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ABC LUNES 13 12 2004 Sociedad 51 Medio Ambiente a sentencia del Tribunal Constitucional reconociendo al Estado únicamente facultades para legislar lo básico del asunto ambiental, y no para retener la gestión de dicha legislación en lo tocante a los Parques Nacionales, presagia sin duda un futuro incierto para estos espacios, y singularmente para Picos de Europa, único con superficie en tres Comunidades Autónomas. Las consecuencias de este pronunciamiento, que el tiempo dirá si acabarán alcanzando también a las demás materias ambientales sobre las que el Estado conserva aún poderes de gestión (costas y aguas interiores que atraviesan más de una Comunidad, al cuidado del Ministerio de Medio Ambiente, órgano en riesgo de notable vaciamiento de su actividad) animan a una detenida reflexión acerca de la idoneidad de la recién proclamada gestión autonómica exclusiva sobre los Parques Nacionales, y, sobre todo, sobre la delicada situación que deja a nuestro primer parque declarado por Ley. Partiendo de la orientación de la sentencia, tanto la planificación de los trece Parques Nacionales, como su organización actual a través de fórmulas de cogestión entre Estado y Comunidades, deben estimarse materias ajenas a la actuación estatal, a salvo los procedimientos formales de aprobación y el debido acatamiento a la legislación básica reguladora de estas zonas. Ahora bien, el supremo intérprete podría haberse detenido en este concreto punto en la propia singularidad de los Parques Nacionales, cuya preservación es formalmente declarada por Ley de Cortes como de interés general de la Nación al albergar un patrimonio natural representativo de los principales sistemas ecológicos españoles. A diferencia de los restantes espacios protegidos, como los Parques Naturales, de titularidad autonómica antes y ahora, los Parques Nacionales gozan de un elemento definidor derivado de su originalidad y particularidad, elementos que desbordan las bondades de cualquier otro espacio a proteger. Justamente el criterio diferencial entre un Parque Nacional y uno Natural radica en dicha relevancia y excepcionalidad, al igual que acontece con el Museo del Prado, de titularidad estatal pese a radicar en la Comunidad de Madrid, y los diversos museos de arte diseminados por las distintas regiones, sumamente estimables pero nunca parangonables con la bien llamada pinacoteca nacional. Por esta razón, de especial interés resultará a partir de ahora discernir cuándo estamos ante las dos clases de Parques que contempla nuestra legislación, los Nacionales y Naturales, como quiera que, al margen del procedimiento formal de declaración de uno u otro (Ley de Cortes o Autonómica) al fin estaremos hablando del mismo espacio en la práctica, máxime en el supuesto de aquellos Parques Nacionales que radican en su integridad en un mismo territorio autonómico. Con todo, el problema más delicado de la futura retirada de la Administración del Estado del sistema de gestión actual en los Parques Nacionales, radica en su ausencia en aquellos ubicados L PARQUES NACIONALES, UN FUTURO INCIERTO JAVIER JUNCEDA Dtor. Área Derecho Administrativo. Universidad Internacional de Cataluña en más de una Comunidad Autónoma, como sucede hoy en Picos pero puede suceder mañana en otros lugares, dejando en las exclusivas manos de las respectivas Consejerías de Medio Ambiente tanto las Comisiones mixtas de gestión, los patronatos o la designación de los directores- conservadores. En relación con este tema, el Tribunal Constitucional no ha acertado a descubrir en la antaño benéfica, y hoy malhahada cogestión consagrada dicho sea de paso por la previa sentencia 102 1995 del mismo órgano, el instrumento idóneo para resolver los problemas y plasmar el principio constitucional de coordinación, optando en cambio por un modelo de relación entre Comunidades que dependerá, usualmente, de las relaciones de ma- yor o menor afinidad política que se mantengan entre ellas, por más que nuestro intérprete constitucional no ceje de apelar a la siempre imprecisa lealtad institucional. El tiempo, por tanto, dará o quitará razones a esta súbita alteración del marco institucional de los espacios naturales protegidos, una materia que, por cierto, lleva años consumiendo folios y más folios de pertinaz e incansable discusión sobre su estructura jurídica o política, sin que aún nos hayamos detenido en los efectos, no necesariamente provechosos, que en ocasiones provocan estas fórmulas de defensa ambiental en las poblaciones y las especies naturales mismas.