Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC DOMINGO 26 12 2004 Nacional 19 ¿LEYES SECUESTRADAS? FERNANDO FERNÁNDEZ MARTÍN Juez y vocal del CGPJ N OS prometió el ministro de Justicia en su primera comparecencia el 25 de mayo de 2004 que los cambios requeridos en la Justicia sólo podían venir de la mano del diálogo. Si ésta, la que se basa en el dialogo en la búsqueda de la concertación de esfuerzos y voluntades, es una manera aconsejable de hacer política en todos los ámbitos, en materia de Justicia es simplemente una primicia inexorable para la actuación de un Gobierno en un orden constitucional y en una democracia parlamentaria como la nuestra. A mi juicio sería un grave error disponerse a afrontar esta responsabilidad incurriendo en la prepotencia o en la ingenuidad de quien se cree en disposición de arrasar con todo lo hecho para empezar de cero. No creo que se deba afrontar el reto de liderar la política de Justicia, creyendo que se tiene la solución a todos los problemas, despreciando o destejiendo lo anterior. Estimo- -continúa el ministro- -que es deber de todos combatir dos síndromes muy nocivos en materia de Justicia: el adanismo y el penelopismo. El adanismo, todo el mundo lo entiende, explica el síndrome de pretender que uno llega a las responsabilidades de Gobierno hollando la tierra por primera vez y que, por tanto, uno está en disposición de inventar o reinventar una política de Justicia que marque una diferencia drástica o espectacular con todas las experiencias de reforma anteriores. El penelopismo describe el síndrome por el que se teje y desteje y, por tanto, se practica un paso adelante, dos atrás, sin acabar nunca de consumar la tarea acometida. La Justicia, como ninguna otra, es una materia que requiere de políticas continuadas durante años para poder dar frutos. No tendría ningún sentido intentar aplicar un programa de máximos que pretendiese romper con todo lo anterior Este compromiso de continuidad en las líneas básicas representadas por el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado por el propio ministro en mayo de 2002- -aunque roto formalmente por motivos electorales- -auguraba un exitoso futuro para la Justicia. Pero sólo siete meses después, en la elaboración de las leyes se desprecia el diálogo, la búsqueda de concertación de voluntades, e injustificadas urgencias presiden los más variados cambios legales. Leyes tan delicadas, sobre cuestiones íntimas o de pura conciencia, como la reforma del Código Civil autorizando el matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de adopción o la reforma del Poder Judicial, cuestionando la independencia judicial, se someten sin más a la férrea voluntad del omnipresente portavoz del partido gobernante, que con sus aliados transmite y ordena el sentido del voto a emitir sin posibilidad de discrepancia, incluso cuando el Consejo de Estado da unas recomendaciones contrarias a la primera y el CGPJ ni siquiera ha sido oído como hubiera sido preceptivo. Y en caso de error en la votación parlamentaria, siempre se puede enmendar con una interpretación forzada del procedimiento. ¿Es que nos podemos creer que todos los socialistas y demás miembros de otros Grupos que apoyan estas iniciativas es- tán a favor y todos los populares están en contra en su más hondo convencimiento? Pues no. Sólo la razón de la disciplina de partido explica tan imposibles coincidencias dentro de cada grupo. La sociedad quiere de sus políticos que solucionen sus problemas (terrorismo, inseguridad ciudadana, paro, educación, sanidad, marginación, etc. con un análisis sereno y sin prisas, dialogado, objetivo y libre, aportando soluciones efectivas y perdurables de mejora y progreso que trasciendan a la natural alternancia en el poder, pero nunca bajo la imposición de intereses y estrategias de los partidos en confrontación, sino bajo el prisma de la necesidad viva e inmediata que demandan los ciudadanos. Sin libertad interior no hay políticos libres. Aunar la conciencia parlamentaria en justicia, fe, homosexualidad, muerte, aborto... al mandato imperativo del partido político es sencillamente anticonstitucional. Así lo expresa categóricamente la Constitución (art. 67.2) Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo alguno En la vida política de hoy (quizás en todo el mundo) los ciudadanos han sido despojados por los partidos de gran parte de su poder, únicos de verdad soberanos. La disciplina de voto en la vida parlamenta- ria es una prueba evidente de ese despojo. Un conocido ex diputado, Pablo Castellano, reflexionó hace poco sobre la nada estimulante iniciativa parlamentaria en acorde sintonía con el reducido protagonismo de los titulares de la soberanía nacional que no están sometidos a mandato imperativo alguno, pero sí férreamente encadenados a la voluntad del todopoderoso portavoz En estas dos iniciativas legislativas, una de las cuales se aprobó el martes tras un tortuoso camino y dejando en evidencia las palabras del actual ministro, otro gallo habría cantado si se hubiera dejado a cada parlamentario en libertad de escoger lo que el dictado de la razón indicaba con un juicio independiente.