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ABC VIERNES 31 12 2004 Cultura 49 BATALLA POR EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL Cultura entrega los legajos a Cataluña por ser una institución preexistente al Archivo Este argumento no será aplicable a los ayuntamientos, partidos y sindicatos b La ministra de Cultura acusa a La soprano Victoria de los Ángeles, hospitalizada en Barcelona b Fuentes de la clínica informaron anoche de que De los Ángeles se encontraba estable, aunque continuaba internada en cuidados intensivos P. M. -H. BARCELONA. La soprano Victoria de los Ángeles (Barcelona, 1923) ha tenido que ser ingresada en la clínica barcelonesa Teknon debido a una bronquitis que se ha complicado y que ha preocupado seriamente al entorno que rodea a la diva. La cantante ha recibido en la clínica la visita de amigos y familiares- -incluido el director general del Gran Teatro del Liceo, Josep Caminal- quienes han declinado hacer cualquier tipo de declaración a la prensa sobre su estado de salud. Fuentes de la Teknon, sin embargo, han afirmado que De los Ángeles se encuentra estable aunque continúa internada en cuidados intensivos. Considerada una de las intérpretes más singulares del siglo pasado, Victoria de Los Ángeles ha conseguido convertir en propios un amplio abanico de personajes operísticos, convirtiendo sus interpretaciones en toda una referencia para las nuevas generaciones. Retirada de los escenarios desde hace una década, la cantante debutó oficialmente en enero de 1945 con unas Bodas de Fígaro en el Liceo barcelonés que han pasado a la historia. Su debut en los teatros más importantes del mundo contribuyó definitivamente a su consagración internacional. Castilla y León de arrogarse la titularidad del Archivo de Salamanca, y afirma que su defensa de la permanencia del Archivo de Medinaceli en Sevilla no es comparable A. A. J. G. C. MADRID. El fundamento jurídico de la Comisión de expertos sobre el Archivo de Salamanca impuso como criterio que la devolución de legajos sólo será efectiva en el caso de la Generalitat catalana porque esta institución ya existía antes de 1936. Un criterio que no se hará extensivo a ayuntamientos, sindicados y partidos porque, bajo la mirada de los expertos sus documentos, a pesar de haber sido también incautados no tienen que ver con su identidad El texto de la comisión aborda la legitimidad del Régimen de Franco para incautarse de los documentos, la posibilidad de enjuiciar esta actuación 70 años después y si el tiempo transcurrido ha podido sanar la ilegitimidad de esta medida Así, deja fuera de toda duda que la requisa fue un acto ilegítimo y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que los plazos para que prescriba esta acción deben empezar a contarse desde la fecha de publicación de la Constitución- -el 28 de diciembre de 1978- -ya que hasta entonces no pudieron producirse las reclamaciones y si se hicieron no existían posibilidades de aplicar una legalidad justa y conforme con el debido respeto al derecho de propiedad Los juristas concluyen que las disposiciones que regularon dicha incautación han incurrido en inconstitucionalidad sobrevenida Así, consideran que desde el punto de vista del derecho civil, los documentos y archivos son reivindicables, en términos generales, hasta el 29 de diciembre de 1984, seis años después de la aprobación de la Constitución, pero advierte de que se deben tener en cuenta cuestiones como que algunos papeles requeridos no estuvieran en el archivo. Carmen Calvo ABC vías de reclamación más allá del derecho privado, informa la agencia Ical. En el caso de los ayuntamientos, partidos y sindicatos se propone la copia digitalizada porque los elementos simbólicos no tienen la misma fuerza en su caso ya que no tienen que ver con su identidad Por otra parte, el Ministerio de Cultura se escudaba ayer en que la Junta de Castilla y León ha querido arrogarse la titularidad de un bien estatal co- mo es el Archivo de Salamanca para blindarlo por ley. Cultura remitió ayer una nota a ABC, en la que señala que la Comunidad Autónoma de Andalucía actuó en el ámbito de sus competencias cuando procedió en 1999 a la modificación parcial de la Ley del Sistema Andaluz de Archivos de 1988, porque dicha modificación no afectó a los archivos de titularidad estatal. La actuación legal no fue recurrida por ninguna institución. Por el contrario, de la iniciativa de las Cortes de Castilla y León podría deducirse que intenta regular un archivo de titularidad estatal sobre el que no tiene competencias, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía Sin embargo, la Ley del Sistema Andaluz de Archivos que modificó Carmen Calvo fue la 3 1984, de 9 de enero, y no la de 1988. Reformó el artículo 36 para ampliar las garantías de protección ante traslados y transmisiones. En ese año de 1988 el Tribunal Constitucional (TC) emitió un dictamen sobre el recurso de inconstitucionalidad número 255 1984 que interpuso el presidente de Gobierno, Felipe González, contra la Ley de 1984. El TC señala que la Comunidad Andaluza intentaría asumir competencias sobre archivos de titularidad no autonómica cuya asunción le estaría vedada. No obstante, la disposición recurrida es susceptible de una lectura que resulta perfectamente respetuosa con el Texto constitucional Castilla y León cree oportuno advertir a Cultura de las consecuencias del traslado La Consejera de Cultura de Castilla y León, Silvia Clemente, ha enviado una carta a Carmen Calvo en la que le advierte sobre las consecuencias del traslado de los legajos de Salamanca a Cataluña: Estimada Señora- -dice la misiva a la que ABC ha tenido acceso- El Ayuntamiento de Salamanca se ha dirigido a esta Consejería poniendo de manifiesto su inquietud y preocupación ante la posibilidad, anunciada por ese Ministerio de Cultura, de que parte de los fondos documentales actualmente integrantes del Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en dicha ciudad, pudieran ser entregados al Gobierno autonómico de Cataluña. Como ya ha de ser conocido por ese Ministerio, los fondos del Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca, han sido declarados Bienes de Interés Cultural como colección, a los efectos de la legislación sobre Patrimonio Cultural de la Comunidad de Castilla y León, así como incluidos en el sistema de archivos de Castilla y León. Por ello, y sin perjuicio de las actuaciones que con posterioridad se pudieran seguir al respecto, por parte de esta Consejería se ha considerado conveniente recordar a ese Ministerio que toda modificación, traslado o alteración de bienes muebles declarados de interés cultural están sujetos al cumplimiento de la normativa sobre Patrimonio Cultural vigente en esta Comunidad Autónoma. Igualmente le recuerdo la normativa sectorial que concierne al régimen de funcionamiento del Archivo regulada en la conformación de su Patronato. En consecuencia, se estima oportuno hacer advertencia expresa a ese Ministerio, a fin de que se tengan en consideración las consecuencias jurídicas y responsabilidades que podrían derivarse de la contravención de la legislación aplicable en esta Comunidad o de los eventuales daños en la integridad del Patrimonio Histórico que pudieran tener lugar como consecuencia de las actuaciones anunciadas D D PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, MAGISTRADO- JUEZ del Juzgado de lo Mercantil n 2. Por el presente se convoca judicialmente junta general ordinaria de la sociedad anónima VIA TECHNOLOGY LATINA S. A. con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA 1. Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas formuladas, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003. 2. Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio. 3. Ruegos y preguntas. 4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión que se celebrará en su domicilio social sito en la Plaza del Marqués de Salamanca, n 11, 4 izquierda, de Madrid, el próximo día 1 de febrero de 2005, y a las 17 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 3 de febrero de 2005 en segunda convocatoria, siendo presidida por aquél a quien estatutariamente corresponda. Conforme se ha acordado en Auto de fecha 29 de noviembre de 2004. Sobre el derecho de información de los accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los vigentes estatutos sociales, en relación con los artículos 212 y concordantes de la vigente ley de Sociedades Anónimas, se comunica que, desde la fecha de convocatoria de la Junta, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma. Dado en Madrid, a siete de diciembre de dos mil cuatro. El Magistrado- Juez. A los Ayuntamientos, copia digital Sin embargo, en el caso de la Generalitat, el informe establece que los documentos reclamados no fueron incautados, sino que hubo una ocupación de sus archivos como consecuencia de su disolución y, más adelante, se señala que en el origen el proceso debe entenderse como una recuperación por parte del Estado franquista de competencias y servicios y, por lo tanto, de los bienes materiales que les acompañaban. Esto puede ser ahora empleado, dicen los juristas, en sentido inverso. No obstante, señala que en el caso de Cataluña pueden establecerse otras