligación moral de hacer lo mismo con Grecia. A pesar de que este país es el que más crece de la Unión, lleva seis años seguidos de incumplimiento del límite de déficit y ha reconocido haber manipulado sus cifras. Pero si el Consejo de Ministros le aplicara un rasero distinto, añadiría el agravio comparativo a su inconsistencia fiscal.