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4 Opinión LUNES 20 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO COMISIONES INDEPENDIENTES, REFORMA NECESARIA do, fue envidiable el respeto de la clase política y de NO de los efectos de las comparecencias de la opinión pública británicas a la designación, por las víctimas ante la Comisión del 11- M ha el Gobierno de Blair, del juez Hutton para investisido el aumento de ciudadanos que apoyagar el papelde los servicios secretosen los precedenrían una investigación independiente, es decir, sin tes de la guerra en Irak. Respeto basado más en la participación directa de los partidos políticos. Se auctoritas que en un poder imperativo. Siguiengún la encuesta que ayer publicó ABC, esta opción do con en el ejemplo comparado, también cabe desrecibe el apoyo del 65 por ciento de los encuestados, tacar la comisión del 11- S en EE. UU; de composición dato al que hay que añadir que el día antes de las paritaria (con congresistas de los dos partidos) celedeclaraciones de Pilar Manjón y José Alcaraz, habrada dos años después de aquellos atentados (no bía empate entre los partidarios de cerrar la comitres meses como aquí) y que fue capaz de generar sión parlamentaria y los que querían su continuiuna notable confianza sobre las conclusiones a las dad. El apoyo a la investigación extraparlamentaque llegó, que fueron unánimente aceptadasy están ria tiene un punto de partida que no es enteramente siendo ejecutadas por la Administración de Bush. positivo, porque se funda en una descalificación genérica de la clase política como estamento capacitaOR otro lado, una investigación independiente do para asumir, de forma fiable, su responsabilidad sobre el 11- M se enfrentaría en este momento a en encrucijadas difíciles. Tal generalización es pelila ausencia de un régimen jurídico que garantizara grosa, porque los partidos son insustituibles en una a los expertos un poder público suficiente para asudemocracia parlamentaria y en sus manos está la mirsus funciones y asegurarse la presencia de testiexacción de responsabilidades políticas. Sin embargos y la obtención de documentos. Pensar en otra go, a los ciudadanos no se les puede exigir que resuerte de vinculación no jurídica- -moral, por ejemnuncien a sus intuiciones y percepciones, menos plo- -sería ilusorio. En relaaún cuando esa misma clase cióncon el 11- M, unainvestigapolítica no ha ahorrado moti Es posible una síntesis ción independiente que tome vos para su descrédito en tranel testigo de la parlamentaria ce tan delicado. entre el control político tendría que trabajar con mateLa opinión favorable a una por los partidos y el rial de segunda mano, aunque investigación independiente repitieran los mismos declarespondería, por tanto, al deinterés ciudadano por rantes, quienes ya han sido exseode los ciudadanos de asegupuestos al juicio político, sorarse unas respuestas que unas conclusiones sin ciale informativo. Asísería cacreen que no las obtendrán de si imposible garantizar a los la comisión parlamentaria, pesospecha, a través de la investigadores las premisas ro también a la necesidad de figura del relator, propuesta de su trabajo: objetividad y buscar alternativas a las caneutralidad. rencias de la clase política. Haen su día por Rajoy Aunasí, esposibleunasíntebrá pues que plantearse en alsis entre el control político por gún momento la viabilidad de los partidos y el interés ciudalas investigaciones independano por unas conclusiones sin sospecha, a través dientes, si bien antes hay que detenerse en el 11- M y de la figura del relator, propuesta en su día por Rala respuesta que está dando el Parlamento. Transjoy. El relator se encargaría de elaborar el borrador formar ahora la comisión de estos atentados en una de conclusiones para su debate por los grupos. Así, investigación a cargo de expertos obliga a no conlos comisionados seguirían decidiendo las consefundir los buenos deseos con la inapelable realidad. cuencias políticas de los hechos, pero el ciudadano EÓRICAMENTE, nada impide al Parlamento tendría más garantías de que el trabajo parlamentaencomendar a determinadas personas el análiriono hasido unamera escenificaciónde prejuicios. sis de unos acontecimientos de especial trascendenLa labor del relator, que debería ser nombrado por cia. Se da por hecho que tales personas deben ser una mayoría agravada que garantizase el consenso, independientes lo que hace previa una definievitaría que un bloque mayoritario impusiera unas ción de independencia, pues a efectos legales e insticonclusiones sectarias en contra de otro grupo. tucionales, sólo son independientes los jueces. Si Cierto es que hay dificultades ya dichas para su por tales deben ser consideradas aquellas personas puesta en marcha. Sin ir más lejos, el recién nomque no sólo no pertenezcan a un partido- -exigenbrado Alto Comisionado se muestra en contra de cia razonable- -sino también que carezcan de filiaeste nuevo instrumento. Pero atendiendo al aldaboción política- -puro voluntarismo- las posibilidanazo moral del testimonio de las víctimas y al critedes de constituir tal comisión están anuladas. La rio mayoritario, según las encuestas, de la socieforma de ejercer la contienda política en España ha dad, parece obligado que los partidos tengan un gesproducido tal polarización- -extrema con el 11- M- -to de desprendimiento político y se planteen la reguque parece sepultado cualquier nicho de indepenlación jurídica de las comisiones independientes, dencia. La sociedad parece despojada de resortes exsobre todo tras observar lo que ha dado de sí el fortrapartidarios para purgar sus crisis. En este sentimato convencional. ARCHIVO DE DISCORDIA U L P T A Comisión Mixta de Transferencias de Castilla y León, con el apoyo del Partido Popular y de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y la oposición del Partido Socialista, acordó la semana pasada iniciar los trámites para negociar con el Gobierno el traspaso de la gestión de los archivos y museos radicados en la región, entre ellos, el Archivo de la Guerra Civil, con sede en Salamanca. Se trata de un episodio más en el conflicto suscitado por la pretensión de la Generalitat de Cataluña de hacerse con parte del contenido del Archivo salmantino. La Junta de Castilla y León expresa una vez más su voluntad de oponerse y obstaculizar la salida de los documentos. La posición de ABC en contra de la salida de documentos y de la ruptura de la unidad del Archivo ha sido fundamentada en varios comentarios editoriales. No se trata de una opción a favor de una comunidad autónoma frente a otra, sino de la defensa de un principio esencial de la política cultural del Estado. La propiedad de los documentos no pertenece sino al conjunto de los ciudadanos y es obligación de los poderes públicos atender al interés general contrario a la salida de los documentos que entrañaría la ruptura del principio general de la unidad del Archivo, ineludible para satisfacer las necesidades de los investigadores. El argumento de la Generalitat, que invoca la relevancia de muchos de los documentos contenidos en el Archivo de Salamanca para la historia de la región, debe ceder ante el interés general: se trata de documentos fundamentales para la historia de España. Es un episodio más del conflicto que enfrenta a los particularismos con el interés general. La actitud del Partido Socialista de la región, favorable a la entrega y a la consiguiente ruptura del Archivo, sólo puede entenderse en términos estrictamente partidistas, derivados de las contingencias del tripartito catalán y de los apoyos que prestan CiU y ERC al Gobierno de Zapatero. Es, por lo tanto, comprensible la resistencia de la Junta de Castilla y León a lo que sólo podría ser calificado como un grave atentado contra el interés general de los ciudadanos y de los estudiosos. En el fondo, no se trata sino de una exhibición más de las ilegítimas pretensiones del nacionalismo, en este caso catalán. Por lo demás, ceder en este caso a las exigencias de la entrega no haría sino abrir una puerta a peticiones extravagantes de naturaleza semejante que harían inviable la posibilidad de una política cultural nacional.