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20 Nacional MARTES 14 12 2004 ABC El TC ve innecesaria la reforma de la Constitución española al no haber contradicciones entre ésta y la europea La decisión fue adoptada por mayoría, aunque habrá votos particulares b El Tribunal Constitucional allana Vocales del CGPJ quieren que el Gobierno corrija a De la Vega N. C. MADRID. Varios vocales del grupo mayoritario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al Pleno de este órgano que solicite al Gobierno una rectificación de las declaraciones realizadas la pasada semana por la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, que tachó a los jueces de inmovilistas y tenebrosos La matización que la propia vicepresidenta hizo de sus palabras- -precisó que se refería sólo a una parte de la carrera judicial- -no es suficiente en opinión de estos vocales, para los que las declaraciones de Fernández de la Vega supusieron una descalificación gratuita de todos los jueces además de ser poco respetuosas con el principio de separación de poderes Los vocales proponen que el Pleno reclame al Gobierno una rectificación y una manifestación de apoyo unánime a todos los jueces y magistrados por la labor realizada en la implantación del Estado social y democrático de derecho que disfrutamos En opinión de estos miembros del CGPJ, la crítica de la vicepresidenta a los jueces que discrepan de ciertas reformas impulsadas por el Ejecutivo es injusta y poco democrática y está alejada de las prácticas de buen gobierno que deben presidir la acción política de cualquier poder del Estado Entender la discrepancia como lo hace Fernández de la Vega, concluyen, supone no admitir la separación de poderes, eje básico de nuestra democracia Los magistrados discrepantes Tres son los miembros del Tribunal Constitucional que expresarán con votos particulares su parecer contrario a la decisión mayoritaria: Javier Delgado Barrio. Fue nombrado magistrado del TC a propuesta del PP y con el respaldo de 299 diputados. Previamente, fue presidente del Consejo General del Poder Judicial en una de las etapas más pacíficas de esta institución. Roberto García Calvo. Fue gobernador civil en la década de los setenta y posteriormente, entre otros cargos, vocal del CGPJ, fiscal del Supremo y magistrado de su Sala Segunda. Llegó al Constitucional a propuesta del PP. Ramón Rodríguez Arribas. Elegido para el TC a propuesta del PP, fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y magistrado del Supremo. por las acusaciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, contra José María Aznar a cuenta del golpe de estado en Venezuela en 2003 y del modo con el que el Ejecutivo ha sacado adelante la reforma del sistema de nombramiento de los altos cargos judiciales. Cuatro eran las preguntas que el Gobierno planteó al Tribunal Constitucional en su requerimiento sobre la Constitución europea. La primera ha- el camino al Gobierno al eliminar cualquier obstáculo ante el referéndum para la ratificación del Tratado, el próximo 20 de febrero NIEVES COLLI MADRID. El Tribunal Constitucional le ha quitado un peso de encima al Gobierno al decidir que la Constitución española no necesita reforma alguna antes de la entrada en vigor de la europea. Según el TC- -que ayer hizo pública su decisión y hoy dará a conocer los argumentos- no existen contradicciones entre ambos textos fundamentales y el artículo 93 de la Constitución es suficiente para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el Tratado que los países de la Unión Europea firmaron en Roma el pasado mes de octubre. El dictamen, del que ha sido ponente el magistrado Vicente Conde, ha sido adoptado por mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional, aunque contará con los votos particulares de tres de ellos- -Javier Delgado Barrio, Roberto García Calvo y Ramón Rodríguez Arribas- que sí se han mostrado partidarios de reformar la Carta Magna. Fuentes consultadas por ABC indicaron que alguno de estos magistrados, todos ellos de talante conservador, apoya la reforma de la Constitución por la vía agravada establecida en el artículo 168. Es decir, la que requiere disolver las Cortes y convocar elecciones generales. cía referencia a las posibles contradicciones entre la Carta Magna y el artículo I- 6 del Tratado, que establece la primacía de la Constitución europea y el Derecho comunitario sobre el Derecho interno de los Estados miembros. Según la tesis defendida por la mayoría de los miembros del Constitucional, el principio de supremacía no supone que España tenga que asumir decisiones que vayan en contra de los valores contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que, en este punto, hace innecesaria la reforma. El TC llega a la misma conclusión- -falta de contradicciones entre los dos textos- -en su respuesta al segundo punto de la consulta, sobre los artículos II- 111 y II- 112, que forman parte de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La tercera cuestión planteada por el Gobierno afectaba al artículo 93 de la Constitución, que establece como vía para autorizar la celebración de tratados internacionales la aprobación por las Cortes de una ley orgánica. El TC considera que este precepto es base suficiente para la prestación del consentimiento del Estado al Tratado por el que se establece la Constitución europea. La solución que el TC da a las tres primeras cuestiones- -no hay contradicción y no hace falta la reforma- -hace innecesario contestar a la última, con la que el Gobierno preguntaba cuál era la vía adecuada para modificar la Constitución española. Allanar el camino La decisión del Constitucional- -vinculante para el Gobierno- -supone un importante espaldarazo para José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha querido colocar a España en la sala de máquinas del buque europeo al fijar la fecha del referéndum para el 20 de febrero. Ahora, el camino que conduce a la consulta popular- -España será el primer país de la UE en ratificar el Tratado- -está libre de obstáculos. El Gobierno, además, ha defendido en todo momento la tesis de que la Constitución española no necesita reforma alguna y si finalmente decidió elevar la consulta al TC- -acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 5 de noviembre pasado- -fue con el objeto de no abrir polémicas en torno a un asunto en el que necesita el apoyo del Partido Popular, con el que ni el Ejecutivo ni el PSOE mantienen buenas relaciones. La decisión del Tribunal gana aún más importancia si se tiene en cuenta que el escaso feeling que en noviembre había entre populares y socialistas es ahora prácticamente inexistente como consecuencia de la crisis abierta La Sala Penal del TS debate si su presidente debe participar en todos los procesos a aforados N. C. MADRID. Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo debatieron ayer si el presidente de la misma- -uno de los cargos que será renovado en enero por el Consejo General del Poder Judicial- -debe participar siempre- -como ocurre ahora- -en la toma de decisiones que afectan a los aforados. Fuentes del Tribunal explicaron que tras la deliberación no se llegó a una decisión concreta, pues no hubo acuerdo entre los magistrados, y el asunto quedó en suspenso al menos hasta la renovación de la presidencia de la Sala. El debate, suscitado a propuesta del magistrado Andrés Martínez Arrieta, tiene una gran trascendencia para el funcionamiento de la Sala Segunda, pues las causas que afectan a aforados- -las denominadas causas especiales- -son siempre delicadas por su repercusión política. De ahí la prudencia con la que los magistrados abordaron ayer el debate. Fuentes de la Sala Segunda indicaron que hubo empate entre los partidarios y los contrarios a esta propuesta, cuya aprobación corresponderá en última instancia a la Sala de Gobierno del Supremo y no a la Sala Segunda. Asimismo, hubo dos magistrados que opinaron que la revisión del papel del presidente de la Sala no debe afectar sólo a su intervención en las causas especiales sino a su participación en todos los procedimientos. El actual presidente, muy próximo a su jubilación, prefirió abstenerse en las votaciones. Según los partidarios de la reforma, obligar al presidente a entrar en los turnos para formar sala- -como ocurre con el resto de los magistrados- -limitaría la carga política que lleva siempre aparejada el nombramiento de este cargo. Es decir, dejaría de ser un puesto goloso y evitaría incómodas etiquetas sobre el magistrado finalmente elegido para el puesto. También defendieron que se cambien las atribuciones del presidente de la Sala antes de que se produzca el relevo- -el CGPJ podría nombrar al nuevo presidente de la Sala Segunda el 14 de enero- -con el fin de evitar que se quiera relacionar la propuesta con una determinada persona y no con el cargo en sí. Si en este asunto los magistrados no fueron capaces de adoptar una decisión, sí lo hicieron con otra de las propuestas sometidas a debate. Así, a partir de ahora las salas que se encarguen de admitir o inadmitir los asuntos que afecten a aforados estarán formadas siempre por cinco magistrados. Hasta ahora eran tribunales de tres magistrados y, por decisión del presidente y en función de la complejidad del asunto, podían ser de cinco. La propia naturaleza de los casos hacía que lo habitual fueran las de cinco.