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4 Opinión JUEVES 30 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO REFERÉNDUM EN EL HORIZONTE AS semanas pasan y dentro de apenas dos meses los españoles serán convocados en referéndum para votar un Tratado de Constitución Europea que sigue siendo un perfecto desconocido. A estas alturas, y según el CIS, un 90 por ciento de la población no sabe nada de este texto. Resulta sorprendente que el Gobierno socialista se haya empeñado en dar tanto valor al referéndum y que no haya sido capaz de mover un solo músculo institucional al respecto. Sobre todo cuando se insiste desde instancias gubernamentales en que este Tratado es el mejor de los posibles y que España puede sentirse muy satisfecha de haber logrado un documento así. Esta pasividad de los socialistas se agrava si se tiene en cuenta cómo han tratado de monopolizar el discurso europeísta desde la crisis de la guerra de Irak. Si para el presidente Rodríguez Zapatero Europa es tan importante, no se comprende por qué se da el paso de ser los primeros en votar el Tratado y no se toman las medidas para promover su conocimiento mediante campañas institucionales y, sobre todo, debates públicos que pongan a los ciudadanos al tanto del texto de un Tratado que está- -por lo visto- -por encima de la bondad que para los intereses generales representaba el famoso- -y todavía vigente por unos años más- -Tratado de Niza. Hay que recordar al Gobierno que la transparencia es una de las señas de identidad que definen su programa y, al día de hoy, la transparencia en este delicado asunto brilla por su ausencia. Todo parece responder a un nuevo ejemplo indeseable de imprevisión y si así fuera constituye una enorme gravedad convocar un referéndum sin tener en cuenta que se ha producido un ligero retroceso en el apoyo popular al Tratado de Constitución Europea. En octubre había más partidarios DEMOCRACIA TRUCADA L del sí y más ciudadanos dispuestos a votar que ahora mismo. España no puede permitirse un apoyo tan débil. Sobre todo cuando se tiene el respaldo decidido del principal partido de la oposición y de la mayoría de los partidos del arco parlamentario. España debe decir sí a la Constitución Europea sin pusilanimidad. Las urnas deben dar la imagen de una España que confía en Europa. Y esta es una responsabilidad institucional del Gobierno que no puede delegar ni atenuar. Sobre todo porque Europa ha significado para nuestro país un asidero de estabilidad y un motor que ha estimulado eficazmente el dinamismo y la prosperidad que los españoles hemos sido capaces de desplegar a la hora de atajar nuestros desequilibrios con respecto al resto de Europa. Y, además, porque la arquitectura territorial diseñada por la Constitución Europea yugula las reivindicaciones soberanistas que algunos tratan de forzar en el seno de España. En fin, que en la preparación institucional de este referéndum no puede darse la misma imprevisión que, por ejemplo, ha evidenciado el Gobierno al tratar de paliar los efectos de la ola de frío anunciada para la operación regreso de Navidad. Aquí, las encuestas- -como los partes meteorológicos- -vienen emitiendo sus avisos para navegantes. Si hay sorpresas no podrá consolarse endosando a los españoles la responsabidad de un parco resultado. Tampoco podrá recurrirse a la socorrida crítica al Partido Popular, especialmente cuando éste ha dado su apoyo explícito al Tratado y no le corresponde la iniciativa en este asunto. Cualquier fracaso o tibieza que contribuyese a sembrar la duda sobre el proyecto europeo tendrá un responsable único en el Gobierno, que ha llamado a las urnas sin calibrar la envergadura del esfuerzo que ello supone. C LA MEMORIA FRÁGIL L A ministra de Cultura ha confirmado que entregará a Cataluña los papeles del Archivo de Salamanca. Incluso ha asegurado que la medida podría tomarse sin pasar por el Consejo de Ministros. Sin embargo, la sombra del pasado planea siempre sobre quienes exhiben la fragilidad de su memoria. Hace ahora siete años, siendo a la sazón consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Calvo blindó por ley el Archivo de la Fundación de la Casa Ducal de Medinaceli para impedir el traslado de sus documentos a Toledo. Este archivo, para mayor agravio de origen privado, sólo pudo trasladar al toledano Hospital de Tavera la parte no andaluza de los documentos. Es decir, Calvo hizo con el de Medinaceli lo mismo que ahora hace la Junta de Castilla y León, y ella considera inconstitucional. Pero no es memoria lo que le falta a la ministra, sino coherencia e independencia de criterio. Lo que antes hizo, ahora lo censura para pagar el peaje exigido por el tripartito catalán. Ni le importan la incoherencia y el agravio, ni le inquieta la posibilidad, ya verificada, de que el mal ejemplo cunda y proliferen las exigencias que harán imposible la ejecución de una política cultural nacional, que es su principal obligación. La condición ilegítima del agravio es patente, y sólo cabe considerar lo que habría decidido el Gobierno de Zapatero si la solicitud de entrega de documentos hubiera provenido de una Comunidad gobernada por el PP y el destinatario de la petición fuera la Cataluña que preside Maragall. Los ciudadanos de Castilla y León seguro que no aceptarán las migajas que, a buen seguro, le ofrecerá en los próximos días el errático Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero, orgulloso siempre de su origen leonés. ADA día que pasa está más claro el modelo de sociedad que impondría el nacionalismo vasco si dispusiera de la hegemonía decisiva que anda buscando con el Plan Ibarretxe. Basta comprobar cómo ha manejado en la práctica durante los últimos años los fundamentos del Estado democrático y de Derecho. Si los dirigentes nacionalistas no han tenido reparo ético en pactar con ETA en 1998, si no han dudado en burlarse del Tribunal Supremo, si se han opuesto a la acción legal y judicial contra el entramado etarra y si utilizan las instituciones estatutarias para acabar con el Estatuto, no debe extrañar que el presidente de la Cámara vasca juegue sucio para que el Gobierno nacionalista gane la votación de los Presupuestos de 2005 aprovechándose de un fallo de procedimiento. En esta ocasión, Juan María Atutxa, el otrora símbolo de los moderados del PNV, no puede amparar su actuación en una treta reglamentaria, como la que permitió al tripartito nacionalista aprovechar la ausencia de parlamentarios de la oposición para sacar adelante los presupuestos de 2003. Ahora, la mala fe es notoria y está denunciada incluso por los antecedentes del propio Parlamento. El error técnico que impidió sumar el voto de una diputada socialista, con el que se habría producido un empate con los partidos del Gobierno de Ibarretxe, no ofrecía duda alguna acerca de que obligaba, política y jurídicamente, a repetir la votación. Pero Atutxa, por el peso de la arbitrariedad, que no de su autoridad, ha demostrado que el País Vasco es una lamentable excepción en la democracia española y en la Europa que aspira a darse un Tratado constitucional, en cuyo preámbulo se reivindican, como signos de su identidad, los derechos humanos, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho. Para el PSE, este episodio tendría que ser decepcionante, después de haber decidido imprimir un giro radical a su posición política en el País Vasco y asumir el presupuesto nacionalista de que a la sociedad vasca realmente no le falta libertad sino identidad nacional. El nacionalismo vasco es, actualmente, una opción negativa para el futuro de los vascos y, por eso mismo, la propuesta soberanista del lendakari apenas ha sumado apoyos en los más de tres años de propaganda intensiva, según los datos del último Euskobarómetro, encuesta realizada por la Universidad del País Vasco. Ante un nacionalismo tramposo y arbitrario, como el que representó Atutxa en la Cámara de Vitoria, nada va a conseguir el PSE deslizándose hacia posiciones extraestatutarias y dudosamente constitucionales. Después de que les robaran el voto, van camino de que les roben la identidad.