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4 Opinión LUNES 27 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO EL ARCHIVO PERTENECE A ESPAÑA NA comisión de expertos, designada por el Ejecutivo, ha recomendado devolver a Cataluña los documentos procedentes de la Generalitat que en la actualidad se encuentran en el Archivo de la Guerra Civil con sede en Salamanca. La polémica decisión ha provocado malestar y decepción, y no sólo en Castilla y León. La línea argumental contenida en el informe, y que coincide en lo básico con lo expresado por el Gobierno socialista, presenta un flanco débil: un grupo de expertos puede pronunciarse, con criterio, sobre aspectos técnicos e históricos, pero determinar la existencia o no de un agravio jurídico o político sólo compete a los tribunales de justicia o a los representantes legítimos de los ciudadanos. El dictamen, por otra parte, no es vinculante para el Ejecutivo. La responsabilidad de la eventual devolución corresponderá al Gobierno, quien no podrá hacerla descansar sobre la opinión, políticamente inducida, de los expertos. El criterio técnico es contrario a la salida de los documentos, ya que vulnera el principio de unidad de archivo, reiteradamente defendido por los expertos y por la opinión de la Unesco. Incluso existen precedentes de defensa de la conservación de obras de arte y documentos por parte de otras Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, de la que fue consejera de Cultura la actual ministra. Este mismo criterio abona el interés de los investigadores y estudiosos, por más que los medios técnicos permitan el trabajo sobre copias y no sobre el original. Pero no son sólo las razones técnicas e históricas las que avalan la conservación de la integridad del Archivo salmantino. Tampoco son pertinentes las razones políticas aducidas. En este sentido, la petición de los responsables de la Generalitat de que no se politice el retorno de los documentos carece de fia- DISPERSIÓN EFICAZ ESPUÉS de treinta años de lucha antiterrorista, la política penitenciaria se ha consolidado como un instrumento decisivo para evitar que las cárceles se conviertan tanto en centrosde captacióny adoctrinamiento de nuevos terroristas como en prolongaciones de las estrategias dictadas por las cúpulas de las bandas. En cuanto a ETA, la eficacia de la dispersión ha sido incuestionable, claro está, en unión de otras medidas legales y policiales. Las primeras decisiones tomadas en este sentido sobre los presos islamistas de Al Qaida recluidos en cárceles españolas han empezado a dar resultados satisfactorios, fundamentalmente en el registro de incidencias y conflictos internos, que ha descendido, según la información que hoy publica ABC. La situación penitenciaria es especialmente severa para los presos relacionados con el GIA argelino y otros grupos de origen marroquí, terroristas que, como desvelaron las denuncias de los funcionarios de prisiones, tienen un fuerte sentimiento gregario, que se fortalece, además, con la dirección de imanes vinculados con los propósitos terroristas. La dispersión no vulnera ningún derecho fundamental, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, siempre quese adopte sin arbitrariedad. El terrorismo es una delincuencia organizada y la localización permanente de sus militantes en las mismas prisiones permite a sus dirigentes activar planes de captación o, como mínimo, de conservación del preso en la disciplina organizativa de la banda. En estas condiciones, la movilidad del preso es imprescindible tanto para frustrar los planes de la organización terrorista como para facilitar realmente la reintegración del delincuente. No conviene engañarse: la biografía de muchos terroristas demuestra que su tránsito a la violencia se produce por la influencia del entorno más próximo: familiar, amistoso o social. Acercar al preso nuevamente a ese entorno puede ser contraproducente. No en vano, los delitos de terrorismo no se juzgan allí donde se cometen, sino en la Audiencia Nacional. Sin necesidad de un pacto específico para el terrorismo integrista, el Gobierno, después de remontar algunas frivolidades de altos cargos del Ministerio del Interior, ha aplicado una medida avalada por la experiencia de la lucha contra ETA, fuente abundante de lecciones para combatir este nuevo terrorismo. No es bueno que se cuestione la política de dispersión de etarras- -y no sólo los nacionalistas lo están haciendo; algún socialista vasco también- -justocuando empiezaa aplicarse a los integristas islamistas. Pasado mañana hay reunión del Pacto Antiterrorista y convendría que Gobierno, PP y PSOE despejaran dudas, por pequeñas que fueran, sobre la política penitenciaria. U bilidad, pues sólo se sustenta en espurios argumentos políticos. Pocas dudas pueden caber de que el Gobierno de Zapatero, cuyo titular procede de la Comunidad que puede sufrir el expolio, se apresta a pagar parte del peaje exigido por el tripartito catalán y por el apoyo de ERC a la investidura del Ejecutivo. El nacionalismo catalán radical exhibe una vez más su victimismo y su autoexclusión de la realidad nacional de España, en su pretensión de que la española Salamanca sea ajena a la española Cataluña, cuando se trata del mismo país. Por otra parte, se da también el falso victimismo de presentar una Cataluña agraviada por el centralismo castellano, cuando la verdad de los hechos y las cifras confirman que la regióncatalana goza de un nivel de bienestar y desarrollo mucho más alto que el de Castilla y León. Es la vieja tendencia distorsionadora y falsificadora del nacionalismo. El privilegiado denuncia así los inexistentes privilegios del preterido. El dictamen y la eventual ruptura de la unidad del Archivo han tenido además el previsible y nefasto efecto de generar la proliferación de reivindicaciones en el mismo ilegítimo sentido. Así, las autoridades del País Vasco y la Comunidad Valenciana ya han expresado su voluntad de que en el caso de que sea atendida la reivindicación catalana les sean también devueltos los documentos procedentes de sus regiones. Queda de este modo cegada la posibilidad de una política cultural del Estado poseedora de un sentido unitario y nacional, coherente y vertebrador. La cuestión jurídica ofrece pocas dudas, si se prescinde de las componendas y los peajes políticos: los documentos del Archivo de Salamanca pertenecen a España y, a través de ella, también a Castilla, a Cataluña y al resto de las nacionalidades y regiones que componen la unidad nacional. D UCRANIA MIRA A OCCIDENTE CRANIA se enfrentó ayer al reto de encarar pacíficamente un segundo desenlace electoral, después de la crisis abierta tras las fallidas elecciones de noviembre. El pulso fue más allá de una confrontación de partidos y de líderes políticos, pues el triunfo- -según los primeros resultados- -del opositor Yúshenko, reconocido por el candidato gubernamental Yanukóvich, supone una victoria de las tesis europeístas frente al discurso antioccidental de la línea oficialista. La contienda electoral ha servido para poner de manifiesto el tira y afloja secular de un país complejo, marcado por la historia y la geografía y sujeto a la acción indirecta de intereses diversos, alguno deseoso de que Ucrania oriente su política en una concreta dirección, y no otra. De hecho, los ucranianos están ante el espejo de su propia identidad. Es más, la situación vivida semanas atrás trasciende la contabilidad y las prácticas fraudulentas para entrar en la escabrosa herencia U de un pasado marcado por los desenlaces de un siglo XX traumático. No cabe duda de que la descomposición de la antigua Unión Soviética está detrás. Territorio fronterizo entre el Oriente eslavo greco- ortodoxo y el Occidente eslavo católico, Ucrania aloja una identidad poliédrica que dificulta cualquier análisis reduccionista. Contemplado con objetividad, el país se ha construido sobre la falla sísmica de dos mundos en tensión, tal y como se vio desgraciadamente no hace muchos años en los Balcanes. Administrar y gestionar esta realidad con sensatez requiere consolidar adecuadamente una sociedad abierta y las prácticas de buen gobierno asociadas a ella. Si se confirma el triunfo de Yúshenko, Ucrania tendrá ante sí un panorama más despejado a la hora de consolidar su democracia. Con todo, el escenario no admite tampoco interpretaciones maniqueas. La responsabilidad de los partidos en liza exige altas dosis de sentido común y, sobre todo, de lealtad democrática.