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76 JUEVES 30 12 2004 ABC Economía Los sindicatos acusan al Gobierno de engaño por aplazar el acuerdo del salario mínimo CC. OO. y UGT ven en peligro el futuro del diálogo social y piden la intervención de Zapatero b La cláusula de revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) había sido rechazada por CEOE y Economía al entender que tendría impacto negativo en las pymes y supondría subidas de precios M. N. MADRID. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores acusaron ayer al Gobierno de haber roto seriamente su confianza tras el aplazamiento del acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que habían pactado. El Ministerio de Trabajo comunicó ayer a las centrales sindicales y a la CEOE que había decidido aplazar un mes la firma de este acuerdo, que ya había pactado con ellos, sobre la revalorización del SMI, porque tenía que concretar los aspectos relacionados con las cláusulas de revisión del SMI y con las bonificaciones sociales. Fuentes sindicales calificaron la actitud del Gobierno de engaño. A pesar de este aplazamiento, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció ayer que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Real Decreto sobre el incremento del SMI de un 4,5 para 2005, con lo que quedará fijado en 513 euros, lo que supone un aumento del 13 respecto al inicio del presente año. Fuentes de Trabajo restaron ayer importancia al retraso y explicaron que se trata de una cuestión de tiempo que ha pedido CEOE y que la situación del SMI está garantizada para todo el año 2005. El retraso en la firma del acuerdo causó indignación entre los sindicatos, que no dudaron en calificar de insólita la intención del Gobierno de renegociar un acuerdo que ya estaba cerrado, y manifestaron la desconfianza que les había generado la decisión del Gobierno. Ante este hecho pidieron la intervención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que intervenga en la situación creada. JAIME GARCÍA Los presidentes de CEPYME y CEOE, Jesús Bárcenas y José María Cuevas y los secretarios generales de UGT y CC. OO. Cándido Méndez y José María Fidalgo durante la firma, ayer, del III Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) que tendrá una vigencia de cuatro años a partir del 2005 a que, además de que el salario mínimo alcanzara los 600 euros, se mantuviera el poder adquisitivo de éste, cosa que queda ahora en el aire tras el aplazamiento de la firma del acuerdo. Fernando Lezcano, portavoz de Comisiones Obreras, aseguró ayer que la actitud del Gobierno es inadmisible tanto por la forma como por el fondo, ya que el 22 de diciembre concluimos las negociaciones y lo que el Gobierno no puede hacer ahora es pedir renegociar algo sobre lo que ya se había cerrado un acuerdo Desde el punto de vista de este sindicato lo que ha podido pasar es que ha habido una convergencia de intereses entre la CEOE, que rechazaba la cláusula de revisión, y el Ministerio de Economía, que se oponía a la medida por entender que la cláusula dejaba indiciados los crecimientos de los salarios en el futuro, y eso era visto como un mal mensaje para los mercados Desde la CEOE, su secretario general, Juan Jiménez Aguilar, explicó ayer que antes de firmar la revisión EL RIESGO DE LA INDICIACIÓN FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA Caldera pide más tiempo El ministro explicó ayer tras una reunión sobre Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social, que es necesario un poco más de tiempo para cerrar el acuerdo sobre el SMI informa Efe. No obstante, Caldera subrayó la voluntad inequívoca del Gobierno de cumplir su compromiso electoral de que el salario mínimo alcance los 600 euros mensuales al final de esta legislatura. La cuestión ahora es que Rodríguez Zapatero se había comprometido NTRE los sindicatos y el Gobierno se abrió ayer una brecha. Suele ocurrir cuando gobiernan los compañeros. Negociar con los cercanos es más complejo que con los lejanos; quizá por aquello de que donde hay confianza... da asco. La piedra en el camino se llama ahora cláusula de revisión que los economistas llaman indiciación: fijar precios o tarifas a la inflación. No es tema menor, es de filosofía y de concepto. Las recomendaciones de los organismos económicos más reputados en materia de salarios insisten en evitar la repercusión automática de los índices de precios sin tener en cuenta factores como la pro- E ductividad y la situación y tendencia de cada sector y empresa. Décadas atrás se superó la perversión de que los salarios fueran por delante de la inflación, azuzando ésta. Los sindicatos (también los patronos y los políticos) entendieron que ajustar costes podía ser buen camino para mejorar la capacidad adquisitiva, más que tomar ventaja e imponer subidas. El espejismo monetario del salario más alto, puede concluir con más pobreza y peor reparto. El debate ahora está en el automatismo de la actualización automática de rentas conforme a la tasa de inflación, un automatismo que concluye en la carrera de Aquiles y la tortuga, nunca aquel alcanza a ésta. Especialmente sensible es este fenómeno cuando se casa con el síndrome del salario mínimo. Quienes desconocen el funcionamiento de los mercados de trabajo creen (con la fe del carbonero, por encima de la ra- zón) que un salario mínimo (adjetivado con el apreciativo de digno) contribuye a la justicia social y ayuda a los necesitados. Quienes conocen los mercados de trabajo saben que el salario mínimo estrecha y restringe la oferta de trabajo, al descosido añade un roto. Impone una barrera de entrada y expulsa del mercado a vendedores y compradores de trabajo por debajo de ese umbral. Además introduce rigidez en un mercado que por su dimension y complejidad requiere libertad y trasparencia; perseguir el abuso, pero sin poner puertas al campo. Los sindicatos quieren actualización automática del salario mínimo. El Gobierno sabe que no es buen camino para el empleo y el crecimiento. Los sindicatos apelan a Zapatero para imponer sus tesis. Y al presidente le tocará arbitrar entre lo recomendable a largo y el oportunismo complaciente a corto.