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4 Opinión MIÉRCOLES 12 1 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO DOBLE RASERO CONSTITUCIONAL L Pleno del Congreso ha otorgado al Gobierno por práctica unanimidad la autorización preceptivapara que ponga en marcha el referéndum sobre la Constitución europea, previsto para el 20 de febrero. El debate sirvió para que los ciudadanos se hagan por fin una idea, al menos genérica, de las posiciones de los diferentes partidos. Es notorio que el PSOE asume con agrado el papel de impulsor del Tratado Constitucional, aunque sea más en el terreno de la retórica y de la apelación a un vago sentimiento europeísta que en el análisis y explicación de una norma compleja e innovadora. El PP mantiene una apuesta responsable y razonable enfavor del sí sin olvidar los defectos inherentes a un pacto que rebaja la capacidad de maniobra de España en relación con el Tratado de Niza. PNV y CiU se apuntan a última hora y con escaso entusiasmo. ERC y otros partidos de la izquierda parlamentaria se pronuncian significativamente en contra, sea por razones territoriales o ideológicas. Como no podía ser de otro modo, el plan Ibarretxe interfiere en el debate sobre asuntos europeos. El Gobierno buscaba con urgencia un argumento para el consenso con la oposición que le permitiera rebajar la alta tensión política de los últimos meses. Pero la aprobación ilegal del sedicente proyecto de reforma del Estatuto de Guernica ha trastocado sus planes. Ayer se recordaba en el Congreso que la Europa que nos espera es la Europa de los Estados y de los ciudadanos, importante aportación de la delegación española en la convención que define a los verdaderos protagonistas del proceso sin mencionar a los pueblos o a las supuestas naciones sin Estado La congelación de las fronteras actuales es otra poderosa razón para que los nacionalistas vean con recelo el nuevo texto, aunque expresen ahora su apoyo con la boca pequeña y por razones tácticas. Es llamativo que Zapatero recurra a la Constitución europea para defender el modelo vigente de la España constitucional e ignore, sin embargo, los MENSAJES CRUZADOS E mecanismos jurídicos que ofrece el texto de 1978, incluyendo la vía de la impugnación ante el TC. Porque mientras Zapatero alertaba sobre la crisis que se produciría en caso de que no se aprobara en referéndum el Tratado constitucional, los socialistas, a instancias de Enrique Barón, eludían en el Parlamento de Estrasburgo el debate sobre el plan Ibarretxe y la defensa de la Constitución española propuesto por el PPE, ignorando, como acertadamente señaló Mayor Oreja, que la mejor estrategia para que Europa apoye nuestra Carta Magna es que España respalde el Tratado constitucional de la UE. Ayer resaltaba Rajoy las paradojas de este Gobierno, dispuesto a dejar que se discuta en el Pleno, aunque sea con intención de rechazarlo, un proyecto inconstitucional, aprobado con el voto determinante de una rama de ETA, siendo consciente de que está legitimando así un procedimiento viciado en su origen. En la nueva Europa nadie discute el principio de soberanía nacional. La llamada Constitución es, en puro rigor jurídico, un tratado internacional, sin duda peculiar, pero que deriva de la voluntad concorde de todos los Estados miembros. En cambio, el preámbulo del plan Ibarretxe apela al derecho del pueblo vasco a decidir su propio futuro y al derecho de autodeterminación de los pueblos, cuya aplicación al caso es improcedente por completo según el Derecho internacional. Zapatero usa una doble vara de medir: a fondo con la Constitución europea, sólo a medias con la española. Signo de debilidad de un Gobierno que aparenta tranquilidad y sin embargo no parece capaz de encauzar el desafío frontal al Estado. Rajoy destacó esta paradoja, recordando la batería de medidas que el Ejecutivo podría utilizar y reiterando la disposición del PP a apoyarlas. Por ahora, nos esperan el diálogo con apariencia de negociación bilateral y la cortesía que induce al equívoco para la recepción en la sede de la soberanía nacional de un documento que niega esa misma soberanía. S PAZ EN SUDÁN L acuerdo de paz entre el Gobierno sudanés y la guerrilla de las regiones del sur pone fin a más de dos décadas de guerra y abre una puerta a la posibilidad de encauzar al país en el camino del desarrollo. A pesar de las connotaciones religiosas del conflicto que parecían un obstáculo insalvable, la solución firmada la semana pasada parece ser lo bastante estable como para empezar a hacer planes para el futuro del país. Estados Unidos ha anunciado ya que se dispone a levantar las sanciones que durante muchos años han pesado sobre Jartum, y de hecho en estos momentos hay una larga lista de compañías internacionales esperando las últimas formalidades para entrar en Sudán, ávidas por explotar las reservas de petróleo que se encuentran en la zona que ha sido el escena- E rio de los principales combates o por aprovechar las oportunidades de negocio en un país tan devastado que carece de todas las infraestructuras. Sin embargo, las Naciones Unidas y las potencias occidentales no deberían dejar pasar la oportunidad que proporciona el impulso de este acuerdo de paz para aplicarlo en la región de Darfur, donde sigue activo un conflicto cuyos efectos afectan a cientos de miles de personas. La Unión Africana acaba de aprobar una resolución precisamente animando a las partes para que utilicen como modelo el acuerdo de paz con el sur del país para aplicarlo en la región de Darfur. Nadie debería permitir que el hecho de que en Darfur no haya petróleo se convierta en una maldición añadida para las víctimas de este conflicto. OLBES ha vuelto a discrepar de la pretensión del Gobierno de aplicar la cláusula de revisión automática al Salario Mínimo Interprofesional. Una posición que se alinea con las tesis de la CEOE y en contra del criterio de sindicatos y de una parte del Ejecutivo, y a la que avala la ortodoxia económica. Aplicar por ley una actualización automática del SMI conlleva un efecto inflacionista inmediato y la consiguiente merma de la competitividad y el empleo. Una fórmula ya desechada en todas las economías modernas por sus letales secuelas. Defender ahora la indiciación de salarios y precios equivale a poner el peor marchamo posible a la política económica de un Gobierno. El primero y más peligroso intento de traslado de estas cláusulas automáticas sería a la negociación colectiva. Precisamente hoy se reúnen los órganos de dirección de la CEOE para expresar su rechazo al compromiso que el Gobierno alcanzó, en contra del criterio de Solbes, con los sindicatos. Además de las nefastas consecuencias de reinstaurar la cultura de la revisión automática por ley, este episodio vuelve a poner de manifiesto el roce y las discrepancias cada vez más frecuentes entre el ministro de Economía y otros sectores del Gobierno. Un desgaste que Solbes afronta cada vez que intenta aplicar su ortodoxia económica y que choca con medidas con tintes demagógicos y que sólo buscan una foto. A estas alturas, ya no se sabe bien cuántas manos dirigen la política económica de un Ejecutivo que pasa de unos temas a otros sin solución de continuidad. Sin ir más lejos, las declaraciones realizadas ayer por Solbes en las que señaló que le gustaría que el intento de Sacyr por entrar en el BBVA terminara en una solución que garantizara la máxima españolidad y la estabilidad del banco suponen un sutil espaldarazo a las pretensiones de la constructora, en vísperas de la reunión que hoy celebrará su Consejo de Administración. Solbes tercia y marca los tiempos en un asunto en el que se impone la discreción como norma de obligado cumplimiento, porque la mesura juega a favor de la tranquilidad de los agentes económicos y sociales, de la misma manera que la división en el equipo económico provoca incertidumbres. La claridad en los mensajes es tan importante como el acierto en las medidas a adoptar. Trasladar disensiones, por muy legítimas que sean dentro de un Gobierno, no es la mejor manera de fomentar un clima de concertación. El diálogo y el consenso, la búsqueda de fórmulas que permitan avanzar en la mejora de la eficiencia y la competitividad, son el único camino. Y el Gobierno debe ser el primero en dar ejemplo.