Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión MARTES 28 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO EL GOBIERNO, A CAPEAR EL TEMPORAL SALUD MENTAL M ILES de ciudadanos atrapados durante largas horas en las carreteras españolas, sin alimentos, sin gasolina, a veces sin calefacción, han escuchado perplejos las explicaciones del Gobierno acerca de su esfuerzo y previsión ante las situaciones de emergencia. Las reacciones, como es fácil suponer, oscilan entre la indignación y la ironía, con notable tendencia hacia la primera. Nadie niega a la Administración el deseo de hacer las cosas bien, pero es notorio que la eficacia no acompaña a las medidas supuestamente adoptadas. Es abrumador el contraste entre el punto de vista oficial y la percepción de los hechos por parte de los afectados: mucha gente no ha visto ni un solo policía por los alrededores, no ha recibido la ayuda indispensable, ni siquiera le han transmitido las instrucciones oportunas. Ciertas declaraciones que echan a los usuarios la culpa de los perjuicios sufridos están por completo fuera de lugar y merecen un severo reproche. Es regla común en Derecho que sólo la fuerza mayor exime de responsabilidad. Se trata de aquellas situaciones originadas por hechos de imposible previsión o que, siendo previsibles, no pueden ser materialmente evitados. Es evidente que no estamos en el primer caso: en Navidad nieva y los españoles se desplazan. ¿Se han tomado las medidas precisas? Si la eficacia se mide por los resultados, la respuesta es claramente negativa. El Gobierno- -faltaría más- -ha trabajado mucho, pero no ha sabido encauzar con prudencia el caos que afecta a buena parte del territorio. Los servicios meteorológicos habían advertido con antelación. La Dirección General de Tráfico, otras veces elogiada, se ha visto estos días desbordada por los acontecimientos. Un vez más, la reacción solidaria de la sociedad merece una valoración muy positiva. Asegura el presidente del Gobierno que se van a poner todos los medios para remediar la situación. Así debe ser, por supuesto. Mientras tanto, algunos responsables del Partido Socialista deberían meditar sobre su comportamiento en otros tiempos, cuando- -a falta quizá de otros argumentos- -acusaban al Gobierno de Aznar en casos similares con toda la artillería política. Resulta incómodo probar la propia medicina. Más aún, la feroz campaña de la oposición en relación con el Prestige trae causa de unos hechos cuyo origen procede, no se olvide, de un fenómeno incontrolable de la naturaleza. Tampoco está claro que, a día de hoy, tengamos mayores garantías de seguridad en el transporte marítimo. Cabe también recordar cierta querencia por cargar las tintas sobre el anterior ministro de Fomento en relación con trágicos accidentes ferroviarios. El exceso en la crítica política, tanto en las formas como en los contenidos, conduce a estas paradojas insospechadas. Por lo demás, no es mucho pedir que las Administraciones Públicas tomen nota y sean capaces de traducir las buenas intenciones en planes articulados de prevención. En su defecto, deben estar en disposición de adoptar medidas urgentes y prácticas para aliviar los daños causados. La naturaleza sigue su propio camino, pero es innegable que a estas alturas del siglo XXI la ciencia y la técnica ofrecen medios suficientes para encauzar de forma razonable este tipo de emergencias, que se van a repetir de forma periódica. Lo demás son simples promesas voluntaristas, sin duda hechas con buena intención, pero que suenan a disculpas tardías y de nula eficacia práctica, una vez que ha pasado la tormenta. L LA MAGNITUD DEL DRAMA L cierre de estas páginas, el número de víctimas mortales de uno de los mayores terremotos de los últimos cien años se elevaba ya a 23.000. Hoy, seguro, esa cifra volverá a incrementarse en varios miles de personas. Ante esta clase de catástrofes, tan tremendas como imprevisibles, sólo cabe la respuesta de la solidaridad internacional. Y la necesidad de que las ayudas, que ayer ya empezaban a llegar a Sri Lanka, India y el resto de los países afectados, se canalicen correcta y organizadamente. No está tan lejos el último gran terremoto, en la ciudad iraní de Bam, durante el cual la incapacidad de las autoridades para gestionar la ayuda internacional casi provocó una segunda catástrofe. España, como no podía ser de otra forma, ya ha anunciado su colaboración inmediata. La A idea de que en Europa no suceden esas cosas peca de amnésica. No olvidemos, por ejemplo, los 3.000 muertos de Nápoles en 1980, ni que el mayor seísmo de los tiempos modernos se produjo aquí al lado, en Lisboa, en 1755, con una intensidad máxima de diez y un balance de más de 50.000 muertes. La otra idea, también matizable, es que en nuestra parte del mundo, con ciudades ultramodernas y edificios resistentes a los seísmos, no habría tantas víctimas. Pero un terremoto como el de Indonesia habría causado miles de muertes en cualquier parte. El planeta produce cada año un terremoto de magnitud 8 o superior. Si su foco está cerca de la superficie terrestre (hasta 10 km) sus resultados serán siempre devastadores. A depresión se ha convertido en un problema de salud pública. Así puede considerarse cuando una de cada diez consultas al médico de familia tiene este perfil o cuando, en idéntico porcentaje, la depresión es causa de baja laboral. En menos de tres décadas, los trastornos mentales han pasado en España de ser un estigma social a convertirse en un área preferencial de la asistencia sanitaria. No es casual que un 9,2 por ciento de la población esté afectada por alguna patología relacionada con la mente o que, en algún momento de su vida, un 14 por ciento de los ciudadanos vayan a sufrir una depresión mayor; ni tampoco que en 2020 la depresión pueda ser la primera causa de discapacidad o que las cifras de suicidios se incrementen sin fin. Los datos de prescripción de fármacos antidepresivos que ha ofrecido ABC no dejan lugar a la duda: concuerdan con el aumento de la prevalencia de los trastornos depresivos y reflejan cómo ha mejorado el diagnóstico de las depresiones leves y moderadas, hasta hace pocos años objeto de nula atención desde el Sistema Nacional de Salud. Pero también reflejan que España, su sistema sanitario, no está totalmente preparada ante el progresivo aumento de casos. El tratamiento de las enfermedades mentales se está convirtiendo en la hermana pobre de la sanidad española. Las Comunidades Autónomas no destinan prácticamente fondos económicos a su atención, los centros especializados (los pocos que existen) no tienen capacidad de acoger más pacientes y, por si fuera poco, muchos psiquiatras tienen la sospecha de que los antidepresivos se han convertido en una suerte de aspirina mental que es prescrita en cuanto aparece el más mínimo indicio de enfermedad. Las autoridades sanitarias del Reino Unido han reclamado a sus médicos que den prioridad a la terapia psicológica en detrimento del uso prioritario de los fármacos. España no tiene esta capacidad de respuesta porque en su sistema sanitario no hay tiempo ni dinero para este tipo de terapia, constreñida a la red hospitalaria especializada. Es momento, por lo tanto, para que el Gobierno afiance en el denominado Libro blanco de la dependencia que ultima cuáles han de ser las prioridades en la asistencia sanitaria de las enfermedades mentales, antes de que los casos leves y moderados pasen a considerarse graves, como parece ser el signo de los países que cada vez tienen mayor envejecimiento y desarrollo económico y social. España, hace tres décadas a la cola de la asistencia en salud mental, tiene aún la oportunidad de dar respuesta a una demanda sanitaria que no ha hecho sino empezar y que no puede ser combatida, tan sólo, con fármacos.