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ABC MARTES 28 12 2004 47 Lunwerg se suma a la celebración del IV Centenario del Quijote con cuatro proyectos editoriales La Albertina de Viena reúne las visiones de Marc Chagall sobre la Biblia en una gran exposición Andalucía y Galicia no reclamarán sus papeles Andalucía no se plantea reclamar los fondos andaluces, puesto que en 1993 fueron microfilmados mediante un convenio suscrito con el Ministerio de Cultura. La Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia también destacó ayer que no reclamará los archivos de la Comunidad que permanecen en Salamanca y apuntó que se limitará a pedir copias digitalizadas de los mismos, pero no los documentos originales. La Chunta Aragonesista se sumó al País Vasco y la Comunidad Valenciana en sus peticiones y emplazó al Gobierno central a tomar cuantas actuaciones sean precisas para evitar que Aragón quede descolgada del proceso de revisión en el que se encuentran todos los fondos del Archivo de Salamanca. hecho de que Cataluña se llevaba su parte. Igualmente, he de reconocer que desde el punto de vista del historiador y la investigación, contar con los originales no es tan decisivo, ya que en la mayoría de los casos sólo se pueden consultar copias. La importancia de estos documentos aparece desde el punto de vista simbólico, sobre todo cuando en la propia Comisión se ha examinado el informe que la Unesco encargó para abordar la situación de países que han sufrido una dictadura y heredan este tipo de archivos. En estos casos se establece que tal documentación pasa a ser propiedad del Estado, de todos, y que ha de conservarse. Por tanto, sí, es posible que sea un dictamen político. Tampoco podemos dejar pasar el hecho de que los dos juristas que formaban parte de la comisión, Tomás de la Quadra Salcedo y José Álvarez Junco, tienen fuertes vínculos con el partido del Gobierno y que su informe se presentó ese mismo día. Ellos aludían a un acuerdo de 1978 que quitaría validez a cualquier reclamación que no fuera la de Cataluña, y lo cierto es que nosotros como historiadores no tenemos argumentación posible para rebatir a todo un presidente del Tribunal Constitucional. -Se ha hablado de cesión por ambas partes ¿En qué cede Cataluña? -En principio, sería el compromiso de enviar copias de documentos sobre la Guerra Civil que están depositados en los archivos de Cataluña. Ellos han ido a reivindicar y eso han hecho. El problema se planteará si pensamos que el Archivo Histórico Nacional está hecho sobre la desamortización y queremos devolver la documentación a los monasterios, o en el Archivo de Indias, o en el de Aragón... ¿Qué le parece este desenlace? Es difícil de justificar en Castilla y León. -Salí decepcionado y mal ante el desarrollo de la reunión. En los anteriores encuentros llegué a pensar incluso que formábamos una mayoría. ¿Es el punto final? -Me temo que la resolución tendrá que ser judicial. Hay un proceso abierto y habrá que ver qué ocurre. El informe jurídico avalaba al mismo tiempo la unidad y el reintegro de los papeles b El informe jurídico que analizó la Comisión de Expertos para realizar su dictamen insta a aplicar el principio de proporcionalidad en la reintegración de los originales ICAL SALAMANCA. El informe jurídico determinante para la decisión de la Comisión de Expertos sobre la Guerra Civil considera que el Estado central no puede hacer lo que quiera con los fondos documentales existentes en el Archivo de Salamanca, sino que está obligado a dar a los mismos el destino que sea más conveniente para los intereses públicos y a defender el interés general de tener un Archivo de la Guerra Civil si lo considera necesario o simplemente conveniente El informe resume en diez puntos los derechos de los titulares de los documentos y recomienda al Gobierno que debe aplicar el principio de proporcionalidad para valorar la forma en que se satisface el interés de Cataluña, a la vez que se satisface el interés del Archivo de la Guerra Civil, manteniendo en todo caso la funcionalidad de acceso a todos los documentos ahora existentes en Salamanca Asimismo, se recoge que el Ejecutivo está obligado a ponderar los intereses de la Generalitat en la reintegración de los originales de sus fondos documentales y a tratar de hacer compatibles los intereses con el menor sacrificio posible para ambos No obstante, pide que se preserve la integridad del Archivo, sin que ello obste a considerar si esa unidad queda comprometida por el hecho de que en Salamanca quede una copia digitalizada de los archivos que se reintegren a la Generalitat, preservándose así la funcionalidad En su séptimo punto recoge que debe considerar si el interés de la Generalitat no queda mejor satisfecho con la reintegración de los originales si ello no menoscaba la funcionalidad del Archivo Además, el estudio considera que debe preservar la integridad del actual Archivo y comprometerse a hacer de Salamanca un lugar de referencia para el estudio de nuestra guerra civil superando las limitaciones actuales del Archivo. Por último, plantea la posibilidad de que se considere si respecto a los bienes de los ayuntamientos, partidos, políticos, sindicatos y particulares, se utiliza la vía de las transferencias no a dichos titulares, sino a la Generalitat, siempre que existan razones que objetivamente expliquen la conveniencia de utilizar dicha vía, a la vista de la naturaleza y el contenido de los documentos de que se trate Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia CHEMA BARROSO Anes rechaza fragmentar archivos obedeciendo a negociaciones políticas El director de la Real Academia de la Historia lamenta que no se haya consultado a la institución b El historiador considera que la lista de expertos que decidió devolver los papeles de Salamanca deja mucho que desear A. B. H. VALLADOLID. El director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, lamentaba ayer que la institución que representa no haya sido consultada ni tenida en cuenta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de designar la Comisión de Expertos encargada de dirimir el conflicto planteado por la Generalitat con su reclamación sobre el Archivo de la Guerra Civil. El papel de la Academia es incuestionable por sus siglos de historia y por haber salvado tantos archivos y memorias explica. Aclarado el matiz, Gonzalo Anes, como historiador, no se muerde la lengua y analiza la composición de la Comisión de Expertos pactada con la Generalitat: Sinceramente, dejaba mucho que desear A este respecto, habría que recordar que el grupo de trabajo estuvo formado por Edward Malefakis, Federico Mayor Zaragoza, José Álvarez Junco, Pedro Cruz Villalón, Antonio González Quintana, Juan Pablo Fusi, Tomás de la Quadra- Salcedo, Borja de Riquer, Joan Rigol, Josep Cruanyes, Julio Valdeón, Eugenio García Zarza, Pedro González García, Rosa López y Angels Bernal. A su juicio, el dictamen hecho pú- blico por el grupo de historiadores, archiveros y juristas contrasta con una realidad marcada por las informaciones que dan fe de negociaciones políticas de presupuestos En este sentido, el historiador asturiano critica que se decida la fragmentación de archivos obedeciendo a estas negociaciones políticas porque tales actuaciones no son beneficiosas en ningún caso. El acuerdo supuestamente técnico presentado a la ministra de Cultura se basa en dos principios para guiar la resolución del conflicto. En la condena de las incautaciones de documentos con finalidad represiva y el derecho a la reparación de ese atropello y la salvaguarda de los derechos de las víctimas de la represión política que hoy usan documentación para fines de reparación y la protección de los bienes culturales hoy concentrados en el Archivo General de la Guerra Civil En sus conclusiones, la comisión considera justas y legítimas las razones que avalan la devolución de los fondos a la Generalitat, aconseja el establecimiento de un procedimiento administrativo para dar cauce a las reclamaciones de reconocimiento de la titularidad y posterior restitución al tiempo que establece condiciones para exigir el depósito de copias auténticas en el archivo de Salamanca. Además, recomienda la transformación del Archivo de la Guerra Civil y de la Represión con nuevos fondos, dotación presupuestaria y actividades complementarias.