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4 Opinión MIÉRCOLES 29 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO UN ESTADO SIN AUTORIDAD ON el archivo, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Juan María Atutxa y otros miembros de la Mesa de la Cámara Vasca, se completa una serie de resoluciones judiciales que, desde distintos ángulos, convergen en fortalecer la posición del nacionalismo ante el tramo final del Plan Ibarretxe. Todas estas decisiones, tomadas desde la victoria electoral del PSOE, plantean seriamente la duda de si el Estado se encuentra en condiciones de superioridad frente a agresiones notorias contra el orden constitucional y el interés general. La lista es significativa. El Tribunal Constitucional rechazó el conflicto de competencias planteado por el Gobierno del PP contra el Ejecutivo y el Parlamento vascos por impulsar el PlanIbarretxe, pese a reconocerque ésteera radicalmente inconstitucional. El Tribunal Supremo acaba de absolver al diputado batasuno Jon Salaberría, a quien la inviolabilidad parlamentaria le permitirá seguir enalteciendo el terrorismo en la sede de la democracia vasca. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Gobierno vasco de reforma estatutaria también llamado Plan Ibarretxe. Finalmente, y a dos días de que el Pleno de la Cámara Vasca vote la propuesta del lendakari, la magistrada instructora del TSJ vasco ha archivado la querella contra Atutxa, a quien el Ministerio Fiscal acusaba de desobediencia por no ejecutar la disolución de Socialistas Abertzales, decretada por el Tribunal Supremo. Este sobreseimiento no es definitivo, porque cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ vasco, recurso que el fiscal general del Estado debe ordenar sin duda ni dilación alguna. El saldo judicial para el Estado de Derecho es desolador. Tales decisiones tendrán su fundamento jurídico y es seguro que los jueces que las han tomado IRAK, HORA CERO C habrán actuado con absoluta independencia. Pero también es cierto que, si hubieran querido resolver en sentidocontrario, habrían encontrado argumentosde igual o mayor fuerza que los que hanutilizado en sus sentencias y autos. Podrían haber considerado que ni los procedimientos parlamentarios ni las Asambleas Legislativas son instituciones neutrales que admitan proyectos de ruptura constitucional, como el Plan Ibarretxe. O que la inviolabilidad parlamentaria sólo está legitimada para el ejercicio de la política, no de la propaganda terrorista. O que un acuerdo administrativo, como el de aprobación del Plan Ibarretxe por parte del Gobierno vasco, tiene querespetar unos elementos reglados, que no se respetaron, aunque luego se incorpore ese acuerdo a un procedimiento parlamentario. O, en fin, que el Estado de Derecho o hace cumplir sus sentencias o, simplemente, es una parodia de Estado. Nadie debe exigir a los jueces activismo alguno, en ningún sentido, pero sí existen, o deberían existir, prioridades compartidas por todos los poderes del Estado, como la defensa de la Constitución, la igualdad ante la Ley y la persecución del terrorismo, porque estosobjetivos representan interesesgenerales reconocidos en las leyes y en los fundamentos mismos de una convivencia basada en el imperio de la ley. Si el resultado es que hoy hay ciudadanos españoles confundidos, que se preguntan si la apologíadel terrorismopuede ser impune, si lassentencias del Tribunal Supremo no siempre deben ser cumplidas, si no está claro que un proyecto inconstitucional no debe siquiera discutirse, algo grave ha fallado en la aplicación de las leyes y quien lo paga es el Estado, con un menoscabo de su autoridad. Ya es evidente un cambio de ciclo en la correlación de fuerzas entre el Estado y las presiones nacionalistas, lo que ha generado un nuevo escenario de tensiones con grave perjuicio para los intereses nacionales. L EL FUTURO DE LA CIENCIA A generación más brillante y mejor formada de científicos que ha tenido España está preocupada por su futuro. Hace unos meses lo hicieron saber los becarios de investigación. Ahora son los jóvenes científicos de alto nivel que fueron contratados durante cinco años con el programa Ramón y Cajal. El objetivo era facilitar su incorporación definitiva a las universidades y los organismos públicos de investigación. Sin embargo, los primeros contratados comienzan su penúltimo año de contrato y el temor a otro éxodo empieza a extenderse entre muchos de ellos, fundamentalmente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Desde el Ministerio de Educación y Ciencia se anuncia un generoso programa de ayudas como primera medida para incentivar la contratación L estable de científicos. Es una iniciativa positiva, aunque no altera lo sustancial: desde las elecciones generales no se ha adoptado ninguna medida de fondo encaminada a solucionar los graves problemas estructurales de la ciencia en España, entre ellos la ausencia de una carrera de investigador, definida y atractiva, o la rigidez asfixiante a la que está sometido el CSIC, el mayor organismo público de investigación. La reforma jurídica del CSIC, que está en fase de diseño para dotarlo de la agilidad y autonomía que son vitales para su competitividad, será la auténtica vara de medir la capacidad del Gobierno para convertir la ciencia y la tecnología en el motor económico y social del país. Pero a estas alturas, el crédito del que gozaba inicialmente el Ejecutivo entre los científicos se agota con rapidez. A actualidad nos devuelve sin solución de continuidad a la cascada de episodios violentos en Irak cuando falta apenas un mes para la celebración de las prometidas elecciones. No se puede decir que haya sorprendido esta ebullición de la actividad terrorista que los expertos habían previsto con claridad, pero nadie puede permanecer impasible ante el dolor de las víctimas, ni tampoco ante el ataque en toda regla que supone hacia los principios de la libertad y la democracia a los que los iraquíes también tienen derecho a aspirar. Está claro que las características esenciales de esta actividad terrorista no van dirigidas a luchar contra la ocupación militar norteamericana, sino precisamente a eternizarla. Los objetivos de los coches- bomba no son tanto las tropas estadounidenses como los civiles iraquíes comprometidos con el proceso electoral y los heroicos ciudadanos de aquel país que han decidido jugarse la vida para construir unas fuerzas de seguridad nacionales que en su día han de ser precisamente el principal argumento para que los norteamericanos puedan emprender el camino de vuelta a casa. La aparición de Osama Bin Laden declarando infieles a los que puedan ir a votar no es más que la confirmación del carácter antidemocrático y tiránico de este personaje o de los que mueven los hilos de su fantasma. Todos forman parte del núcleo de esta nebulosa que mantiene en una situación de esclavitud intelectual a una parte del mundo árabe y provoca la profunda crisis en la que se debaten los musulmanes del mundo entero. Mientras en Occidente algunos aún están empeñados en seguir discutiendo si fue primero el huevo o la gallina, la sociedad iraquí sigue desangrándose bajo el terror de las bombas y los asesinatos inclementes. Tal como están las cosas, lo único razonable desde cualquier punto de vista sería ayudar a los iraquíes a superar esta situación y a construir una sociedad democrática en la que todas las minorías puedan tener voz. Desgraciadamente, hay quien prefiere ver a los Estados Unidos en apuros, aunque con su empeño estén poniendo a los iraquíes ante un tipo de elección muy diferente con solamente dos papeletas: o la tiranía inhumana y brutal de Sadam Husein o una teocracia medieval y atroz como fue la de los talibanes en Afganistán. Las elecciones en Irak son mucho más que una disputa para distribuir los escaños de un parlamento representativo. Aunque parezca que es un asunto interno iraquí y un motivo de preocupación exclusivo de Estados Unidos, lo que se juega en Irak en estos momentos es algo que tarde o temprano nos afectará a todos, para bien o para mal.