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ABC MARTES 28 12 2004 Opinión 7 JAIME CAMPMANY Va a acabar con la Constitución quien tiene la obligación de defenderla y quien tiene el deber de aplicarla. Pronóstico: reservado EL PRESIDENTE Y LA PRESIDENTA L precio que le hacen pagar a Zapatero algunos exaltados nacionalistas catalanes y vascos por sus votos es un precio excesivamente alto. Es un precio a todas luces abusivo, fuera de toda razón y de cualesquiera evaluaciones que no terminen en pagar sin tasa y sin límite para seguir siendo presidente del Gobierno. Se trata de comprar La Moncloa a toda costa. Alguna vez tendremos que poner negro sobre blanco el catálogo de cesiones y concesiones que lleva entregadas Zapatero al nacionalismo radical a cambio de los votos parlamentarios de los quatre gats de la esquerra republicana. Nunca tan pocos consiguieron tanto en esta democracia, y tal vez en cualquier otra. Desde la cancelación del Trasvase del Ebro, insolidaridad más catalanaque aragonesa, a la aquiescencia para desmantelar el Archivo de Salamanca, hay una larga lista de gatuperios zapateriles. Los dos últimos disparatados proyectos vindicativos de los nacionalistas rabiosos del País Vasco y de Cataluña son el Plan Ibarreche de la cosoberanía y el Estado asociado de un lado, y el Estatuto catalán de la nacionalidad comunidad nacional o la nación dentro de otra nación, del otro. Ante el disparate intragable e impotable del Plan Ibarreche, Zapatero se salió por las peteneras de otro Plan, que era prácticamente el mismo, pero con seltz. Y ante el proyecto de Estatuto catalán, amasado por los dos compadres Carod- Rovira y Maragall, encontraron entre todos la denominación de comunidad nacional para evitar el término más claro al que apunta esa suerte de eufemismo o de ringorrango, que no es otro que el de nación Señores, aquí entre ese fárrago semántico que manejan de manera tan ignorante, pero tan pícara, los nacionalistas y Zapatero, late claramente un problema de soberanía y, al menos, un deseo de establecer la desigualdad y jerarquización entre los territorios de España y entre los españoles. Se trata sencillamente de llevar a la Constitución de España el principio de su desmembración, empezando por reconocer en ellala existencia de territorios con unos privilegios y unos grados de soberanía que otros territorios no disfrutan. Y si no fuera así, ¿para qué tanto empeño en modificar el texto constitucional en ese punto? Una de dos: o la modificación no altera ni rompe el principio de la soberanía nacional única, la de todo el pueblo de España, y en ese caso el proyecto se queda en una bagatela semántica, o lo que se intenta es, como claramente piden Ibarreche y Carod- Rovira, introducir una definición que permita fundamentar el derecho del País Vasco y de Cataluña a decidir su propio destino como nación (o comunidad nacional) y como pueblo soberano. O sea, el rompimiento de la unidad de España y su descomposición. Lo más preocupante de todo esto es que Zapatero dice que a él le gusta eso de comunidad nacional y la magistrada María Emilia Casas no encuentra inconveniente alguno para la reforma de la Constitución en ese sentido. Y el uno es presidente del Gobierno y la otra es presidenta del Tribunal Constitucional. O sea, quien tiene obligación de defenderla y quien tiene el deber de aplicarla. ¡Pobre Constitución! Pronóstico reservado. E IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA Los males han cambiado de naturaleza. Antes se había agredido al Gobierno; ahora se intenta destruir a la oposición. Y ésa es una vía que conduce al totalitarismo y a la destrucción de la democracia ESPAÑA Y EL CAMBIO DE MILENIO España no le ha sentado bien el cambio de milenio. La cosa ya empezó en la anterior legislatura. Los errores del Gobierno, más de imagen y sensibilidad que de fondo, fueron elevados por la oposición socialista casi a la categoría de crímenes de Estado. El Gobierno reaccionó, en principio, mal a la catástrofe del Prestige pero ni fue responsable de ella ni dejó de atender a los perjudicados. Gestionó muy mal el accidente del Yakolev y le faltó sensibilidad hacia los familiares de las víctimas, pero tampoco fue responsable de él. Aznar se equivocó en la foto de las Azores (de la que estuvo ausente nada menos que el anfitrión) pero adoptó, con la información de la que disponía, la actitud más favorable a los intereses de España. La oposición insinuó hasta la posibilidad de la existencia de crímenes contra la Humanidad, añadiendo errores más graves al error. Había sin duda precedentes de críticas extremas contra los Gobiernos. Las padecieron Suárez, Calvo- Sotelo y González. Mas en este último caso fueron acompañadas por sentencias firmes. Aun así, hasta ahora no se había producido un ambiente de ruptura del espíritu de la transición como el que vivimos. Nada de lo anterior es comparable a lo que está emprendiendo el nuevo Ejecutivo. Los males han cambiado de naturaleza. Antes se había agredido al Gobierno; ahora se intenta destruir a la oposición. Y ésa es una vía que conduce al totalitarismo y a la destrucción de la democracia. A la vez, se ha emprendido una estrategia de hostigamiento contra las convicciones cristianas de la mayoría de los españoles, y no sólo contra las posiciones de la jerarquía de la Iglesia Católica. También se ha dilapidado buena parte del crédito de nuestra política exterior. Por si esto fuera poco, se ha reavivado el revanchismo, la apelación a la guerra civil y al franquismo, en contra del A espíritu de concordia que presidió la transición. Lo que dijo Guerra más bien de boquilla parece empeñado Zapatero en hacerlo realidad. Pero una vieja nación no se troquela a antojo desde el salón del Consejo de Ministros y a golpe de legislación. Pero quizá lo más inquietante de todo sea el irresponsable empeño por proceder a la liquidación del consenso reformista que llevó a la aprobación de la Constitución. Se diría que el socialismo gobernante quiere pasar de entenderlo como puerto de llegada a convertirlo en estación de tránsito. La mediatización de la Justicia y la reforma de algunos Estatutos de Autonomía pueden convertirse en jaque mate a la Constitución. Y si algunas palabras son tan ambiguas o polisémicas, ¿qué necesidad hay de cambiarlas por otras de igual naturaleza? Pero la polisemia tampoco es absoluta, y una cosa es reformar la Constitución (si se hace legalmente y, a ser posible, con un grado de consenso equivalente al que obtuvo su aprobación) y otra su destrucción y el rompimiento de la unidad nacional. Se diría que algunos pretenden destruir España para que pueda seguir existiendo. Entiendo que haya quienes piensen que exagero y me equivoco. Ojalá así sea. Todo esto podría no ser tan inquietante, aunque no lo creo. Quedaría aún algo así como la prueba del nueve de los males de España: mientras se alarma quizá la mitad de los españoles, viven bajo una eufórica alegría sus enemigos declarados, algunos de ellos socios del socialismo en el tripartito catalán, y los mismos y otros más, sus apoyos en el Gobierno de España. Que contribuyan a gobernar nuestro país quienes aspiran a destruirlo, al menos debe mover a la inquietud. Siempre es posible que el Gobierno rectifique o, en caso contrario, que lo haga el pueblo en las urnas. Mientras tanto, a España no le ha sentado bien el cambio de milenio.