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60 Tribuna LUNES 10 1 2005 ABC E L principio que establece que los políticos no están por encima de la ley y que los jueces pueden examinar la actuación de los gobernantes es mucho más reciente de lo que podría parecer. Es verdad que el pensamiento ilustrado y el dogma de la separación de poderes limitaron las facultades y las prerrogativas del Ejecutivo; pero a finales del siglo XVIII y principios del XIX los gobernantes seguían siendo esencialmente libres en el ejercicio de sus funciones. No tenían que dar cuentas a nadie y nadie (desde luego no los jueces) los controlaba. Así, por ejemplo, cuando en 1784 un primer ministro tan poco sospechoso de absolutismo como William Pitt el Joven, decidió reformar la East India Company, ningún parlamentario inglés o ningún juez de Su Majestad se atrevió a revisar su gestión. La situación comenzó a cambiar en 1803 con la sentencia que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América dictó en el asunto Marbury versus Madison. Los hechos del caso son sencillos de resumir: En 1800 Thomas Jefferson y el Partido Republicano ganaron las elecciones presidenciales estadounidenses y desalojaron del Gobierno al Partido Federalista y a su líder: el hasta entonces presidente John Adams. A punto de abando- MARBURY V. MADISON ANÍBAL SABATER MARTÍN Jurista El juez que tuvo la valentía de redactar una sentencia semejante se llamaba John Marshall. Conviene recordar su nombre hoy, cuando algunos insisten en politizar la Justicia española nar la Casa Blanca (de la que había sido el primer inquilino) Adams decidió nombrar apresuradamente a varios jueces federales, que le fueran afines y que pudieran enfrentarse al presidente entrante. Uno de esos nuevos jueces era William Marbury. Cuando en 1801 William Marbury trató de tomar posesión de su cargo, James Madison- -que era secretario de Estado del nuevo presidente, Thomas Jefferson y que se negaba a reconocer los nombramientos de última hora de John Adams- -se lo impidió. Marbury resolvió entonces demandar judicialmente a Madison y solicitar que se diera efecto a lo ordenado por Adams y que se le permitiera actuar como Justice of the Peace (una especie de Juez Federal de Paz) El asunto terminó en manos del Tribunal Supremo, que le dio la razón a Madison y que declaró la nulidad del nombramiento de Marbury como juez. Más allá de su contenido concreto, la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano importa hoy por tres motivos: porque dejó claro que los jueces y, en concreto, los miembros del Tribunal Supremo de un país pueden revisar las decisiones adoptadas por los gobernantes; porque estableció que los gobernantes están sujetos a la ley y tienen que respetar la Constitución; y porque puso coto a los abusos (nombramiento tardío de jueces politizados que había cometido el presidente de toda una nación. El juez que tuvo la valentía de redactar una sentencia semejante se llamaba John Marshall y fue el tercer presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Conviene recordar su nombre hoy, cuando algunos insisten en politizar la Justicia española, en evitar que los jueces investiguen y castiguen el indebido uso por el Gobierno de los fondos reservados, o en aprobar planes que infringen la estructura territorial del Estado prevista en la Constitución Española. E S harto conveniente que de vez en cuando se haga sitio en el discurrir científico y en el diario enfoque y reflexión sobre extremos integrantes del hacer profesional, en cualquiera de sus vertientes o modalidades, a temas candentes de la ética que le preside y fertiliza. Nunca más que en la época actual se impone rescatar la deontología del trastero de lo complementario y situarla a nivel de las disciplinas fundamentales. Cual subraya De la Oliva Santos, nos va en ello la vida, la dignidad de la vida. La ética está siempre atenta a las acciones del hombre, a esa irrefrenable dinámica que le pone en trance de adoptar las decisiones más varias, fruto de su quehacer en libertad. El hombre es un caminante sin reposo, fijando a cada instante de modo responsable el rumbo de su actividad. El hombre puede no pensar, pero lo que no puede hacer es no actuar. Inevitablemente todos estamos involucrados en actos y acciones (De la Torre Díaz) La conciencia moral supone la capacidad de juzgar la bondad o maldad de nuestros actos. Presupone la perspicacia del buen observador, la sensibilidad de un depurado moralista, la implacabilidad del juez más entero e inflexible. Todo ello impregnado de sentimientos de equidad, humanidad y solidaridad social. La conciencia es filtro y, a la vez, desinteresada consejera. Se sigue mencionando a la ética si bien de forma hueca, vaga, imprecisa. No se la menosprecia abiertamente, pero es hábilmente suplantada por otras referencias de aparente entronque social, obedientes a intereses de grupo, a encubiertos propósitos políticos. Se aprecia una confusión en las concien- HABLEMOS DE ÉTICA FRANCISCO SOTO NIETO Ex Magistrado del Tribunal Supremo cias, obrantes a impulsos incontrolados, desentendidas de los grandes principios de vida y humanidad. La ética, en su sentido más genuino, ha de encontrar su apoyo e inspiración en ese tronco moral, afecto de espiritualidad y trascendencia, que no está a merced de las veleidades e intenciones ocultas del hombre. No ofrecería fiabilidad el gobernante que escudado en una confesión de agnosticismo, diera paso a las leyes más atentatorias contra la vida y los pilares del matrimonio y la familia. Ni los profesionales del Derecho que puedan olvidar, en un rutinario y superficial despliegue de su función, que el Derecho, como instrumento de control social, es un factor de orden moral, orden que descansa en el equilibrio interactivo de la conciencia individual, la voz moral de la comunidad y el poder de punición del Estado (Agatiello) El Derecho y la Moral no andan disociados, en rutas que se desconocen, mantienen una notoria interdependencia. Cuando no es así y quiebra esa sintonía, se instala en la sociedad una crisis de valores que la amenaza y la corroe. No ha mucho ha tenido lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid la presentación pública del libro Ética de las profesiones jurídicas. Estudios sobre Deontología, coeditada por Ucam y Aedos en la Cátedra de Ciencias Socia- les, Morales y Políticas, fruto de una labor conjunta de destacados profesionales del Derecho, expertos en sus respectivas ramas y portadores de un acreditado bagaje científico. Se reúnen unas cincuenta colaboraciones alusivas a los temas más varios suscitados en la cantera viva de la aplicación del Derecho. La publicación se propuso incluir desde cuestiones de fundamentación (metafísica, antropológica, jurídica) hasta aspectos prácticos basados en casos reales de profesiones jurídicas, pasando por temas concretos ligados a Códigos Éticos y Comisiones Deontológicas. Se integraron en las comisiones de trabajo cuarenta y seis juristas procedentes de todos los campos del Derecho, teniendo lugar diversas reuniones en las que se debatieron y comentaron las respectivas ponencias, sentándose las conclusiones oportunas. A flote sale indefectiblemente la admonición de Juan Pablo II subrayando que la defensa de los derechos fundamentales mantiene una íntima relación con dos puntos cardinales de la moral cristiana: la dignidad de la persona y la paz. Cuando los principios éticos se dirigen a la modelación de la actividad profesional se constituyen en forjadores de la Deontología, conjunto de enunciados en los que el profesional encuentra la orientación más justa y razonable en sus vacilaciones decisorias, alcanzando el grado de perfección y certeza deseables. La ciencia ética- -comenta Martí Mingarro- -se transforma en conciencia ética- -ética de la convicción- camino del más alto de los niveles de la excelencia La vocación supone una adhesión incondicional a un ideal de conducta, de entrega personal, de encaminamiento seguro, hacia una meta de nobles realizaciones. En la invocación y aplicación del Derecho hay un lema que gravita inexorable sobre la actuación de jueces y abogados, salvaguardar el espíritu alentador de la Ley, algo así como, sin desenraizarse de la norma positiva, propender hacia soluciones que no traicionen la auténtica inspiración humana y ética de la ley. Razón y conciencia no son instancias separadas. En el Decálogo del Abogado que Ossorio inserta al término de su clásica obra El alma de la toga advierte: No pases por encima de un estado de tu conciencia ten fe en la razón que es lo que en general prevalece mas pon la Moral por encima de las leyes Los últimos logros sólo se alcanzarán merced al grado de eticidad con que se actúe. Las reglas deontológicas sirven como directrices- -resalta Lega- -pero después son el corazón y el sentimiento los que se erigen en fundamento de su aplicación. Todo es más fácil cuando el hombre no pierde su sentido de sobrenaturalidad y trascendencia. Decía Carnelutti que el hombre teme al hombre más de lo que teme a Dios. El mal que seguirá, naturalmente, al mal, tarda muchas veces en llegar porque Dios (que según la sabiduría del pueblo, no paga el sábado es der Künstler des Wartens, el artista de la espera