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4 Opinión MARTES 4 1 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO LA VIVIENDA ES UN ASUNTO SERIO A Sociedad de Tasaciones publicaba ayer que los precios de la vivienda nueva subieron un 14 por ciento en 2004, ligeramente por debajo del 15,7 por ciento del año anterior, pero todavía aproximadamente cuatro veces más que la tasa de inflación o las rentas salariales. Y subieron menos en las grandes ciudades, lo que da idea de la generalización del fenómeno. No es pues de extrañar que la vivienda siga teniendo un espacio prioritario entre las preocupaciones de los españoles, como refleja la última encuesta del CIS. Una preocupación que no puede despacharse con políticas simplistas como las que ha pretendido poner en marcha el innecesario Ministerio creado al efecto. Porque es una preocupación ortogonal, como se dice ahora. Para los jóvenes es un problema de acceso a la primera vivienda; a los que están pagando la hipoteca, lo que les inquieta es la evolución de los tipos de interés y de su situación laboral para seguir haciendo frente a sus compromisos sin excesivos agobios; a los que han invertido en ladrillos, como gusta decir el Gobierno, y que no son malvados especuladores, sino ahorradores racionales, que el precio siga subiendo para obtener una rentabilidad razonable y superior a la de otros activos alternativos, básicamente financieros, y que el mercado no se pare; y, por último, a todos nos interesa que la construcción siga creando empleo y tirando de la economía, por lo menos mientras se recupera el sector exterior, que anda seriamente tocado. El Ejecutivo ha dado demasiadas veces la sensación de desconocer el fondo del asunto y de enfocarlo desde posiciones puramente demagógi- AVISO ALAVÉS A reacción de la Diputación Foral de Álava, advirtiendo del riesgo de fractura entre vascos que conlleva el Plan Ibarretxe y del derecho del territorio alavés a separarse de un País Vasco meramente asociado a España, demuestra que esta propuesta soberanista no constituye, en absoluto, una alternativa democrática e integradora al Estatuto de Guernica. Tanto que los nacionalistas apelan a la historia y a los fueros, como fundamentos de la singularidad vasca, y únicamente han sido capaces de alumbrar un texto antihistórico y antiforal, que derriba la arquitectura interna de las instituciones vascas. La Comunidad Autónoma es una creación constitucional, sin historia ni arraigo en los derechos históricos, que, según la Disposición Adicional Primera de la Constitución, corresponden a los territorios forales, es decir, a Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Tales derechos históricos se han actualizado en el Estatuto de Autonomía, que permite la coexistencia de las instituciones autonómicas con las forales. Sin embargo, lo que ni la Constitución ni el Estatuto permiten es la suplantación del régimen foral- -garantizado por la Carta Magna- -por una especie de régimen confederal entre el País Vasco y España, que arrase con las instituciones de los tres territorios históricos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene algo más que hacer que repetirle a Ibarretxe lo que éste ya sabe y desprecia desde que en septiembre de 2001 anunciara su plan soberanista. No basta con decirle que su propuesta es ilegal, si esta ilegalidad no se transforma en resoluciones jurídicas que den lugar a actuaciones contundentes, de todo orden, algo improbable después de que el fiscal general consienta la humillación infligida al Supremo por la juez que ha archivado la querella contra Atutxa. Las instituciones alavesas ya han puesto sobre la mesa una de las consecuencias más graves- -y también más coherentes- -de que los nacionalistas sigan adelante con su plan. El presidente del Gobierno ha hecho bien en romper su silencio, pero no se trata de que anticipe el contenido de su conversación con Ibarretxe, sino de cuál es la intensidad de la voluntad política de su Ejecutivo ante los efectos multiplicadores de esta crisis de Estado. El aviso de Álava es uno de ellos y sirve como ejemplo de que al nacionalismo hay que hablarle con la misma claridad que sus dirigentes emplean para desafiar al Estado. El rechazo del Congreso de los Diputados al plan soberanista no alterará el guión del PNV. Lo que Zapatero debe apoyar no es la estética de su talante sino el efecto disuasorio de las leyes y la oposición activa del autonomismo vasco a la amenaza nacionalista. L cas. Convendría entender que los precios de la vivienda llevan subiendo un 10 por ciento anual acumulativo durante casi 20 años; que se han iniciado, y vendido según otras fuentes, más de 600.000 viviendas al año; que los tipos de interés reales han experimentado una reducción drástica y permanente con la Unión Monetaria y que eso ha permitido alargar plazos y mejorar condiciones hasta el punto que hipotecas a 30 años son hoy habituales; que gracias a la inmigración somos más de 43 millones de españoles y ha disminuido el tamaño medio de los hogares, multiplicando así la demanda de viviendas; que las costas españolas se han convertido en lugar de residencia habitual de pensionistas europeos; y, por último, que los mercados financieros no han dado muchas alegrías a los inversores en los últimos cinco años y que hay exceso de liquidez en la economía mundial, como recordaba recientemente el presidente del Banco Central Europeo. Si aun así se considera conveniente promover una desaceleración gradual y progresiva de los precios de la vivienda, el Gobierno ya sabe lo que tiene que hacer. Se lo han contado hasta la saciedad los organismos internacionales y ayer se lo volvió a recordar el presidente de la Sociedad de Tasaciones: liberalizar el suelo, que está demasiado intervenido por las corporaciones locales, y mejorar los derechos de los propietarios en los contratos de alquiler. Eso y confiar en que los tipos de interés sólo suban moderadamente y que la Bolsa continúe con su buena racha. Pero sobre todo no generar más desconfianza y confusión, no vayamos a tener que arrepentirnos de hablar tanto de la vivienda como problema. L MEJOR, PERO AÚN MAL A siniestralidad en las carreteras ha descendido espectacularmente en 2004. No se puede hablar, sin embargo, de satisfacción pues en 2004 más de 3.500 personas perdieron la vida en la carretera, una cifra todavía estremecedora que se completa con 1.629 heridos graves y casi otros tantos leves. Pero vistos con perspectiva, y fuera del drama familiar que acompaña a tantas y tantas familias, los datos respecto a 2003 suponen una reducción cercana al 12 por ciento en número de muertos (hubo 500 menos) y de más del 20 en el de heridos. La cifra absoluta de fallecidos nos retrotrae a 1980, si bien hay que tener en cuenta que por entonces el parque automovilístico era un cuarenta por ciento menor. Resulta evidente que las medidas adoptadas en esta materia (fundamentalmente el aumento de los controles de alcoholemia y la persecución del exceso de velocidad) han contribuido eficazmente a que haya más españoles que conduzcan con responsabilidad. El anuncio de otras medidas, como el carné L por puntos- -cuya implantación ya ha sido aprobada- puede coadyuvar a un descenso todavía más notable en las cifras de siniestros y víctimas. El ejemplo comparado que nos depara en Europa este sistema de asignación de puntos a cada conductor permite augurar mejores resultados si nos atenemos a lo ocurrido, por ejemplo, en Gran Bretaña, Alemania, Francia o Italia. La reforma del Código Penal, endureciendo las penas a los infractores, también puede restar algunos centenares de muertos a las cifras anuales. La extensión de la educación vial a todos los niveles de la sociedad sigue siendo, no obstante, una asignatura pendiente. El sistema educativo español debería impartir de manera obligatoria esta enseñanza, pues el escolar que no sea conductor será peatón. Se trata, en definitiva, de optimizar todos los mecanismos preventivos (educación, concienciación y responsabilidad) y paliativos (control y persecución del infractor contumaz) que eviten la sangría inasumible que sigue siendo la carretera.