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ABC LUNES 3 1 2005 Nacional 15 GERMÁN YANKE UN DEBATE SIN SENTIDO L presidente Rodríguez Zapatero parece decidido a no negociar el plan nacionalista que el Parlamento vasco aprobó el pasado día 30, pero dispuesto a debatirlo en el Congreso. A primera vista, se diría que la primera de estas decisiones- -no negociar- -responde a la coherencia del presidente con sus propias ideas, mientras la segunda- -debatir en el Parlamento- -vendría obligada por el cumplimiento de la legalidad. Pero esto sólo es así a primera vista. Zapatero debe tener claro, y subrayar ante la opinión pública, que la negativa a negociar el plan secesionista y antidemocrático del presidente autonómico vasco no es la consecuencia de negarse a su contenido ni de los límites que el Gobierno ha impuesto, aunque sean vagos, a la reforma a los estatutos de autonomía. No puede ni debe negociar el plan Ibarretxe porque no le corresponde ni formal ni materialmente. Formalmente, porque el proyecto ha tomado la apariencia fantasmagórica de una reforma del Estatuto de Guernica. Materialmente, porque su contenido no es otra cosa que un torpedo contra la legalidad constitucional y el respeto a los derechos ciudadanos. La gran vergüenza de un plan como el de Ibarretxe no es, aunque lo sea también, su contenido secesionista. Tampoco, aunque también lo contenga, por tener en su raíz la división interna y la promesa segura de la ruina económica y social del País Vasco. La gran vergüenza del plan es su contenido totalitario y antidemocrático ya que se funda, no en los derechos de la ciudadanía, sino en los presuntos e injustificables de un Pueblo que estaría por encima de los ciudadanos aunque fuera una parte de éstos, los nacionalistas, los que los administren impunemente. Quiebra Ibarretxe, y ahora el Parlamento vasco, el Estado de derecho, el basamento fundamental del Estado democrático, y también los principios elementales por los que se regula la UE. No es tampoco la primera vez que lo hacen, y no es de extrañar que, para sostenerlo, el PNV cuente- -y necesite- -con el apoyo de la antigua Batasuna, es decir, una rama del entramado de la banda terrorista ETA. Zapatero está obligado legal y moralmente a no negociar una sola línea de este estrafalario y peligroso plan. Pero no está obligado a debatirlo, al menos de una determinada manera. Debería considerar la propuesta del PP para oponerse de inmediato mediante los recursos oportunos, ya que su contenido y su formulación vulneran derechos básicos y el sistema institucional. O, en todo caso, establecer una estrategia común con el principal partido de la oposición y aquellos otros, pocos, con los que se puede defender el consenso constitucional. Si es obligado tramitar en el Congreso este falso proyecto de reforma del Estatuto vasco, no lo es, sin embargo, E su debate. O, al menos, la suerte de debate parlamentario que le dé carta de naturaleza de propuesta susceptible de consideración, aunque al final se rechace. Lo que debe hacer el Gobierno, y con él el PSOE y el PP, es, en todo caso, votar urgentemente de modo negativo y sin otra consideración, y ter- minar con esta farsa y este empeño antidemocrático. Seamos claros y, ya que algunos se empeñan en hablar de oídas, reiterativos: se trata de un plan antidemocrático, contrario a la ciudadanía como fundamento de la política, y apoyado por el terrorismo. Si hay alguna obligación es la de rechazarlo rotunda e inmediatamente, no la de debatir su contenido como si se tratara de una propuesta discutible. Nadie se imagina al presidente del Gobierno aceptando el debate de un proyecto que pretendiera prohibir el voto a una parte de los españoles, avalar la violencia de hombres contra mujeres o legalizar el racismo. Tampoco deberíamos poder imaginar que el totalitarismo del nacionalismo vasco tuviera suerte distinta. No basta con la retórica de acabar con sus pretensiones en las urnas, por muy necesario que sea desplazar democráticamente a los nacionalistas del Gobierno vasco. Nadie aceptaría que, contra el racismo o la violencia, se fiara todo a las próximas elecciones. Nadie debería aceptarlo ahora. Además, el presidente del Gobierno tiene la obligación de hacer constar que la oposición al plan Ibarretxe no son sólo los programas de los partidos, incluido el suyo, sino la Constitución y la democracia, algo de lo que socialistas y conservadores forman parte.