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ABC LUNES 10 1 2005 Sociedad 51 Medio Ambiente Calle Josep Pla El Ayuntamiento, que ha rebajado la ambición del proyecto, defiende la sostenibilidad de sus actuaciones costeras terrestre para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación Desde el Ayuntamiento barcelonés se sostiene que su proyecto se ajusta al texto de la ley, ya que se va más allá del concepto de zoo tradicional y se apuesta por reproducir hábitats relacionados con el agua, algo inviable en cualquier otro lugar. No obstante, a las críticas de Greenpeace se han sumado las de Depana, que después de denostar la hipocresía del Ayuntamiento- -que prohíbe los circos con animales salvajes sin cancelar el espectáculo de delfines del actual zoo- -sostiene que levantar ahora una nueva instalación, aunque sea muy moderna, sería caer en el mismo error. La modificación de la línea de costa en Barcelona Ramón Turró Rambla Prim Av Dia enida gon al ulat e Ta Calle d s s esòs RB RB Río B oral Ronda Lit Área Hotelera Parque Litoral Zona Noreste P de Calvell Ronda Litoral Antiguo recinto del Fórum 2004 Zoo Marítimo (proyecto) Antiguo recinto del Fórum 2004 Puerto Deportivo Sant Adrià Antiguo límite del litoral Mar Mediterráneo Infografía ABC HOY ZOO MARINO, ¿Y MAÑANA? JAVIER JUNCEDA Prof. doctor de Derecho Administrativo. Universidad Internacional de Cataluña La degradación como excusa En todo caso, de fondo permanece el debate sobre si la regeneración de una zona hasta ahora degradada justifica modificaciones de tal envergadura. Para Greenpeace, que el Ayuntamiento emplee ese argumento hasta puede llegar a entenderse, pero que lo haga el Ministerio es muy grave. El mensaje que da es muy claro: a partir de ahora, cualquiera puede reírse de la ley de Costas, empezando por el Gobierno La autorización para crear la plataforma del zoo llega acompañada de un acuerdo por el cual Medio Ambiente se hará cargo del proyecto de estabilización de las playas de Barcelona, que sufren un endémico problema de regresión cada vez que hay temporal de levante. odo ome se puede aprovechar de la mar e de su ribera faziendo todas las cosas que entendiere que a su pro son rezaban las Partidas. Al calor de esta idea, los cerca de ocho mil kilómetros de litoral español conocerían a lo largo de los siglos un lento proceso de depredación del que no resultaron ajenos tanto el aciago marco legal durante décadas vigente como la más reciente y paulatina atracción de los operadores urbanísticos hacia estos enclaves, donde reside ya casi el 40 de nuestra población. A resultas de este desafortunado ba- T lance histórico, el armónico desarrollo de estas zonas, así como su paralela preservación a estrictos efectos conservacionistas, animó en 1988 al legislador estatal a sistematizar su actual régimen jurídico, procurando una ordenación alejada por vez primera de una de sus mayores amenazas: la ausencia de una visión homogénea de su integridad física a lo largo y ancho de nuestra extraordinaria orla litoral. Esta uniformidad en el tratamiento del dominio público costero evitando particularismos y dispensaciones, reforzada en 1991 con la doctrina constitucional que avala la titularidad y tutela estatal de estos bienes, continúa presente en nuestras normas a través de diversas herramientas, como la restricción categórica de determinados usos en el litoral o la excepcionalidad en la implantación de actividades en su entorno, incluso pese a poder satisfacer un interés general. Así las cosas, el beneplácito a emba- razosos precedentes de ocupación de zonas marítimo- terrestres a la carta, consistentes hoy en un zoológico marino y mañana en no se sabe qué otra ocurrencia municipal en el Besós o en el Bidasoa, corre serio riesgo de hacer reverdecer repentinamente viejos y desdichados tiempos. Sería devolvernos a un desolador escenario de regresión de la línea de costa, extracciones abusivas de áridos esenciales, o realización de obras e instalaciones en las riberas sin prever sus nocivas consecuencias, máxime cuando tales proyectos son enteramente susceptibles de ser ubicados en otros lugares tierra adentro y adolecen, además, de cuestionable legalidad al no encuadrarse ni como usos permitidos ni como reservas o adscripciones, figuras previstas desde hace década y media en la normativa de costas para preservar nuestra fachada marítima y regular qué se puede y no se puede hacer en ella.