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4 Opinión DOMINGO 19 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO CAÍDA LIBRE EN POLÍTICA EXTERIOR L Gobierno socialista parece decidido a que España se convierta en un país de tercera fila. El asunto produciría hilaridad de no tener las gravísimas consecuencias que cualquier persona con sentido común comprende que tiene el hecho de que un país decida tirar por la ventana la respetabilidad exterior ganada después de años de esfuerzo. De hecho, con sistemática constancia se acumulan errores en una especie de suma y sigue que comienza a presentar un balance de enorme gravedad. El cariz de los acontecimientos empieza a ser desolador. Tanto que es lógico que cunda entre muchos el pesimismo ante la perspectiva de no saber qué nuevo despropósito está por venir. Precisamente éste es el mayor problema de todos: la incertidumbre que transmite nuestro Gobierno acerca del futuro de nuestra política exterior. Primero, porque si se analiza con cierto detalle, parece diseñada por alguien sin más criterio que la extraviada mirada de quien no comprende nada de lo que es el mundo desde que se produjo el derribo del Muro de Berlín y el 11- S. Segundo, porque a esta miopía se le añade un desconocimiento mayúsculo sobre los hábitos y la conductas propias de la diplomacia de un país occidental desarrollado. Producto de la combinación de ambos factores es el estado actual de la cuestión y que no es otro que el daño de la imagen de España. En tan sólo nueve meses se ha logrado desandar la obra de articular una política exterior homologable con el resto de los países europeos occidentales. De hecho, a los ojos de quienes se supone que comparten con nosotros la longitud de onda de una sociedad abierta desarrollada, España co- NO ES MATRIMONIO E mienza a suscitar una preocupada curiosidad. Y no sólo porque hayamos sido capaces de cambiar radicalmente las coordenadas de nuestras relaciones con la mayor potencia del planeta sumiéndolas en una especie de callejón sin salida, sino porque en una sola semana hemos logrado enemistarnos absurdamente con un país amigo como Polonia y alterar el curso de tres siglos de coherencia política en torno a Gibraltar. Lo de Polonia es grave, sobre todo en el contexto actual. Que en plena negociación de las Perspectivas Financieras de la Unión Europea, España se granjee torpemente un desencuentro con un país que compartía con nosotros una comunidad de intereses evidente, es una irresponsable torpeza. Pero que además, en la misma semana, se modifique radicalmente nuestra política con respecto a Gibraltar y se admita lo que no estábamos obligados a hacer- -reconocer a los gibraltareños derecho de veto sobre el futuro de la soberanía de la Roca- -es algo que sólo puede entenderse desde el desprecio más absoluto hacia lo que significa nuestra propia dignidad nacional. Y así, nuestra política exterior puede ser puntillosa en la defensa de nuestra soberanía frente a la superpotencia planetaria y, sin embargo, transigir ante las delirantes pretensiones de una anacrónica colonia de cinco kilómetros cuadrados. El problema de fondo no reside en que el ministro Moratinos esté desacreditado, sino que nuestro país evoluciona hacia una política exterior en caída libre. La urgencia por cambiar el curso de los acontecimientos comienza a ser más que perentoria si no queremos que España pierda el poco crédito que le resta. E CHINA NECESITA TIEMPO L gigante asiático se despierta de su letargo secular y aspira a convertirse en una gran potencia. Ya no es sólo el principal receptor de inversión extranjera directa, sino que sus empresas empiezan a comprar multinacionales para asegurarse el suministro de materias primas y el acceso a redes de distribución internacionales. El grupo chino Lenovo ha comprado a IBM el negocio de ordenadores personales y TPV Technology a Philips el de monitores. El país acumula reservas internacionales sin parar y sus compras de bonos americanos sostienen al dólar y financian el déficit exterior americano. La mera posibilidad de que se canse de soportar pérdidas y traslade parte de sus reservas a euros es la gran pesadilla que se cierne sobre el sistema financiero internacional. Mantener el crecimiento económico en tasas cercanas al 9 por ciento es la gran prioridad política, porque sólo así se pueden crear los millones E de empleos necesarios para garantizar la estabilidad del régimen, que parece haber apostado por la experimentación y la diversidad. La magnitud del reto es colosal; la población activa agraria es el 50 por ciento del total, pero la producción de este sector sólo supone el 15 por ciento del PIB. Los problemas de un país en transición son de sobra conocidos: el sistema financiero está esencialmente quebrado, la defensa de un tipo de cambio irreal genera ineficiencias por doquier; las empresas públicas son improductivas y están lastradas por un exceso de plantilla; y la seguridad jurídica, la protección de los derechos de propiedad y el imperio de la ley dejan mucho que desear. Pero se han hecho avances significativos y todos tenemos mucho que ganar de que el experimento de la inserción de China en la economía internacional tenga éxito. Es un elemento imprescindible de estabilidad en el nuevo orden internacional. L dictamen del Consejo de Estado acerca del anteproyecto de reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo refuerza el acreditado prestigio jurídico del alto órgano consultivo. Supone, sin duda, un serio varapalo al Gobierno socialista, que ha hecho bandera ideológica de un asunto que no resulta prioritario para la gran mayoría de la sociedad española, y se encuentra ahora con serios reparos, de naturaleza técnico- jurídica, pero también concernientes a su opción de política legislativa. Afirma con razón el Consejo de Estado que las uniones homosexuales constituyen una realidad distinta al matrimonio y requieren por ello un tratamiento jurídico distinto. Se dice de forma expresa en el dictamen que sería preferible una denominación diferente y se recuerda con precisión el derecho comparado: la apertura del matrimonio a parejas del mismo sexo es absolutamente minoritaria en la UE y en el ámbito internacional. Ni el Parlamento europeo ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen la equiparación, porque el clásico principio jurídico determina que la igualdad ante la ley se aplica a las situaciones que son iguales de hecho. No hay, en definitiva, discriminación alguna si se mantiene en sus propios términos la referencia del artículo 32 de la Constitución al derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Por fortuna, la percepción social de la homosexualidad ha cambiado desde hace tiempo en un sentido favorable al respeto y la tolerancia. Pero el Gobierno va más allá de lo razonable cuando pretende alterar el sentido institucional del matrimonio, cuyas señas de identidad lo hacen reconocible desde hace siglos como una unión orientada hacia la procreación y no como una simple regulación práctica de la convivencia. La fórmula de las uniones de hecho resuelve con eficacia esta segunda opción y es muy significativo que algunas asociaciones de homosexuales hayan expresado su preocupación ante una ley que parece invitarles al matrimonio cuando su deseo sería mantener un simple vínculo de carácter fáctico. Paradojas de un proyecto poco meditado sobre el cual el Gobierno- -y en concreto el Ministerio de Justicia- -debería reflexionar con seriedad al hilo del informe que le remitirá próximamente el Consejo de Estado. Sin embargo, el ministro López Aguilar se ha apresurado a recordar el carácter no vinculante del dictamen. El empeño en llevar adelante este proyecto desafortunado sólo se explica, aunque ciertamente no se justifica, por la necesidad del PSOE de buscar la complicidad de sus aliados más radicales.