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4 Opinión VIERNES 24 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO LA PEREZA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO VALOR DE LA NAVIDAD P ARA un Gobierno como el del PSOE, que se presentó a las elecciones con fuertes motivaciones reformistas- -creyera o no en su victoria electoral- el balance legislativo con el que cierra sus primeros nueve meses es realmente pobre, pero explicable por las condiciones en las que se encuentra. A pesar de tener una mayoría parlamentaria más o menos estable, el Gobierno socialista sólo ha sacado adelante la Ley de Violencia de Género, tal vez porque la mayor parte de sus esfuerzos los ha empeñado en tareas de deconstrucción de la anterior etapa del PP. El gran consenso alcanzado, dentro y fuera de las Cámaras, sobre la Ley de protección integral de la mujer frente a la violencia machista no compensa ni las fuertes dudas de constitucionalidad que suscita esta nueva norma, con el doble rasero penal instaurado por razón del sexo de la víctima y del autor, ni la falta de iniciativa legislativa del Ejecutivo en otras áreas como la Economía, la Educación o la Justicia. Las reformas en un Estado democrático no se hacen con demagogia, sino con leyes equilibradas e instituciones con capacidad ejecutiva. Sin embargo, el criterio del Gobierno parece otro, porque se ha sentido más a gusto- -y esto es lo preocupante- -fuera del Parlamento que dentro, pese a que el Legislativo iba a ser, según Rodríguez Zapatero, el centro de la vida política. No ha legislado sobre la educación de los jóvenes, pero ha arremetido gratuitamente contra la Iglesia con motivo de la enseñanza de la Religión. La menesterosa y lenta Justicia no tiene los presupuestos prometidos ni las reformas procesales anunciadas, pero el Gobierno ha incendiado sus relaciones con los jueces por culpa de una ley que manipula la correlación democrática de fuerzas en el Consejo General del Poder Judicial. La economía no ha merecido una sola decisión legislativa sobre libre competencia, merca- dos o régimen fiscal, pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero se lleva el dudoso honor de ser el primero al que el Senado le veta un proyecto de Presupuestos Generales. No sólo la actividad legisladora es insuficiente para el listón que se marcó el Gobierno y las expectativas de los ciudadanos. Es que, además, tampoco se vislumbra un trabajo previo de reflexión y preparación que anuncie grandes debates parlamentarios sobre asuntos fundamentales para la sociedad española. La reforma judicial se ha hecho por el atajo de la lectura única. Los Presupuestos son leyes tramitadas a golpe de reglamento. La ley de protección integral de las mujeres se ha construido sobre la suplantación del debate sincero por la corrección política. Y nada más. El Gobierno socialista no ha puesto sobre la mesa ideas para la modernización de las estructuras administrativas, judiciales, educativas o económicas, que son aquellas sobre las que el Estado aún conserva, en mayor o menor medida, competencia legislativa frente a las Comunidades Autónomas. Esta atonía legislativa del Gobierno, a veces enmascarada en el ruido de las polémicas que genera, es síntoma de una falta de proyecto político definido, que, a su vez, ha acabado instalando una falta de confianza en sí mismo. De la mayoría de los ministros no se sabe lo que hace ni qué piensa hacer. La dependencia de minorías radicales, las profundas contradicciones internas sobre el núcleo de esta legislatura- -la reforma del modelo de Estado- -y la renuncia a cualquier transacción con la oposición popular explican la falta de fuerza del Ejecutivo, pero no la disculpan. Al Gobierno de España se accede para liderar un país inmerso en un proceso de modernización y desarrollo, no para dejar su futuro al albur de los acontecimientos ni en manos de pequeños acreedores independentistas. L PENSIONES Y PRESUPUESTOS ON la aprobación de un Real Decreto de revalorización de las pensiones y un Real Decreto- Ley de Modificación de los Presupuestos, el Consejo de Ministros deshizo el embrollo legal originado por el veto del Senado a los Presupuestos y da cumplimiento al Pacto de Toledo, que contempla el reajuste automático de las pensiones con la inflación. Como los precios subieron hasta noviembre de 2004- -mes utilizado en el cálculo- -un 3,5 por ciento y las pensiones se habían ajustado en un 2, el 1,5 por ciento de incremento por la diferencia será percibido por todos los pensionistas en una paga extra que el Ministerio anunció para el 20 de enero. Hasta ahí todo normal y como siempre. Pero el Ministerio de Trabajo no para de hacer propaganda y presenta una subida del 2 por ciento en el año 2005, la inflación prevista en los Presupuestos y que será sin duda ampliamente superada por los hechos, co- C mo si fuera del 3,5 por ciento. Para ello no duda en presentar como una decisión propia del Ejecutivo socialista el ajuste automático del 1,5 por ciento en la base de cálculo. Se cumple así la letra del Pacto de Toledo, pero se incumple radicalmente su espíritu, que como bien sabe el Gobierno no era otro que evitar la utilización política partidista de las pensiones. Ayer se aprobó también con alharacas el ajuste de las tarifas del IRPF a la inflación para evitar eso que en la oposición denominaban el aumento silencioso de los impuestos. Pero se silencia que se trata de un ajuste parcial, que según los principales expertos apenas llega al 20 por ciento, al no ajustar también exenciones, deducciones y mínimos exentos, ni basarse en una previsión realista de inflación. Porque sensatamente Hacienda no quiere alegrías que mermen la recaudación. Pero no es capaz de detener la propaganda económica. A Navidad es una fiesta religiosa cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Los valores cristianos que la fiesta entraña son compatibles, aunque no se reducen y limitan a ella, con las celebraciones populares y las tradiciones asentadas en nuestra sociedad. No es una fiesta sólo para los cristianos, sino abierta a todos los hombres de buena voluntad, creyentes o no. Sin embargo, se aprecian algunos signos e intentos de transformarla en una especie de celebración laica que entrañaría, necesariamente, la devaluación y la pérdida del sentido de su mensaje originario. La mayoría católica de los españoles no se pliega a esta propaganda laicista. Todos pueden celebrar la Navidad, pero la pretensión de implantar artificialmente unas navidades laicas, en las que se borre todo elemento religioso, choca contra el sentir mayoritario de los españoles y contra el espíritu genuino de la fiesta. Las extravagantes y muy minoritarias celebraciones de bautizos y primeras comuniones laicos han marcado este camino hacia un laicismo exacerbado que bordea el ridículo. Por más vueltas que se le dé, y con independencia del principio de aconfesionalidad del Estado consagrado por la Constitución, para la mayoría de los españoles la Navidad es una fiesta religiosa que celebra el nacimiento de Cristo. Cada quien es libre de celebrarla a su antojo, pero la idea misma de una Navidad laica entraña la pérdida de su sentido y la devaluación de su mensaje. También resulta pertinente en estos días una apelación a la cordura y al buen sentido de nuestros gobernantes, así como una decidida apuesta por el diálogo y el sosiego como vías para solucionar las divergencias que separan al Ejecutivo y la Iglesia. La Constitución zanjó toda sombra de conflicto religioso en España, con la garantía de la libertad religiosa y la obligación de los poderes públicos de fomentar el entendimiento con todas las confesiones, y especialmente con la Iglesia Católica. La Carta Magna y los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede garantizan el derecho de los padres a elegir la formación religiosa que debe impartirse a sus hijos. El deseo de congraciarse con la porción minoritaria de sus votantes más radicales no puede nublar la visión del Ejecutivo ni llevarle a adoptar una estrategia de confrontación con el sentimiento religioso mayoritario de los ciudadanos. Por lo demás, los valores cristianos se encuentran en la base de nuestro sistema de convivencia. Sin ellos, no se entiende nuestra cultura ni nuestra historia. La pérdida del sentido de la Navidad como consecuencia de un mal entendimiento del principio de aconfesionalidad del Estado y de la laicidad no beneficia a nadie, ni a los católicos ni a quienes no lo son.