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4 Opinión LUNES 13 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO SERENA REACCIÓN FRENTE A LA AMENAZA A amenaza de bomba que ayer se anunció contra el estadio Santiago Bernabéu a través del diario Gara produjo el efecto propagandístico que buscaba. El desalojo de decenas de miles de aficionados, previa suspensión del partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad, con retransmisión en directo por las cadenas de televisión y radio, puso imagen a la capacidad intimidatoria de una amenaza telefónica, que cayó sobre campo abonado en una ciudad aún impactada por el macroatentado del 11- M y con memoria de las numerosas veces que los terroristas han elegido el estadio madridista o sus cercanías, bien para ejecutar sus atentados, como el 1 de mayo de 2002, bien para planificarlos, como la célula islamista desarticulada recientemente en la Operación Nova La decisión que tomaron las autoridades competentes fue la acertada, pues todos los datos apuntaban a una amenaza verosímil, y no había más opción que asegurar la integridad de los más de 70.000 aficionados, muchos de ellos seguidores vascos de la Real Sociedad. No era el momento de evaluar los riesgos de un desalojo, sino de realizarlo de la mejor manera posible. Y así se hizo, de tal manera, además, que la propaganda de esta amenaza terrorista también registrara la respuesta ejemplar de miles de ciudadanos. No hubo escenas de pánico colectivo, ni desatención a las indicaciones de la Policía. El desalojo fue ordenado y en tiempo breve, lo que debe también ser anotado en el reconocimiento al club madridista, que actuó eficazmente junto a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los autores de la amenaza consiguieron suspender el partido y condicionar a cientos de miles de ciudadanos madrileños, pero al mismo tiempo dieron ocasión de que la capital de GOBIERNO RADICAL AS últimas declaraciones de María Teresa Fernández de la Vega contra jueces y curas no deberían sorprender en el contexto de crispación y frentismo que fabrica el Gobierno. Sí son nuevas causas de indignación, no sólo en aquellos que han sido directamente vejados como tenebrosos e inmovilistas sino también en los millones de ciudadanos que se sienten identificados con la doctrina y la tarea que encarnan los sacerdotes y religiosos y en aquellos para quienes los jueces representan el imperio de la ley. Fernández de la Vega ha certificado el resentimiento que impregna la acción del Ejecutivo contra todas las estructuras sociales que no acatan los dictados del PSOE y sus aliados. Decir que la Judicatura y la Iglesia son los que se oponen a las reformas y a los avances pendientes es un alarde de ignorancia histórica inexcusable, pues nadie puede obviar la aportación que tanto los jueces como la jerarquía católica hicieron para el buen fin de la transición política. Fernández de la Vega, magistrada de profesión, tiene que excusarse por faltar a la verdad y aumentar de forma gratuita la discordia social. No va a ser ésta la legislatura pacífica y angelical que prometió Rodríguez Zapatero. El mismo Gobierno que legisla al asalto contra el poder judicial para reforzar la independencia de los jueces a renglón seguido les lanza la más grave invectiva jamás oída en boca de un miembro del Ejecutivo. El mismo Gobierno que quiere el diálogo planetario entre culturas y religiones para alcanzar la paz lanza en su propia casa una brutal injuria contra la Iglesia. Desde la instauración de la democracia, no ha habido un Gobierno de sesgo tan radical como éste. La falta de proyectos políticos claros e integradores está siendo sustituida por una agitación partidista continua, basada en la recuperación de los peores argumentos de una izquierda que ya no se ve en Europa. Un ataque de tal virulencia como el protagonizado por Fernández de la Vega es propio de quien carece de argumentos para concitar acuerdos. La explicación es cada vez más clara: éste es el verdadero rostro de un mal Gobierno, empeñado en disfrazar su insolvencia tras un ambiente de crisis social que le permita transferir culpas a otros. Tenebrosa es la política de un Gobierno que no está expuesta al control de los ciudadanos y del Parlamento, que se mueve a impulsos del chantaje de unas minorías extremistas y que esconde bajo la mesa las condiciones de sus acuerdos. Inmovilista es un partido que actúa como una izquierda anquilosada, con un lenguaje rancio, hostil y vejatorio para descalificar a instituciones fundamentales, cada una en su ámbito, para la cohesión social y el Estado de Derecho. Menos mal que el día anterior a producirse estas declaraciones aprobaron el Código del buen gobierno del Gobierno. L España volviera a demostrar su aplomo y serenidad en una situación de tensión terrorista. Madrid está en el centro de la diana del terrorismo, de cualquier terrorismo. El episodio de ayer, en el centro de la ciudad, demuestra que la seguridad colectiva no tiene límites y nunca son suficientes los esfuerzos que requiere, frente a una amenaza incesante e insaciable. El terrorismo busca exactamente lo que ayer consiguió con el desalojo del Santiago Bernabéu: propaganda gratuita, intimidación general y apariencia de capacidad operativa. Nada, sin embargo, que no se conozca de ETA y de cualquier otra organización terrorista: que están dispuestas a atentar en cuanto puedan y que no hay alternativa a su erradicación incondicional. El Estado tiene un deber de seguridad con los ciudadanos que ayer se cumplió correctamente y que ha de atenderlo sin descanso. Pero el desalojo del Santiago Bernabéu demostró también la importancia de la colaboración ciudadana y de la fuerza que puede llegar a alcanzar una respuesta social serena y ordenada ante un riesgo inminente. La amenaza logró su objetivo, pero sólo en parte, porque los ciudadanos madrileños evitaron el efecto de la histeria: no hubo avalanchas de aficionados, ni descontrol policial, ni más caos que el circulatorio. La amenaza sigue ahí presente, en cualquier momento y lugar. Una sociedad como la española, como la madrileña, tan agredida por los terroristas, tiene puntos frágiles por los que las amenazas se infiltran y agrandan, pero también está curtida y preparada para secundar la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y no premiar al terrorismo con su desmoronamiento cada vez que se la pretende doblegar. L CORTES DE GAS P REOCUPACIÓN relativa ha manifestado el vicepresidente económico ante la posibilidad de que Enagás pueda cortar desde hoy el suministro a algunas grandes compañías. Su juicio no parece compartido por la opinión pública, que asiste inquieta a la posibilidad de nuevos apagones. El problema surge esta vez por sendas averías en el gasoducto del Magreb y en la nuclear de Ascó II, lo que ha provocado su parada automática y la puesta en funcionamiento de centrales térmicas y de ciclo combinado para dar satisfacción a una demanda de electricidad que alcanza estos días nuevos récords históricos. Se trata de dos incidentes que ponen de manifiesto una vez más la fragilidad del sistema energético español y su fuerte dependencia exterior, ya que importamos prácticamente todo el petróleo y el gas que consumimos. Pero hay también problemas en el marco regulatorio del gas. Hay indicios de que algunas comercializadoras no están suministrando gas al sistema por- que la tarifa vigente está muy por debajo del precio de mercado, ligado al del petróleo, y también de que Enagás ha rehusado comprar gas a alguna eléctrica que, como fruto de sus acuerdos internacionales, dispone de fuentes alternativas de abastecimiento y se lo han ofrecido lógicamente a precios de mercado. Se oyen algunas críticas a la gestión del sistema gasista español por su imprevisión e insuficiente política de inversiones, pero no cabe descartar tampoco que pueda haber intereses políticos empeñados en aprovechar la situación para conseguir un nuevo cambio personal en la dirección de una gran empresa española y facilitar las ambiciones de algún operador. El sistema energético está al límite y urgen decisiones valientes, descargadas de prejuicios ideológicos, documentadas técnicamente y negociadas ampliamente con el sector para dar un giro a la situación de vulnerabilidad que se desprende de los continuos incidentes.