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ABC MIÉRCOLES 15 12 2004 Nacional 19 VOTOS PARTICULARES EN EL DICTAMEN CONSTITUCIONAL Tres magistrados del TC ven contradicciones entre la Constitución española y la europea El Tratado desplaza nuestra norma, lo que hace necesario que se reforme legitimidad que se pudiera obtener en un referéndum consultivo, sería una legitimidad viciada desde la perspectiva constitucional advierte García Calvo NIEVES COLLI MADRID. Tres magistrados del Tribunal Constitucional- -Roberto García Calvo, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas- -disienten de las conclusiones a las que llegó la mayoría del Pleno al contestar a la consulta del Gobierno sobre la Constitución europea y advierten en sus votos particulares que existen contradicciones entre ésta y la norma fundamental española. García Calvo es el único que se pronuncia expresamente sobre la necesidad de acometer una reforma agravada de la Constitución, es decir, la que requiere disolver las Cámaras y convocar elecciones generales. Los otros dos magistrados prefieren no exponer sus reflexiones sobre el tipo de reforma que sería necesaria porque el Pleno no deliberó sobre este extremo. Los tres magistrados discrepantes, b Por mucha propuestos por el PP, creen que el artículo I- 6 del Tratado de la Unión Europea- la Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se les atribuyen a esta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros -choca frontalmente con el artículo 9.1 de nuestra Constitución- los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico -al establecer la primacía de la norma comunitaria sobre la nacional. Los discrepantes creen, además, que la entrada en vigor del Tratado de la UE rebasa con creces la previsión del artículo 93 de la Constitución, que contiene el mecanismo utilizado hasta ahora por España para incorporar al Derecho interno las normas comunitarias. Explica Delgado Barrio que, en su actual redacción, dicho precepto abre la posibilidad de que mediante ley orgánica se pueda autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Es decir, que la propia Constitución arbitra un mecanismo para que España ceda el ejercicio de ciertas competencias. Más allá de la cesión competencial Pero ese mecanismo, asegura Delgado Barrio, no puede ir más allá de la pura atribución de competencias y, en consecuencia, no resulta suficiente para incorporar la Constitución Europea a la española. En la práctica, la entrada en vigor del Tratado supondrá un desplazamiento de nuestra norma fundamental: es decir, la inaplicación de la Constitución y la aplicación de un precepto de sentido normativo diferente Roberto García Calvo profundiza en esta cuestión y hace suyas las reflexiones del presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, al alertar de que, en caso de conflicto entre ambas normas, la supremacía de la eu- El texto mayoritario recuerda que hay mecanismos para resolver un hipotético choque entre constituciones ropea obliga a dejar de lado, no sólo las leyes españolas, sino incluso la propia Constitución Y esto es incompatible con el principio de supremacía de nuestra propia Constitución añade. Al aceptar la supremacía de la norma comunitaria, agrega, estamos transfiriendo a las instituciones europeas la potestad de reformar nuestra Constitución siempre que, en el ejercicio de sus competencias propias, estimen necesario hacerlo Ahí reside la incompatibilidad de las dos normas y la imposibilidad de integrar el Tratado en nuestro ordenamiento sin una previa reforma constitucional. Sería muy peligroso desde el punto de vista político- -señala García Calvo- -proceder de manera constitucionalmente incorrecta a la hora de dar un paso tan importante Por mucha legitimidad que se pudiera obtener en un referéndum consultivo, sería una legitimidad viciada desde la perspectiva constitucional Los tres magistrados llaman la atención sobre la cautela contenida en la resolución aprobada por la mayoría, que rechaza la existencia de contradicciones entre ambos textos pero admite que, en caso de producirse algún roce tras la entrada en vigor del tratado, podría ser resuelto por el Tribunal Constitucional. En última instancia- -se afirma- -la conservación de la soberanía del pueblo español y de la supremacía de la Constitución que éste se ha dado podrían llevar a este Tribunal a abordar los problemas que en tal caso se suscitaran, que desde la perspectiva actual se consideran insuficientes