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66 Cultura LA POLÉMICA DEL ARCHIVO DE SALAMANCA EL INFORME DE LOS EXPERTOS DOMINGO 9 1 2005 ABC El dictamen técnico de la comisión de expertos que restituye la propiedad de los papeles de Salamanca a la Generalitat, y al que ha tenido acceso ABC, recoge cada una de las soluciones comprometidas por los socialistas para compensar la salida de documentos del Archivo General de la Guerra Civil Medio centenar de páginas para un informe a la medida TEXTO: A. B. HERNÁNDEZ FOTO: F. HERAS Más de cincuenta páginas recogen las reflexiones en las que se basa el informe final de los expertos encargados de dirimir el conflicto planteado por la Generalitat con su reclamación de los papeles del Archivo General de la Guerra Civil. Envuelto en todo tipo de críticas y denuncias de irregularidades, el dictamen de la comisión pactada con la Generalitat, asumido por el Ministerio de Cultura sin cambiar ni una coma viene a hacer realidad un acuerdo que el propio José Luis Rodríguez Zapatero, allá por octubre de 2002 y en plena embestida de los nacionalistas catalanes, se comprometía a alcanzar con un Gobierno socialista: Desde luego, lograría un compromiso entre todas las partes para que este asunto quedara superado en términos históricos, de forma que se ponga la razón por encima de la pasión Ni sí ni no ni todo lo contrario. Dos años después, investido presidente con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, Rodríguez Zapatero reconocía que las circunstancias políticas han cambiado asumía como propias las proposiciones de los nacionalistas que exigían la devolución de la documentación incautada a Cataluña y el 18 de mayo se comprometía a resolver el contencioso antes de 2005. El texto finalmente aprobado ya recogía entonces la necesidad de convertir el Archivo de la Guerra Civil en un Centro de Documentación e Investigación sobre la contienda y esta idea, pilar del dictamen de los expertos, pasó a ser bandera de los socialistas. Sin esperar al informe técnico definitivo, tanto Jesús Caldera como el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Ángel Villalba, anunciaban a bombo y platillo la construcción en Salamanca de un edificio de nueva planta destinado a albergar los fondos, que serían clasificados y microfilmados y a los que se sumaría todo tipo de documentos procedentes de archivos estatales, autonómicos o extranjeros relacionados con la Guerra Civil El PSOE- PSCL garantizaba ya que el Ministerio de Cultura convertirá un edificio singular de Salamanca en el Museo de Interpretación de la Guerra Civil que una vez desalojada la actual sede del Archivo, el Colegio de San Ambrosio, éste se cedería para dar cabida a la ampliación de la Casa Lis; que se consideraría el traslado a Salamanca de fondos como los de la Causa General del Archivo Histórico Nacional... Hasta la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en un lapsus lingüístico, llegó a hablar de conservar las copias digitalizadas en el centro archivístico de Salamanca... En apenas dos reuniones de trabajo, los 17 expertos que integraban la comisión se enfrentaron a un último encuentro en el que se pusieron en común los informes especializados elaborados por archiveros, historiadores y juristas. De esta forma, el texto remitido a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, se estructura en torno a los antecedentes históricos, la perspectiva archivística y un estudio jurídico que supone el grueso de la argumentación y que va seguido de las conclusiones donde expone su apoyo a la restitución de los documentos a la Generalitat y condena el origen del corpus documental. tica es el principio de procedencia A su juicio, los documentos son en primer lugar prueba de las actividades y garantía de los derechos y deberes de sus productores y sólo en segundo lugar testimonio para la historia. Sobre estos conceptos, los archiveros proponen aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y seguir como primer objetivo el reconocimiento de la titularidad de los documentos con una dotación generosa de los recursos tanto técnicos como profesionales. Informe jurídico Este apartado del dictamen pretende fijar eventuales derechos invocables y reconoce que en la concreción de tales derechos serán fundamentales las consideraciones políticas que ha de tener a la vista quien haya de tomar la decisión de devolver o no los documentos. Este informe se refiere a la legitimidad de la propia incautación y a la posibilidad de someterla a enjuiciamiento sesenta años después de producida, con los matices en torno a la personalidad de las administraciones y las diferencias con sindicatos y partidos políticos. Además, los juristas analizan la reclamación catalana desde la perspectiva del derecho privado, en tanto que reflejo del valor de la estabilidad y continuidad de las instituciones como reflejo de lo justo y la injusto, y bajo las normas del derecho público, con los matices que incorpora. De esta forma, se fijan como instituciones centrales la usucapión y la prescripción de acciones. En este apartado, es clave la consideración de que la ocupación de los archivos de la Generalitat fue consecuencia de su disolución y de la recuperación de sus competencias por parte del Estado (lo que diferencia su reclamación de la de Ayuntamientos y otras instituciones) Considerado prescrito el derecho de acción para todas las reivindicaciones hasta el 29 de diciembre de 1984- -con un cómputo realizado a partir del 29 de diciembre de 1978- el informe abre sin embargo la puerta a los casos en los que fuera denegada información sobre los documentos incautados o un eventual desconocimiento. instituciones. La otra vía posible corresponde a su propia personalidad pública, de tal forma que no se hablaría tanto de una incautación como de una recuperación de competencias y servicios que arrastraría la recuperación de los bienes anexos y determinaría su cambio de ti- Antecedentes históricos Esta introducción pretende ser un breve relato explicativo del origen y naturaleza de las demandas de recuperación de la documentación catalana incautada En este recorrido histórico, que sigue fielmente el guión desarrollado por Josep Cruanyes en su libro Los papeles de Salamanca se subraya como primera reclamación la que en 1978 presentó en el Senado Josep Benet- -relevante en un proceso judicial- -y se destaca cómo, tras la iniciativa de Alborch para devolver los papeles la situación vivida por la primera comisión de expertos ordenada por la Junta Superior de Archivos experimentó un notable cambio dado que, a iniciativa del PP, el Real Decreto 426 1999 transformó el de Salamanca en el Archivo de la Guerra Civil Española sin mencionar que la medida se incluía ya en el dictamen de la JSA. Perspectiva archivística Según los archiveros de la comisión, el principio fundamental de la Archivís- Los documentos serían garantía de los derechos y deberes de sus productores y sólo después, testimonio para la historia Subrayan el cambio que supuso que el PP creara el Archivo General de la Guerra Civil tularidad. El informe, sin embargo, también incide en el carácter servicial de cualquier Administración y su obligación de servir a los intereses generales. Los expertos comprenden en este caso que la Generalitat es parte del Estado y competente en Cataluña en la protección del patrimonio documental, competencia que ya tenía atribuida en la República por el Estatuto. Los juristas reconocen además la legitimidad de la pretensión de la Generalitat en la posesión de sus archivos y conceden a los documentos reclamados el valor simbólico de que son la historia real de la primera Institución en mucho tiempo dotada de autonomía real en Cataluña Enfrente, la nueva significación del Archivo, convertido en memoria histórica de nuestra guerra civil En su análisis, los expertos priman la conciliación de los intereses y la necesidad de valorar cuál es el predominante si lo hubiera Es en esta decisión donde entran en juego aspectos de carácter netamente políticos El dictamen plantea el objetivo de acabar con todas las consecuencias que la guerra civil dejó en nuestra sociedad y alerta del peligro de reparaciones equivocadas: Las razones que pudieran existir para mantener los originales en Salamanca no pondrán en cuestión la voluntad de acabar con las últimas consecuencias de la guerra civil También se advierte aquí de la inconveniencia de producir una segregación de los fondos que haga perder la finalidad que justifica el archivo y la imposibilidad de proporcionar la mis-