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22 Nacional DOMINGO 19 12 2004 ABC 102.574 afiliados a la Sanidad Militar podrán cambiar en enero a la pública o a la privada Defensa libera a los usuarios de sus grandes hospitales, abiertos al uso civil se hará cargo del pago de miles de pólizas, aunque lo compensará con el ingreso de millones de euros por el concierto de sus centros LAURA L. CARO MADRID. Los últimos 102.574 afiliados al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) que todavía están obligatoriamente sujetos a la Sanidad Militar podrán a partir del 1 de enero optar entre seguir en el sistema o ser atendidos en la red pública o las compañías privadas concertadas a tal efecto. Son 57.800 titulares y sus familias, todos residentes en Madrid, Zaragoza, Valencia, Cartagena y San Fernando, las ciudades en las que se ubican los cinco últimos grandes hospitales de Defensa, donde la llegada de pacientes civiles provocada por los acuerdos con las Comunidades Autónomas permite ahora liberar a los usuarios militares, ya sin riesgos de infrautilización. La medida adoptada por el Ministerio que dirige José Bono equiparará a estos afiliados con los más de 680.000 asegurados del ISFAS repartidos por el resto de España a los que ya se reconoció el derecho a elegir modalidad asistencial hace años, habida cuenta de que en su zona de residencia no había infraestructura hospitalaria militar. Un colectivo que en su mayoría- -alrededor de un 90 por ciento- -optó por la sanidad privada. y en segundo lugar por los centros de salud públicos que tenían más cerca. b El Ministerio Afiliados al ISFAS que podrán elegir modalidad asistencial a partir del 1 de enero Ciudad Cartagena Madrid San Fernando Valencia Zaragoza TOTAL Titulares 6.368 32.014 6.572 3.387 9.459 57.800 Beneficiarios 7.180 23.298 6.672 2.159 5.465 44.774 Total 13.548 55.312 13.244 5.546 14.924 102.574 Infografía ABC Madrid sólo recoge Madrid ciudad te unas posibilidades que antes no tenían No obstante, para conocer en qué medida y en qué sentido ejercerán este derecho, habrá que dejar pasar el mes de enero- -cuando acaba el plazo para el cambio a la red sanitaria de la Seguridad Social- -o hasta el término de marzo de 2005, fin del periodo establecido por el Ministerio para el cambio a las entidades de seguro concertadas con el ISFAS. Otros tiempos, otros pacientes Tanto esta iniciativa, como la utilización conjunta de los hospitales de la Defensa son resultado del largo proceso de reorganización de la Sanidad Militar emprendido a mediados de la década de los 90 y acelerado a la vez que avanzaba la profesionalización del Ejército y, con ella, la desaparición del colectivo de pacientes que constituían los 250.000 reclutas que cada año ingresaban en filas. Una vez agotado aquel flujo, el Ministerio entiende los conciertos con las Comunidades Autónomas como una fórmula para dar uso a unas instalaciones que habían quedado infrautilizadas. Pero también como la mejor manera de que los equipos médicos de los centros sanitarios de la Defensa tengan contacto con todo tipo de situaciones y de personas más allá del colectivo militar, que por sus características limita la práctica facultativa a ciertas especialidades. La interacción con la sociedad civil se plantea como especialmente interesante para los equipos médicos que se enfrentan a la realidad de las misiones en el exterior, donde- -en palabras del subsecretario- la Sanidad Militar tiene hoy su justificación Costes por ver La posibilidad de que esta tendencia se reproduzca con los nuevos 102.574 afiliados que se van a liberar no preocupa al Ministerio de Defensa. Ni desde el punto de vista de la ocupación de sus hospitales, -que se garantiza con los conciertos firmados y pendientes de firmar- ni tampoco desde la óptica económica, puesto que el pago de las pólizas correspondientes a los miles de militares que podrían irse a la asistencia privada se compensará con el canon que las Comunidades empiezan a pagar por el uso de los hospitales de Defensa. Sólo por el concierto del último de ellos, el Gómez Ulla de Madrid, el Ministerio recibirá 6 millones de euros el primer año, y está pendiente la firma en enero del acuerdo para concertar el Hospital Militar de Valencia y, más adelante, los de El Ferrol y la localidad gaditana de San Fernando, aunque las negociaciones relativas a este último con la Junta de Andalucía van algo más lentas. Para el subsecretario de Defensa, Justo Zambrana, la universalización del derecho de los afiliados del ISFAS a elegir se justifica en sí misma en cuanto abre a un colectivo muy importan- El jurado declara por unamidad culpable al acusado de los dos asesinatos del barrio del Putxet J. G. BARCELONA. El jurado popular declaró ayer culpable por unanimidad a Juan José Peréz Rangel de la muerte a martillazos de dos mujeres en un aparcamiento privado del barrio barcelonés del Putxet en enero de 2003. Estas nueve personas consideraron que Rangel cometió dos asesinatos con traición en las personas de María Angeles Ribot, el 11 de enero de 2003, y de María Teresa de Diego, el día 22 de enero. El procesado, que estaba en la sala de la Audiencia de Barcelona cuando se leyó el veredicto, se reafirmó en su inocencia tras conocer el fallo y afirmó que había más sospechosos en este crimen Como ya hiciera en la vista oral, mantuvo sus sospechas sobre la presunta implicación del marido de la segunda fallecida, Ruperto Bilbao, en las dos muertes. Bilbao mostró a los periodistas el certificado que demuestra que no tiene antecedentes penales, al contrario de lo que afirmó Rangel. La justicia no existe declaró Rangel a los periodistas, a los que recomendó que consultaran las declaraciones de instrucción del caso y opinó que el jurado no ha estudiado todas las pruebas. También reclamó a los informadores que miraran el sumario en el que, según dijo, las declaraciones de Bilbao durante la instrucción y en el juicio no coinciden y que se cambió el nombre. Tras el veredicto, el abogado defensor solicitó para su cliente la pena mínima por dos asesinatos y dos delitos de robo con fuerza. La fiscal mantuvo su petición de 53 años de prisión para Rangel y las acusaciones particulares solicitaron 63 años de prisión.