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20 Nacional EL DESAFÍO DEL PLAN IBARRETXE DOMINGO 9 1 2005 ABC ÁLVARO DELGADO- GAL EL LENDAKARI AUTODETERMINADO ebería debatirse el Plan Ibarreche en el Congreso? Los populares afirman que no. Y reclaman que el Plan sea recurrido sin demora al Tribunal Constitucional. El Gobierno, por el contrario, es opuesto a la vía jurídica. Para ello acumula dos argumentos de importe muy desigual. El primero, no desatendible, es que el TC no podría pronunciarse sobre una proposición a la que falta aún un tramo para integrar un acto ¿D legislativo completo. Se trata de un reparo técnico, que merece ser ponderado desde una perspectiva también técnica. El otro argumento es político. Apela al valor pedagógico que revestiría la discusión y rechazo del Plan en las Cortes. Debelado el Plan en sede parlamentaria, cabría acudir a la cita autonómica cargados de razón y fortalecidos democráticamente. El argumento político, en mi opinión, está mal enfocado. Y concede a los nacionalistas mucho más de lo necesario. Implica de modo implícito, o al menos sugiere, que un contencioso que afecta a la integridad de España podría decidirse en unos comicios de radio regional. Tiempo habrá de articular este punto importantísimo con mayor exactitud. Prefiero, de momento, dejar el asunto de lado y adelantar tres razones contra la oportunidad de que el Plan se someta a examen en el caserón de San Jerónimo. Atendamos al Reglamento del Congreso. El Artículo 136, en su apartado tercero, reza lo siguiente: Si la Mesa considerase que se ha incumplido algún trámite constitucionalmente exigido o que el proyecto adolece de algún defecto de forma, se comunicará a la Asamblea que lo hubiere elaborado y se suspenderá la tramitación hasta que aquél se cumpla o se subsane éste Por las trazas, el Plan Ibarreche no sería sustanciable sin una previa reforma constitucional. En consecuencia, ha de venir acompañado de una propuesta explícita de reforma. En ausencia de ésta, carece de consistencia jurídica, y por lo mismo, resulta inadmisible a trámite. No se dirimen aquí sutilezas de leguleyo, sino principios fundamentales. Una reforma constitucional, agravada para más señas, es algo muy serio. Tomarla en consideración, aunque sea negativamente, sin darle el nombre que le corresponde, entraña un ejercicio de confusión autoinfligida cuyo efecto probable sería desdibujar los contornos ya harto borrosos del campo de juego en que nos venimos moviendo desde el 78. La segunda razón es estética, y afecta de lleno al Gobierno. Todos conocemos la posición de Esquerra. La última ha llevado su insolencia al extremo de anunciar que retirará su apoyo a Zapatero si éste no negocia con Ibarreche. Zapatero replicó que no negociaría con Ibarreche ni dejaría de contar con el apoyo de ERC. Poco después Puigcercós, secretario general de Esquerra, dulcificó su posición y dio una tregua a Zapatero. Pero a lo largo de día y pico vivimos en el absurdo absoluto: lo que en rigor estaba afirmando Zapatero, es que él no dejaría de apoyarse en un partido que había anticipado que no le apoyaría. Es notorio que estas agonías no se podrán sobrellevar durante un tiempo indefinido. Sería penoso que la bomba estallara en pleno Congreso, con unos socios del Gobierno, y el BNG, y si hay mala suerte, con los propios convergentes, exteriorizando su adhesión a un plan insurreccional en mitad del hemiciclo. Si para colmo se descuelga Otegui, y da en la flor de leer una misiva de Josu Ternera, no quiero ni contarles. La tercera razón es la de más peso, con diferencia. Algunos no se han dado cuenta todavía, pero sucede que Ibarreche ya se ha autodeterminado. Cuando acuda a la Moncloa, no lo hará como el presidente de un Gobierno autónomo. Lo hará como un jefe de Estado que entabla negociaciones con otro jefe de Estado. Si Ibarreche no se hubiera autodeterminado, no sostendría que no se considera obligado por lo que dictamine el Parlamento de Madrid. Esto significa que su proposición no será remitida con la esperanza de obtener allí luz verde. Será remitida a fin de informar o enterar a los representantes del Estado español de una resolución soberana previamente adoptada por los representantes de la nación vasca. No estoy añadiendo una tilde a lo comunicado por el propio Ibarreche. La alternativa a su trágala, según el Presidente vasco, sería liarse a tortas La resulta, es que no está claro qué se estaría votando en el Congreso. Según el Gobierno, se votará un extraño engendro jurídico que podría ser interpretado tal vez como un proyecto de ley que tiene su origen en una Comunidad Autónoma. Conforme a Ibarreche, se estará cometiendo la descortesía de rechazar puerilmente una decisión irreversible. El equívoco no es de recibo. Y encierra peligros. Podría suscitarse la impresión de que las rebeliones institucionales gozan del mismo estatus que una iniciativa rutinaria sobre las pensiones o la subvención a la agricultura Y que es cuestión de frustrarlas improvisando un bloqueo parlamentario suficiente. Pues no. Estamos en otra historia. No querer verlo, son ganas de engañarse.