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ABC JUEVES 30 12 2004 Nacional 21 La Sala Militar del Tribunal Supremo ha levantado la sanción impuesta a un guardia civil por calzar unos zapatos reglamentarios muy deteriorados. Ocho meses antes de ser sancionado, el agente había solicitado en varias ocasiones- -sin éxito- -que le fuera repuesto el calzado Anulan la sanción impuesta a un guardia por llevar rotos los zapatos TEXTO: NIEVES COLLI El Estado deberá indemnizar a un joven por una caída en la escuela EP MADRID. El Tribunal Supremo ha condenado al Ministerio de Educación a pagar una indemnización de 256.120 euros a un joven que sufre una fuerte minusvalía psíquica como consecuencia de una caída que sufrió en 1993 en las escaleras del Instituto de Enseñanza Secundaria en el que estudiaba. El muchacho trataba de zafarse del asedio de otros compañeros que querían hacerle una novatada. El alto Tribunal reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración. Las lesiones sufridas por el joven, que tenía 15 años cuando ocurrió el accidente, fueron consecuencia indirecta del acoso que sufrió un año antes, cuando fue perseguido por otros compañeros y cayó por las escaleras, lo que le apartó todo el año de las clases. Al iniciarse el nuevo curso, el menor sufrió otra caída por las limitaciones corporales y sensitivas que arrastraba desde el primer accidente. La sentencia del Supremo cree que existe un nexo causal entre ambas caídas y sostiene que la primera pudo haberse evitado de haber mediado mayor cuidado del centro o el profesor responsables, que han de velar para que no se produzcan acciones de tal naturaleza MADRID. La culpa la tienen unos zapatos viejos. Todo podía haberse resuelto fácilmente con la compra de un par nuevo- ¿60, 90 euros? pero la tozudez humana, unida a los rígidos modos militares y, en este caso, a la lentitud burocrática, desembocó en un proceso disciplinario seguido de otro judicial que han tardado dos años en resolverse y que de seguro han multiplicado por cien los gastos al erario público. Todo empezó cuando un agente de la Guardia Civil destinado en un centro penitenciario de Tenerife fue sancionado como autor de una falta disciplinaria consistente en una infracción de las normas que regulan la uniformidad El motivo: que sus zapatos estaban en pésimo estado de conservación y uso, con descosido ostensible en parte inferior, quedando desprendida la suela del tacón Ocho meses después La sanción le fue impuesta al guardia el 21 de junio de 2002, es decir, ocho meses después de que éste hubiera solicitado en varias ocasiones- -sin éxito- -la reposición de sus zapatos reglamentarios. El agente recurrió la sanción, pero la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife la confirmó. Haber pedido calzado nuevo no es excusa para seguir llevando los viejos, sostenía la resolución. Un mínimo de decoro- -añadía- -hubiera llevado a la adquisición de unos zapatos por el propio funcionario y a la posterior justificación del gasto a la Dirección General de la Guardia Civil. La incomprensión de los mandos decidió al agente a acudir a los Tribunales. Empezaban así dos largos años de pleitos. El 22 de abril de 2003, el Tribunal Territorial Quinto con sede en Santa Cruz de Tenerife volvió a confirmar la sanción; interpuesto un recurso de casación, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dio por fin la razón al agente. Ningún reproche disciplinario puede efectuarse a quien usa para el servicio los únicos zapatos reglamentarios que puede utilizar al no haber sido atendida su petición con la urgencia que el deterioro del calzado requería Estos zapatos rotos motivaron la sanción ahora anulada por el Supremo de normas sobre uniformidad por parte del agente, ni puede apreciarse descuido o negligencia del encartado en la conservación de esa prenda del uniforme Asimismo, cree el Supremo que los errores que hubiera podido cometer el peticionario en la tramitación de su solicitud no justifican ese retraso cuando consta que la Administración tenía conocimiento de ella y la había procesado con carácter de urgencia La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) colectivo del que Carlos Javier Acosta Montesino (el guardia sancionado) es delegado en Canarias, lamenta que un asunto tan sencillo como la adjudicación de unos zapatos nuevos se haya complicado de ABC tal manera. La Asociación cree, además, que se trata de un claro caso de acoso laboral- -conocido como mobbing -como castigo por la activa defensa que este guardia hace de los derechos e intereses profesionales dentro del Cuerpo. Para probar esta acusación, la AUGC relata en una nota de prensa cómo, desde su designación como delegado de la Asociación para Canarias, Acosta Montesino ha sido objeto de varias sanciones disciplinarias- -en 1998, en 2000 y en 2002- -y todas han sido anuladas después por los Tribunales. El agente reclama ahora a la Dirección General de la Guardia Civil más de 5.000 euros. Tres menores, implicados en el tiroteo contra la Policía en Sevilla EFE SEVILLA. Ocho personas, tres de ellas menores, están implicadas en el tiroteo registrado la noche del martes en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla. Los hechos se produjeron cuando los agentes, del Grupo de Motos, patrullaban la zona. Los agentes observaron a dos presuntos sospechosos que, al darse cuenta, huyeron al grito de agua para alertar de la presencia de la Policía en la zona. Comenzó entonces una persecución que concluyó en el interior de un piso, donde los policías fueron recibidos a tiros. Como consecuencia de estos hechos, murió un hombre de 52 años y otras tres personas- -entre ellas los dos agentes- -resultaron heridas. Asimismo, fueron detenidos la esposa del fallecido, Quintana V. S. Enrique G. M. de 52 años, y dos menores que estaban en la vivienda. Según un comunicado policial, el fallecido, nacido en Badajoz y que murió tras recibir asistencia médica de urgencias, tenía numerosos antecedentes por tráfico de drogas y resistencia a la autoridad y fue quien, al parecer, abrió fuego. Cuidó bien su calzado El Supremo recuerda que su petición de reposición del calzado consta con mucha antelación a los hechos y rechaza que al agente sancionado le fuera exigible la adquisición por sus propios medios de dicho elemento del uniforme militar para el posterior resarcimiento del gasto originado a su peculio particular El alto Tribunal concluye que no se ha producido ninguna conculcación