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8 Opinión MARTES 4 1 2005 ABC Cartas al director ¿Tsunami económico? Cuando la naturaleza impone su fuerza poco más se puede hacer que tratar de reparar, en la medida de lo posible, la destrucción. Mientras miles de personas de todo el mundo se están movilizado para tratar de ayudar con donaciones a los afectados por el maremoto, nuestro Gobierno al parecer opina que se debe hacer algo diferente. Al tiempo que ofrece ayuda oficial (donaciones y créditos) exige, en concepto de deuda externa, el pago por parte de los países afectados a los países más ricos y a los acreedores internacionales 101.000 millones de dólares anuales (datos del Banco Mundial) Que quede claro, esto son recursos con los que no podrán contar los países arrasados para cubrir sus necesidades básicas, pero que nuestros gobernantes exigen sin pensarlo. Sin duda la deuda externa en estos países es hoy un segundo tsunami, esta vez económico, que no cesa de crear cada día destrucción y desgracia. Como ciudadanos no queremos contribuir en esta nueva expoliación de la miseria, señores gobernantes. Miquel Ortega Cerdà. Tarrasa. Pueden dirigir sus cartas a ABC: Por correo: C Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027 Madrid Por fax: 913.203.356. Por correo electrónico: cartas abc. es -Observen: el Plan Ibarretxe ha variado el eje de la masa encefálica de los vascos soberanistas, y ahora el cerebro abertzale tarda más en seguir girando sobre sí mismo. para adoptarla, procurando acaso que pase lo más desapercibida posible. Como el órgano de representación de los trabajadores de la CMT ha sugerido repetidamente, el Gobierno ha comenzado a implantar su política de deslocalización de organismos públicos- -en sí misma perfectamente plausible- -por el tejado. Pudiendo haber elegido para esa finalidad un ente de nueva creación, se opta por trasladar un órgano ya en marcha, establecido en Madrid desde su creación en 1997: cabe sospechar pues que se trata no tanto o no sólo de deslocalizar la organización del Estado, sino de hacerlo por el expediente de trasladar parte de esa organización desde Madrid a Barcelona. Esta política está llamada a generar cuantiosos costes laborales, así como a proyectar una sombra de intromisión en la gestión de aquellos organismos que, como la CMT, se definen por su independencia. Que la ubicación en la Ciudad Condal deba ser efectiva a lo largo de 2005, como ordena la norma aprobada, es síntoma de que los réditos políticos que un pronto traslado pueda proporcionar en forma de buena sintonía con los partidos que integran el Gobierno catalán se han antepuesto a la evi- tación de los perjudiciales efectos que ello pueda producir en el funcionamiento de la institución. La intromisión gubernamental en la gestión del regulador se limita a la designación de la localidad donde deberá tener su sede. Esto tranquilizará a aquéllos que, aunque pueda parecer irónico, habían insistido en que la independencia del organismo podría verse puesta en cuestión si el Gobierno decidiera señalar en qué concreto edificio, dentro de Barcelona, debiera ser instalado. La norma se desentiende de conjugar la instrucción de traslado con los intereses de 140 trabajadores a los que el Real Decreto no contempla, ni ofrece aparentemente más opción que el traslado o la pérdida de su empleo público. Una medida de estas características contradice tan abiertamente principios como los de eficacia, objetividad, transparencia y proporcionalidad, que deben regir la actividad de los poderes públicos, que bien merecía haber sido adoptada el 28 de diciembre. María A. Álvarez San José, trabajadora de la CMT (Madrid) Papeles de la guerra Como justa y legítima considera el Comité de Expertos que asesora al Gobierno la devolución de los llamados papeles de Salamanca a Cataluña. Así se expresa una sentencia largamente incubada que pretende poner fin a uno de los contenciosos más polémicos de los últimos años. Creo que en este asunto pesan mucho más las razones políticas de fondo que las razones culturales y técnicas, que son las que debieran haber primado. El informe del Comité de Expertos no tiene carácter vinculante, pero el Gobierno ya lo ha hecho suyo, ignorando la resolución tomada por el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil. Creo que no se han evaluado las consecuencias, no a este hecho, sino a las reacciones que éste ha producido. Ya se oyen voces de parlamentarios vascos reclamando los papeles de Euskadi. ¿Asistiremos impávidos al descuartizamiento del Archivo de Salamanca? Existe una conclusión rotunda al margen de la política: un archivo tiene que tener una unidad y sin eso no hay archivo. Un archivo es memoria depositada y guardada, no de unos o de otros, sino de todos. El Gobierno debe dedicarse a gobernar y no a que le gobiernen. Con la cultura no se juega. Carlos A. Font Gavira Los Palacios (Sevilla) Alta traición Cuando han pasado tan sólo unas horas desde que hemos estrenado el nuevo año, los españoles aún seguimos estupefactos por lo ocurrido en el Parlamento vasco, pues para el PNV parece que no cuentan venticinco años de convivencia pacífica entre todos los españoles, que tienen como base el texto constitucional una vez que fue consensuado por izquierda, derecha y nacionalistas, y para lo que, en esencia, se introdujo el término de nacionalidades Sabedor de que la palabra independencia podría levantar suspicacias, el hábil Ibarrexte se saca de la manga el iluminado término de Estado Libre Asociado con España que tan sólo es una forma práctica de seguir conservando las ventajas económicas que ya se disfrutan por ser una Comunidad Autónoma española y, a su vez, aparecer como la nueva nacion vasca; sólo que esta fórmula sería discriminatoria frente a otras Comunidades de un nivel de renta muy inferior, como Extremadura o Andalucía. Si Ibarrexte propone un referéndum éste debería extenderse a toda España, ya que ésta, según nuestra Constitución, es la patria común e indivisible de todos los españoles. Todo parece indicar que la aprobación del Plan Ibarrexte obedece a un proyecto muy elaborado entre PNV y PSOE, pues no es casualidad el que previamente se hayan anulado aquellos artículos de la ley que podrían determinar el ingreso en prisión del lendakari si convocaba un referéndum. No nos engañemos, aunque Zapatero aparece como disconforme, le ha dejado el camino libre y es tan cómplice como él, e incluso ambos lo negarán tras la próxima reunión, en la que inexorablemente van a pactar, y entonces hablaremos de hechos consumados, rompiendo no sólo el consenso constitucional, sino el principio de solidaridad interterritorial. Loreto Bassy Garcia- Morato. Málaga. Tirar la piedra y esconder la mano En el Consejo de Ministros de 30 de diciembre se concretó la decisión, anticipada ya el pasado julio por el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, de trasladar a Barcelona la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) El despropósito de fondo de la decisión encuentra así su mejor broche en el desatino de emplear el último Consejo de Ministros del año